En México el 88.3 por ciento de la población percibe o cree que los servidores públicos abusan de sus funciones para obtener algún beneficio personal, de acuerdo a una encuesta publicada por el Inegi.
En ese marco, en el Senado se discute la elección del nuevo rector de la Fiscalía Nacional Anticorrupción.
Aún sin haber elegido al fiscal que dependerá del procurador Jesús Murillo Karam y será quien trate de evitar delitos que impliquen corrupción en el servicio público, la población nacional considera a este mal como uno de los tres principales problemas que más le afectan y percibe que la frecuencia de estas prácticas es alta.
Las cifras corresponden a “percepciones” de consumidores de servicios públicos, y la estadística es resultado de lo que ellos pueden atestiguar al ser propiamente víctimas o solo haber escuchado que alguien ha sufrido algún hecho de corrupción, como el soborno.
El trabajo que enfrentará el nuevo fiscal, que llegará con mínimos requisitos de exámenes y credenciales profesionales entre 33 inscritos, será tratar de reducir la cifra de 12.1 por ciento de mexicanos que aseguró haber sido víctima de un acto de corrupción.
Este número es solo un poco más baja que el 12.5 por ciento que sufrieron delitos comunes como el robo en la calle o transporte público.
El 47.6 por ciento de los encuestados cree o ha escuchado que existe corrupción, lo que indica que la percepción es mucho mayor que la realidad de hechos comprobables, o experiencias propias.
Sin embargo, en el caso de que la cifra pareciera baja, según la ENCIG, es similar a los países balcánicos que han tenido dificultades para ser bienvenidos a la comunidad europea por sus altos índices de corrupción.
En el Índice de Percepción de la Corrupción que publica la Transparencia Internacional, Bosnia y Herzegovina ocupan el lugar 72 entre 175 países evaluados y México está en un desventajoso 106, un poco por encima de República Dominicana, Haití, Honduras y Guatemala en Latinoamérica.
Entre los estados en donde la percepción de actos corruptos es más alta es el DF con 95.3 por ciento, lo sigue Jalisco con 94.7 y Michoacán con 92.2 por ciento de corrupción.
Nuevo León obtuvo el 85.7, Guerrero 90.1 por ciento, Tamaulipas 82.3 por ciento y Sinaloa 90.5. Los estados con índices más bajos fueron Yucatán, Aguascalientes y Querétaro.
¿Quién será el zar anticorrupción?
Para antes del 15 de diciembre el Senado decidirá entre los 33 aspirantes entrevistados el lunes para el puesto de Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Los elegidos tuvieron que demostrar, en los pocos días disponibles, haber cumplido con los siguientes requisitos:
Ser mexicano por nacimiento con derechos activos. Mayor de 30 años, licenciado en derecho graduado cinco años atrás, nunca haber sido condenado por delitos dolosos, conocimientos en transparencia y rendición de cuentas y no haber trabajado durante los seis años anteriores en partidos políticos.
La convocatoria se realizó el 19 de noviembre, se hizo pública el 24 y tuvieron siete días hábiles para registrarse .
Sin embargo el Ejecutivo Federal podría impugnar la designación y se llevaría a cabo un nuevo proceso de selección, o podría declararse que no hay elegidos y regresar al proceso.
Los inscritos comparecieron 15 minutos ante las comisiones Anticorrupción y de Honor y Justicia, esta última presidida por Roberto Gil Zuarth, señalado por permisos irregulares a casinos en el calderonismo.
En medios cuestionaron la forma poco transparente y apresurada para un cargo de compromiso social para combatir la corrupción de los mismos servidores que lo colocaron.
En los perfiles de algunos contendientes se observa relación con la PGR y con el PAN al haber desempeñado puestos durante dos sexenios panistas.
Los candidatos
Los senadores a cargo de las comisiones deAnticorrupción y Derecho entrevistaron a los 33 inscritos para al puesto de Fiscal Anticorrupción. A continuación algunos de los candidatos y su trayectoria.
> Mauricio Moreno Vargas
Magistrado en el Estado de México, fue denunciado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por amenazas contra una persona a la que representó en un divorcio según averiguación previa FMH/URI/MH-5/T3/344/13-08 por el delito de amenazas, según publicó Milenio en 2013.
> Bernardo María León Olea
Fue jefe de la Unidad de Proyectos para la Innovación en la Oficina de la Presidencia de la República con Vicente Fox. Secretario Técnico del Comité de Competitividad en el Senado y asesor independiente.
> José Adrián Puig Márquez
Hasta 2012 titular de Quejas de la Secretaría de la Función Pública.
> José Marco Romero Silva
Según su Linkidin es fontanero de Petróleos Mexicanos. Ejerce en su despacho como experto en defensoría del servidor público ofreciendo “trato digno y justicia expedita para el servidor público”.
>Antonio López Ramírez
Director operativo de la Comisión General de Investigación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR).
> Américo Irineo Meléndez
Director de Averiguaciones Previas en la Fiscalía Central del Gobierno de Jalisco desde septiembre de 2013. Durante la gestión de Fernando Canales como gobernador de Nuevo León (1997-2003) fue director de la Policía Judicial de Nuevo León y agentes bajo su mando fueron acusados de abusos, por lo que fue cesado después de la muerte de un detenido supuestamente torturado, según publicó Milenio Jalisco en 2013.
> José Luis Chávez García
En 2009 fue procurador general de Justicia Militar y delegado de la PGR en Baja California, en donde denunció que trataron de sobornarlo para trabajar a favor del narcotráfico. Fue reconocido por Janet Reno por el intercambio de información, al igual que por el Sheriff Department County of Los Angeles por la destacada colaboración con las autoridades estadounidenses.
> César Alejandro Chávez Flores
Abogado, socio de Aldaz & Chávez S.C., despacho jurídico especializado en contrataciones gubernamentales. Trabajó en la PGR, Pemex y SFP. De 2012 a 2013 fue responsable de las sanciones impuestas a licitantes, proveedores y contratistas.
> Ricardo Vázquez Contreras
Fue candidato a la titularidad de CNDH y recibió apoyo del Instituto Nacional de Derecho Marítimo por nunca haber sido servidor público.
> José Guadalupe Medina Romero
Se desempeñó como director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal del 5 de diciembre de 2012 hasta el 15 de junio de 2014. Actualmente no ostenta cargo en el servicio público. Académico y catedrático, ha publicado artículos en la Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM.
> Victoria Pacheco Jiménez
Como funcionaria de la PGR estuvo en el proceso del caso Tres Marías, señalada por los agentes detenidos como colaboradora de la autoridades norteamericanas en la investigación. A cargo del caso de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa baleados en la Autopista del Sol en 2012, por lo que fue cuestionada.
> José Fernández de Cevallos y Torres
Académico familiar de Diego Fernández de Cevallos, doctor en derecho con la tesis “Blanqueo de capitales y principio de lesividad” publicada por la Universidad de Salamanca.
> Jorge Nader Kuri
Como secretario técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la PGR Inicia indagatoria a petición de senadores de la oposición contra legisladores que fueron funcionarios de gobernación en el periodo de Felipe Calderón.
> Juan Miguel Alcántara Soria
En 2011 fue secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el sexenio calderonista y fue responsable del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, por lo que enfrentó críticas de la oposición, encabezada por el PRI, que cuestionaban los resultados.
> Antonio Sam Baez
Ha tenido diversos puestos desde 1997 en la función pública de Baja California y la PGR.
> Laura Patricia Luna
Funcionaria en la PGR en la dirección de Infraestructura Jurídica.
> Marco Antonio Medrano Cruz
Es asesor en anticorrupción en su despacho jurídico y hasta enero de este año director de Asuntos Penales en la SFP.
> Ángel Buendía Buendía
Fue durante el sexenio de Calderón, Visitador General en la Dirección General de Delitos Cometidos
por Servidores Públicos de la PGR, cuestionado por su cercanía con el exprocurador Rafael Macedo de la Concha. Como presidente del Consejo Nacional de Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México encabezó un reconocimiento a la entonces procuradora Marisela Morales por su calidad humana, sensibilidad, talento y capacidad profesional.
> Rafael Estrada Michel
Nombrado por Calderón director General del INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales) aún continúa en su puesto y es académico miembro del Consejo de Investigadores de Conacyt .
> Alfredo García Guerra
Investigado en 2007 por la Procuraduría General de la República (PGR) como director general de Control de Procesos al inicio del gobierno de Felipe Calderón, acusado de no ser licenciado en derecho, sino contador, y ser coordinador administrativo de la Dirección General de Control de Procesos Penales de PGR., según publicó el diario La Jornada.
Principales preocupaciones
Percepción es realidad
> 70.4%
Inseguridad y delincuencia
> 51 %
Desempleo
> 48%
Corrupción
> 39.3%
Pobreza
> 30.8%
Mal desempeño del gobierno
Fuente:INEGI
