Aunque coincide con la visión del gobierno electo en cuanto a la importancia de promover la descentralización y fomentar el desarrollo regional, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señala que el proyecto de cambio de sede de las dependencias del Gobierno Federal, enfrenta importantes inconvenientes.
Es por ello que hacen un llamado al presidente electo y a su equipo “para que se analice con rigor técnico, de forma multidisciplinaria y con un amplio escrutinio público, los factores en favor y en contra de proceder con la pretendida reubicación, tomándose la decisión que mejor convenga al país”.
Un primer gran inconveniente a tomar en consideración sería el referente al tiempo y costo, ya que tomando en cuenta el traslado del Inegi a Aguascalientes, Coparmex advierte que en un sexenio sería prácticamente imposible mudar las 31 secretarías y dependencias que se ha mencionado como iniciativa.
“El proceso de traslado, si se ejecuta con el debido análisis para justificar con criterios técnicos la medida, la planeación del proceso, la preparación de los espacios adecuados para la prestación de los servicios gubernamentales, y el traslado ordenado del personal de base, respetando sus”.
Además, la organización patronal señala que de concretarse la propuesta, habría que considerar los costos de construir o arrendar nuevos espacios, y sobre todo, los costos emergentes pero constantes de operación que implicaría para el Gobierno Federal la dispersión de sus actividades, lo que convertiría a la descentralización en ‘uno de los proyectos más onerosos en la historia de la administración pública del país’, que no se traduce en infraestructura estratégica como carreteras, escuelas, puertos u hospitales, sino en edificios para el gobierno.
“Esta iniciativa de reubicación de las dependencias federales, parece contradictoria a las medidas que se emprenderán para eficientar el gasto público federal, y podrían incluso neutralizar los ahorros”, señala el posicionamiento de Coparmex.
Además, el organismo empresarial cuestiona otros inconvenientes como la selección de los inmuebles en que operarán las dependencias, ya que, aunque el gobierno federal cuenta con inmuebles, éstos no cumplirían con las características necesarias para albergar una dependencia federal (precisamente esa es la razón por la cual se encuentran desocupados).
De tal forma que quedaría la opción del arrendamiento de espacio, la cual deberá cumplir no solo con los lineamientos de austeridad del nuevo gobierno, sino con las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.
Asimismo, Coparmex señala el riesgo de una posible fuga de capital humano, ya que debido al desplazamiento de trabajadores que de las dependencias que tienen su vida hecha en la Ciudad de México, estos podrían optar por separarse de sus funciones.
“El solo cambio de adscripción, implicaría que muchos mandos medios, equipos técnicos especializados, y servidores públicos de carrera, cuyo talento en un verdadero activo del Gobierno Federal, decidan separarse de sus funciones”.
Además, el organismo considera que no se está tomando en cuenta a los cónyuges de los funcionarios, quienes al mudarse a otra ciudad perderían los derechos adquiridos en sus actuales empleos, y podrían además enfrentar una gran dificultad para encontrar trabajos similares en otras ciudades donde no necesariamente existe la oferta suficiente y especialidad de los trabajos que se demandarían.
A todo ello habría que sumar que el desplazamiento que provocaría la reubicación de las dependencias federales, requiere de una planeación estratégica e inversión en infraestructura de las ciudades receptoras, con el fin de garantizar a los servidores públicos reubicados y sus familias, condiciones adecuadas de vivienda, transporte, educación y salud.
Por último, Coparmex señala que no obstante el gran esfuerzo financiero y operación al que realizaría el Gobierno Federal para llevar a cabo el cambio de ubicación de las oficinas de sus principales dependencias fuera de la Ciudad de México, los efectos serían marginales.
“Los trámites seguirán siendo los mismos, solo que las gestiones tendrán que ser realizadas ahora desde un lugar distinto, donde de ordinario, la comunicación y acceso será más compleja y costosa que en la Ciudad de México”.
Es por todo esto, que a juicio de Coparmex, para eliminar el centralismo, antes de pensar en un traslado, es necesario implementar otras medidas como la eliminación y simplificación de trámites, el traslado de facultades a las unidades regionales y la inversión tecnológica, entre otras.
