“Es una mesa de trabajo donde invito al auditor a fin de que nos pueda dar elementos, porque nos manda una montaña de documentos y con los tiempos tan recortados, tan ajustados, tenemos que determinar”
El delegado de la Sedesol en Nuevo León, Pablo Elizondo, comparecerá el próximo lunes ante diputados y la Auditoría Superior del Estado.
Se definirá si está sustentada la denuncia penal recomendada por el órgano fiscalizador, por la instalación de una gasera irregular en Montemorelos.
El presidente de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, Juan Antonio Rodríguez, decidió aplazar la interposición de las querellas hasta la reunión con el exalcalde de ese municipio y los exediles priistas de Allende, Linares y Cadereyta, quienes están sujetos a procesos similares.
El líder de la bancada de Nueva Alianza precisa que el encuentro no es un careo, sino una mesa de trabajo entre las partes involucradas, en la que se contará con la presencia del auditor del Estado, Sergio Marenco.
“Si no quieren venir, que no vengan, yo los estoy invitando”, comenta.
“Es una mesa de trabajo donde invito al auditor a fin de que nos pueda dar elementos, porque nos manda una montaña de documentos y con los tiempos tan recortados, tan ajustados, tenemos que determinar”.
Reporte Indigo publicó este miércoles que por la instalación irregular de una estación de gas, durante el trienio de Elizondo, la Auditoría Superior sugirió la interposición de denuncias penales por el ejercicio indebido de funciones de los servidores públicos implicados.
El establecimiento incumple con la distancia mínima de resguardo de 100 metros, medidos desde las tangentes de los tanques de almacenamiento hasta las viviendas más próximas, como marca la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.
El órgano fiscalizador observó esta anomalía durante la revisión de la Cuenta Pública 2012, pero un grupo de vecinos ya había denunciado desde el año pasado la ilegalidad ante el Ayuntamiento de Montemorelos.
El negocio tampoco cuenta con un dictamen de Protección Civil del Estado que acredite el cumplimiento de sus medidas de seguridad, como lo confirmó el director de esa dependencia, Jorge Camacho.
El funcionario estatal corroboró eso en la respuesta a una solicitud de información de un ciudadano, en donde reveló la inexistencia de ese requisito.
El diputado Juan Antonio Rodríguez, sin embargo, dice que todavía hay dudas, porque según él, las medidas de los auditores en una inspección ocular no fueron precisas.
“Hay un acta donde el Jurídico del Municipio firmó con responsiva, no estamos de acuerdo porque las medidas no fueron tal y como se especificaron”, indica sin ahondar en más detalles.
Las cuentas públicas que analizará la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal son de cuatro gobiernos emanados del PRI, y el Legislativo tiene hasta el próximo lunes 18 de noviembre para definir si se interpondrán las acciones legales.
Rodríguez descarta que las comparecencias de los exalcaldes tricolores atrasen este procedimiento y de que exista alguna negociación entre partidos políticos.
“En lugar de leer tanta papelería que nos manda (el auditor), porque son cuatro municipios, pues que él venga y, de ser posible, también las partes que están involucradas en el asunto, a fin de que nosotros tengamos más elementos”.
El Congreso local toma como base la fecha en que se entregaron los informes a las comisiones correspondientes y, a partir de un periodo de 15 días, el Pleno determina si proceden las denuncias penales, como marca el Artículo 48 de la Ley de Ficalización del Estado.
“Tengo una semana más para que la Comisión determine, ahí los términos están ajustados”, asegura el diputado.
Rodríguez adelanta que la mesa de trabajo se llevará a cabo el próximo lunes a las 16:30 horas en el primer piso del Congreso de Nuevo León.