Candelaria Ochoa Ávalos es otra funcionaria más que deja su cargo en el Gobierno federal durante la pandemia de COVID-19. En menos de un mes, organismos que atienden la problemática de género como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se quedaron titular.
Aunque lamentan la salida de Ochoa Ávalos, asociaciones civiles piden a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), una convocatoria abierta para elegir a la próxima comisionada de la Conavim. En un pronunciamiento, la Red Nacional de Alertistas (RNA) hizo la petición y la Red Nacional de Refugios (RNR) se unió a esta solicitud.
En entrevista con Reporte Índigo, Maricruz Ocampo, activista de la RNA, menciona la importancia de la independencia entre la Conavim y la administración actual que podría lograrse a través de una designación transparente.
Wendy Figueroa, directora de la RNR, considera que la propuesta dirigida a Sánchez Cordero significaría un avance en la democracia y sería una forma de fortalecer a la Conavim.
“Si bien sabemos que es una competencia de la Secretaría de Gobernación designar a la titular, creemos que es importante hacer cambios sustanciales y uno de los que desde la Red Nacional de Refugios consideramos es la convocatoria abierta”, expresa.
La intención es encontrar un perfil cercano a las mujeres víctimas y con una actitud de incluir a las organizaciones de la sociedad civil.
Preocupa salida de titular y recursos de Conavim
“Enhorabuena, eres un gran activo en esta Secretaría de Gobernación y vas a hacer un papel importantísimo en esta nueva responsabilidad”, le dijo Olga Sánchez Cordero a Candelaria Ochoa Ávalos en su toma de protesta como titular de la Conavim en marzo de 2019.
Quince meses después, la Segob informó en un comunicado que la comisionada presentó su renuncia el 30 de junio de este año. Ochoa Ávalos ha declarado que su baja no fue voluntaria, sino solicitada por la responsable de la política interna del país.
Organizaciones civiles como la RNA y la RNR señalan en sus pronunciamientos la preocupación por el desmantelamiento de instituciones que protegen y promueven los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, la salida de Mónica Maccise de Conapred y de Mara Gómez Pérez de la CEAV; por otra parte, la renuncia de Asa Cristina Laurell a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud (SIDSS).
“No solamente es la renuncia de ella, a quien admiro, también la de Mónica Maccise, que son dos mujeres que han tenido trayectoria y compromiso. Tan solo en un mes, cuatro mujeres renunciaron a instancias importantes”, enfatiza Wendy Figueroa.
Maricruz Ocampo hace hincapié en que el plan de trabajo de la excomisionada tenía como objetivos principales la actualización del Banco Nacional de Datos contra la Violencia y un programa contra esta, la apertura de Centros de Justicia y las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
“Nos parece preocupante, sobre todo considerando a Candelaria como una mujer de lucha, académica que se destacó por su labor en el estado de Jalisco, que no haya tenido el respaldo que se requiere para algo tan importante, como las alertas de género, que son obligación completa de la Conavim”, lamenta.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declaró AVGM en municipios de 19 entidades y su desmantelamiento también afectó a siete de estos estados. En febrero de 2020 lanzó una convocatoria para acceder a subsidios federales; en marzo aprobó montos para los 16 solicitantes. Pero el 29 de junio, un día antes de la salida de Candelaria Ochoa, la Segob retiró el apoyo al Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Zacatecas.
“No se asignan los presupuestos suficientes. Se ha pretendido usar a las alertas como herramientas políticas para golpear gobernadores y ese no es el propósito. Se requiere una reestructura para que surta efecto”, afirma Maricruz Ocampo.
A través de comunicados, la RNA y las diputadas Laura Rojas, Verónica Juárez, Lorena Villavicencio, Martha Tagle y Lourdes Sánchez pidieron a las autoridades entregar los recursos. Las congresistas advirtieron que de no hacerlo se estaría violando el artículo 58 de la ley presupuestaria.
“Hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que en apego a las disposiciones aplicables en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no se reduzcan los recursos del Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, menciona el documento de las legisladoras.
Por ello, redes nacionales como la de Alertistas y la de Refugios exigen la evaluación del desempeño de la próxima titular y la consideración de organizaciones solicitantes de las alertas de género, sobre todo ante la reducción de apoyos gubernamentales.
“Hasta ahora hemos visto un abandono a la evaluación del mecanismo. Se fracturó esta colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, no existen indicadores de cumplimiento para verificar el avance de la implementación de las medidas declaradas en cada estado, tampoco hay métricas que nos permitan identificar los obstáculos”, dice Wendy Figueroa.