Corrupción: ¿cuánto ha costado a los mexicanos y cuánto queda por cobrar?
Desde el 2001 la Secretaría de la Función Pública ha acumulado más de dos mil multas a empresas que incurrieron en falsedades, simulaciones y hasta dolo, sin embargo, a pesar de ser responsabilidad del SAT cobrarlas, muchas compañías siguen sin pagar
Linaloe R. FloresProveedores del Gobierno federal que cometieron actos de corrupción al competir por contratos o una vez que prestaron sus servicios, acumularon una deuda con el Estado mexicano de 886 millones 275 mil 250 pesos por sanciones económicas no pagadas entre 2001 y 2022.
La cantidad equivale a lo que destinó Grupo Carso para rehabilitar la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
También alcanzaría para cubrir 82 mil 359 días de hospitalización en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para no derechohabientes y es similar al presupuesto asignado para fortalecer los cuerpos policiacos en el país después de que el Congreso aprobó que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de seguridad pública hasta 2028.
Entre las irregularidades por las que estas empresas recibieron sanciones económicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que ahora se resisten a pagar destacan: incumplimiento de fechas, mentiras sobre sus obligaciones fiscales, registro de personal “fantasma” ante el IMSS, dolo y negligencia.
Al concluir el 2022, en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la dependencia se encuentran dos mil 126 sanciones económicas.
Las empresas que le deben más al Estado Mexicano
Hasta julio de este año, el monto era mayor; pero la SFP canceló la multa que en 2019 le impuso a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México por 543 millones 488 mil 615 pesos en cumplimiento de una sentencia del primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito.
Otra deuda que se quedó en el letargo es la amonestación para la Guardería ABC, donde en junio de 2009, un incendio le arrebató la vida a 49 niños y le causó heridas a otros 79, en una de las mayores tragedias de México. La empresa, hoy desaparecida, únicamente fue sancionada con 1 millón 644 mil pesos por “incumplimiento”.
También está la sanción para Constructora Cutsa, impuesta en 2014 por 1 millón 932 mil 230 pesos. Esta compañía incurrió en dolo cuando incumplió con la rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 20 y 26 de marzo de 2012 en Guerrero.
De 2004 data la multa para Limpieza y Fumigaciones Especializadas dedicada a la fabricación de artículos para aseo. Esta firma presentó una póliza de responsabilidad falsa en un servicio para la Secretaría de Educación Pública. La sanción fue por un millón 357 mil 200 pesos.
La multa más antigua, con fecha de 2001, es la impuesta a Alstom International que proporcionó información falsa en una licitación para vender transformadores.
Dos décadas después, Davinci Tecnología SA de CV no entregó de manera puntual algunas herramientas de corte como adaptadores y fresas de escuadrar que le encargó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Así se convirtió en la empresa con la multa –de 30 mil 804 pesos– más reciente por parte de la SFP.
Multas por corrupción, de la mayor a la menor
La multa más alta ante la SFP la tiene Savi Distribuidores SA de CV cuyo objeto social es la distribución de medicamentos: debe pagar 70 millones 99 mil 719 pesos por presentar documentación simulada en el concurso de un contrato con el IMSS.
Le sigue la de Asesoría y Consultoría en Software SA de CV por fallar en un contrato con la Procuraduría Federal del Consumidor. La penalización asciende a 24 millones 963 mil 200 pesos.
La tercera más grande la ostenta Comercializadora Grupo Kabanda por nueve millones dos mil 935 pesos por irregularidades en los requisitos exigidos en la convocatoria y la simulación del servicio.
Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la SFP está obligada a imponer multas a las empresas infractoras y el Servicio de Administración Tributaria a realizar su cobro.
Mientras no sea saldada o haya una sentencia judicial que la anule, la sanción aparece en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SFP. Cuando la empresa recurre a amparos es posible que el pago de la amonestación caiga en un rezago de años.
En el periodo en el que las multas se acumularon en la SFP han gobernado cuatro Presidentes: dos fueron postulados por el Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012); uno por el Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto (2012-2018), y el actual, por Morena, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Cada uno, con su estilo, propuso planes para combatir los índices de corrupción en México. Pero el directorio de la Función Pública es una muestra de cómo las prácticas irregulares persisten.
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