Luego de los presuntos delitos fiscales cometidos por el empresario, Gerardo Sánchez Zumaya, la Iniciativa Privada en San Luis Potosí le exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar con urgencia y contundencia frente a las evidencias presentadas. De acuerdo con una investigación del Reforma, el sospechoso habría operado una red de factureras para obtener contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que ha generado un fuerte revuelo en la opinión pública.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la entidad, Luis Gerardo Ortuño, expresó su preocupación e instó a las autoridades a no permanecer inmóviles ante dicho escándalo. “Lo que pedimos es que se vea la mano de las autoridades, sobre todo de las correspondientes, y que no se queden calladas o cruzadas de brazos”, aseveró.
El líder empresarial subrayó la importancia de que, si las pruebas de los delitos fiscales son contundentes, la FGR debe proceder con el debido castigo a los responsables. De igual forma, criticó abiertamente la falta de control y supervisión en Pemex, ya que habría permitido a empresarios como Sánchez Zumaya operar redes ilícitas sin enfrentar consecuencias.
La Iniciativa Privada en San Luis Potosí exigió a la Fiscalía General de la República actuar con celeridad y contundencia frente a las evidencias de presuntos delitos fiscales cometidos por el empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, quien, según una investigación del diario… pic.twitter.com/YmrLhjEHRJ
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 20, 2024
Cuestiona los recortes propuestos en el Presupuesto 2025
El llamado de los empresarios potosinos no se limitó solo al caso de Sánchez Zumaya, también al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025; cuestionó los recortes propuestos impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Según el dirigente empresarial, los recortes a sectores clave como Salud, Universidades y Medio Ambiente son preocupantes y podrían tener consecuencias negativas en la estructura del país. “La situación ya es crítica en sectores como la salud pública, y estos recortes solo reflejan una falta de sensibilidad y visión a largo plazo”, advirtió.
Ortuño concluyó que tanto el caso de Gerardo Sánchez Zumaya como las decisiones presupuestales del nuevo gobierno representan un golpe a la confianza del sector empresarial. En este sentido, exigió claridad, justicia y responsabilidad por parte de las autoridades federales en la gestión pública, con el fin de evitar que situaciones como estas socaven aún más la credibilidad en las instituciones.