Convenio en lo oscurito

El Dragon Mart acecha tierras mexicanas para instalarse en el estado bajo el proyecto “Capital de las Ciencias”, con un convenio firmado entre China y Jalisco clasificado como confidencial.

En el marco de la decimotercera edición de México Cumbre de Negocios, realizada el pasado 27 de agosto, el Gobierno de Jalisco firmó un convenio de “entendimiento para el desarrollo de estudios de viabilidad para la construcción de un parque industrial” con la unidad estatal China Communications Construction Company Limited (CCCC).

Sin dar más detalles sobre el proyecto y contenido del convenio, el Gobierno estatal anunció que éste atraería ingresos extranjeros para Jalisco.

También señaló que el trato enmendaría relaciones con inversionistas asiáticos luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) canceló un Dragon Mart en Quintana Roo en enero del 2015.

De acuerdo con las versiones anónimas de funcionarios públicos, registradas por el diario El Universal, el convenio está diseñado para encontrar el lugar idóneo para establecer el parque industrial y dos viajes por parte del ejecutivo estatal a China.

Dicho “lugar idóneo” deberá ser un terreno de alrededor de 500 hectáreas, que de acuerdo con el Gobierno estatal se instalaría en Tonalá, y se pagaría un 50 por ciento por parte del estado y el otro 50 por ciento lo agregaría la estatal china.

A partir de la firma del convenio Reporte Indigo presentó una solicitud de transparencia ante la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco. 

Esta última dependencia envió el documento de un convenio distinto alegando que éste era el firmado por CCCC y el gobierno de Jalisco.

El sello de secrecía

La sorpresa llegó con la respuesta del director general de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, Fabián Villaseñor Rivera, que en el oficio UT.-1758/2015 señaló que el denominado ‘Memorándum de entendimiento’ estaba clasificado como confidencial y su contenido no podía ser revelado.

Pero la información no había sido clasificada como confidencial hasta que el reportero de este medio presentó la solicitud de información, como hacen constar los oficios intercambiados entre oficinas de la Secretaría General de Gobierno anexadas en la resolución del expediente 696/15.

De acuerdo con Villaseñor Rivera, el Memorándum de entendimiento establecía en su artículo siete una cláusula de confidencialidad en la que:

“…toda la información y documentación que cada parte reciba de la otra parte en relación al proyecto, incluyendo cualquier nota, correspondencia, resúmenes, análisis, compilación y otros documentos relacionados o basados en dicha información, tendrá el carácter de estrictamente confidencial”, describía Villaseñor en el oficio 1365/2015.

Y aunque en el convenio se establecía lo anterior, la Unidad de Transparencia (UTI) señaló al funcionario que ésta no era del todo válida, ya que quien debía hacer el trámite de clasificación de la información era la propia unidad y el Comité de Clasificación.

La respuesta de la UTI agregaba que de acuerdo al artículo 100, párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se estipula que “los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas”.

Por lo que la clasificación como confidencial, en el contenido del Memorándum, según el propio titular de la UTI, no representaba una confidencialidad legal frente a las leyes de transparencia del estado. 

Así que Miguel Vega Chávez, titular de transparencia, expresó que se debía clasificar el documento de forma inmediata, según da cuenta el oficio 1791/2015.

“este Sujeto Obligado se encuentra en la necesidad de una inmediata clasificación; para lo cual le solicito de la manera más atenta se sirva remitir a esta Unidad la justificación a través de la prueba de daño”, expresó Vega Chávez en el citado oficio.

Al dar respuesta a la UTI, Fabián Villaseñor hizo constar que en el artículo siete del Memorándum firmado ninguna de las partes podía hacer pública la información toda vez que esto implicaría el pago de daños. 

Es decir, el Gobierno del estado tendría que pagar un monto desconocido a la empresa china por entregar un documento público.

“Las Partes aceptan no revelar la información Confidencial que pueda ser entregada, en operaciones, transacciones, actividades, desarrollos y negocios fuera de la ejecución del estudio del Proyecto y/o su ejecución por las partes.

“Por lo tanto, las Partes se obligan a tomar medidas de seguridad para proteger dicha información contra la pérdida, robo o revelación inadvertida; así como extender esta obligación de confidencialidad a sus funcionarios y empleados”, agregaba el artículo siete.

La reserva por cinco años

El 19 de noviembre de 2015, nueve días después de haber sido presentada la solicitud de información y previo al límite de respuesta de la solicitud, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Comité de Clasificación de la Secretaría General de Gobierno y del Despacho del Gobernador, “con el fin de proceder a la clasificación de la información solicitada como de carácter confidencial y reservada”.

Bajo lo establecido en el artículo 21, numeral 1, fracción tres de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco y sus municipios, fue que el Comité determinó que al estar expresamente establecido en el Memorándum la confidencialidad del documento, éste quedaría como reservado por cinco años.

Por ahora la respuesta de la Secretaría General de Gobierno respecto a la confidencialidad del documento solicitado por este medio está bajo la revisión del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), bajo la dirección de la consejera presidenta, Cinthia Cantero Pacheco.

Y aunque las autoridades hayan negado la polémica que desató la llegada de la empresa estatal china a Jalisco, la confidencialidad del documento genera suspicacias sobre el contenido y proceso de un proyecto, que quedará “en lo oscurito” más años de los que le restan a la actual administración estatal.