Controversia por los efectos colaterales de la reforma al Poder Judicial

La facción política en el poder choca con la clase empresarial, el sector financiero y la representación del capital trasnacional, ante la iniciativa de impulsar una reforma al Poder Judicial mexicano; en medio de señalamientos que advierten un impacto negativo y profundo para la economía del país, de concretarse la modificación, y el cambio de perspectiva con la que jueces y magistrados han tomado las decisiones hasta el día de hoy.

Las tensiones políticas, diplomáticas y económicas en la recta final del sexenio obradorista no se hicieron esperar, ya que el aún mandatario cimbró a empresarios e inversores cuando presentó una iniciativa para que los representantes del Poder Judicial pudieran ser elegidos por voto popular; cuestión que luego de los resultados obtenidos en la pasada elección presidencial, figura como inminente.

Por ello, la discusión ha subido de tono, al grado de que la agencia calificadora Fitch Ratings advirtió que dicha propuesta podría “debilitar el perfil institucional de México”; una postura similar a la de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en el país, quien alertó que de aprobarse la reforma, el vínculo comercial que han construido ambos países se vería amenazado.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, justificó la medida al destacar que “Todo el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Aquí estamos hablando de la protección del Poder Judicial a los delincuentes de cuello blanco, nacionales y extranjeros, pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas o los jefes de las organizaciones criminales, domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco”.

Así, la modificación que permitiría la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la reducción del número de ministros, de 11 a nueve, y hasta la eliminación de las pensiones vitalicias dentro de ese sector, buscará impulsarse en el marco de una economía mexicana que ya perdió el dinamismo adquirido luego de la pandemia y con millones de dólares comprometidos a llegar al país producto del proceso de relocalización industrial.

Reforma al Poder Judicial, un impacto real

La forma en que se ha buscado llevar a cabo la reforma al Poder Judicial puede generar un impacto negativo en la economía mexicana al crear un entorno de incertidumbre jurídica que provoque un estado de indefinición por parte de los inversionistas y empresarios que desean colocar su capital dentro del país, pero ante el riesgo de que no lleguen a respetarse las condiciones en las que su dinero entraría a México, preferirían esperar a observar el desarrollo del entorno legal nacional una vez aplicada la modificación, explicó a Reporte Índigo, Gabriela Siller, directora de análisis económico en grupo financiero BASE.

“Lo primero que está en riesgo son las inversiones que podrían posponerse hasta ver cómo operan las nuevas reglas del juego en nuestro país; y luego están las empresas que ya operan en México y que están reinvirtiendo sus utilidades, que por cierto son el gran grueso de la Inversión Extranjera Directa, por lo que ese recurso económico también podría estar en juego; y por tanto la creación de empleo que se genera, además del efecto dominó que se crearía sobre el resto de la economía, si contemplamos las nuevas inversiones que se podrían frenar y la reinversión de utilidades, eso constituye cerca de dos por ciento del Producto Interno Bruto”, alertó la analista.

Al respecto, que la reforma al Poder Judicial prospere aumentaría la presión sobre un escenario mexicano que ya se ha visto afectado por cuestiones como una depreciación del peso ante el avance de la propuesta, además de las consideraciones negativas de grandes instituciones financieras como Bank of America o Morgan Stanley, por ejemplo.

El ‘verdadero’ motivo detrás del conflicto

El verdadero conflicto existente dentro de la controversia por la reforma al Poder Judicial radica en poder modificar la influencia que el gran poder económico nacional y transnacional ha tenido dentro de la toma de decisiones de dicho grupo de autoridades durante las últimas décadas, puntualizó a este medio Aníbal García, investigador del Observatorio Lawfare.

“Detrás del interés de la clase económica dominante de intentar establecer sus propios intereses a la población a partir de los medios de comunicación, y de reiterar de forma constante que es un atentado en contra del país, que se vulnera la democracia o que el país se convertirá en una dictadura; lo que están intentando encubrir son justamente los intereses que les permitió, incluso en el sexenio de López Obrador, seguir manteniendo los beneficios y ganancias que han obtenido”, según García.

La priorización de la iniciativa privada frente a la pública en sus decisiones, o plantear una postura adversa a la estrategia soberanista de la actual administración, han figurado como pruebas de que la neutralidad e independencia del Poder Judicial han quedado rebasadas por los intereses de la clase empresarial y financiera, que hoy defienden el último bastión que les queda, luego de perder el liderazgo político del país y hasta el Poder Legislativo, subrayó el investigador.

Ejemplo de Resiliencia, se puede prosperar pese a condiciones adversas

Que la actual administración genere modificaciones en las reglas no ha resultado impedimento para que, de una forma u otra,  grandes proyectos empresariales privados se consoliden; el caso de Constellation Brands ilustra la cuestión a la perfección.

Ante la propuesta de una reforma al Poder Judicial, la clase empresarial del país se manifestó en contra de dicha propuesta, al expresar que con esa modificación, México perdería certeza jurídica y crearía un ambiente de inversión adverso, que incluso podría incidir en perder la oportunidad de aprovechar la coyuntura del nearshoring, como lo han señalado representantes de dicho grupo.

“Nos preocupa que la reforma pueda vulnerar el Estado de Derecho y la administración de justicia en México. La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, además de otros convenios internacionales como los Tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”, alertó en un comunicado el Consejo de Empresas Globales.

Sin embargo, el antecedente de lo sucedido con la cervecera que la empresa Constellation Brands pretendía construir en Mexicali ha visibilizado que, más allá de los cambios de planes que se puedan generar,  aún existe la posibilidad de llevar a cabo negocios de gran magnitud dentro del país, como lo destacó a Reporte Índigo, Bernardo Martínez, vicepresidente de asuntos públicos de la empresa dedicada a la producción y distribución de cerveza.

“Cuando tienes tanta responsabilidad con la fuerza laboral y con tus inversiones, tienes que encontrar la manera de salir adelante; por eso, lo que nosotros hicimos fue que con nuestras plantas existentes, reforzarlas y aceptar el llamado que el país estaba haciendo, que era explorar el sureste”, destacó el directivo sobre cómo se adaptó la marca luego de la cancelación de su proyecto en el norte del país.

Así, por encima de la cancelación de su proyecto productivo original, la productora de la cerveza preferida por la población mexicana se alista para echar a andar una planta en el estado de Veracruz, que le permitirá atender con mayor eficiencia mercados en Estados Unidos con los que ya contaba, y demostrando así que México todavía resulta atractivo para inversionistas y empresas de todas partes del mundo.

Versiones encontradas y pugna entre legisladores

Tras el sismo político que generaron las declaraciones de los embajadores de Estados Unidos y de Canadá en México sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación en nuestro país, senadores de Morena y del PRI defienden sus encontrados posicionamientos.

“Respetamos su opinión, pero no vamos a hacer caso de ellas”, advierte el legislador de Morena Ricardo Monreal. En contraparte, la priista Claudia Anaya resalta que “desde un principio se advirtió que podría afectar la inversión extranjera en México”.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México opinó que la reforma que propone la elección directa de juzgadores es un riesgo mayor por que podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas, ahuyentando la inversión extranjera.

Al respecto, Anaya considera que la relación comercial entre los tres países sí puede estar amenazada por la reforma al Poder Judicial, además de que no fueron escuchadas las voces de constitucionalistas, barras de abogados y especialistas en el sistema judicial que estuvieron alzando la voz por meses.

La senadora opina que el presidente de la República lejos de molestarse, debe de escuchar que está generando mucha incertidumbre internacional.

Por su parte, Ricardo Monreal, líder del partido guinda en la Cámara alta, replicó el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, al recordar que, en algunos lugares de Estados Unidos los jueces son electos por voto directo de los ciudadanos; incluso, se eligen así alguaciles y hasta jefes de bomberos.

Destaca que la reforma al Poder Judicial tuvo algunos cambios y posiblemente tendrá otros, en el contexto de las críticas de Salazar.

“No admitimos ni aceptamos ningún tipo de intervención en la redacción de nuestras leyes, como tampoco intervenimos en la redacción de sus leyes. En Morena hemos decidido continuar con el análisis y con el diálogo sobre la reforma judicial”, concluyó