La hora de la controversia
Un grupo de legisladores del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano podrían hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional La Ley de Seguridad Interior, aprobada el pasado 15 de diciembre
J. Jesús LemusLa Ley de Seguridad Interior podría ser una ley que nació muerta.
El reclamo social y la organización de un grupo de legisladores del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, podrían hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declare inconstitucional, pese a su promulgación emitida por el presidente de la república el pasado 21 de diciembre.
Se espera que este lunes una representación de legisladores federales acuda ante la SCJN para presentar la controversia constitucional que busca dejar sin efecto la ley que fue aprobada apenas el pasado 15 de diciembre con el voto de 72 senadores, la mayoría de ellos del PRI y PVEM y algunos de la bancada del PAN y PRD.
La controversia que presenten los legisladores contra dicha ley no será la primera, ya el pasado 4 de enero el gobierno municipal de San Pedro Cholula, Puebla, presentó el primer recurso de inconstitucionalidad para la abrogación de la norma.
La citada ley se había propuesto desde el 13 de diciembre del 2016, por parte del senador panista Roberto Gil Zuarth, pero prosperó hasta el año pasado luego que 148 diputados de las bancadas del PRI, PVEM y PANAL, consideraron viable facultar al Ejército en las labores de seguridad pública, en suplencia de los gobiernos locales.
De acuerdo a la iniciativa que dio origen a la polémica norma, ésta se concibió con la intención de crear un marco jurídico que permita la actuación legal de los cuerpos del Ejército en su actuación como garante de la seguridad pública, tarea que viene realizando desde diciembre del 2006 cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la fallida “Guerra contra el narco”.
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De esa forma la Ley de Seguridad Interior se convierte en un mecanismo legal para que el Presidente de la República ordene el envío de tropas federales, no sólo del Ejército, sino también de la Marina y de la Policía Federal, a zonas específicas del país, cuando se considere la existencia de riesgo a la seguridad interna de la nación y que ello no pueda ser atendido por los gobiernos estatales y municipales.
La polémica ley se concibió con la intención de crear un marco jurídico que permita la actuación legal de los cuerpos del Ejército como garante de la seguridad pública
Esa posibilidad ha sido tomada por diversas organizaciones no gubernamentales, principalmente las defensoras de los derechos humanos, como una amenaza a la observación de las garantías individuales, con la posibilidad de que se legalice la militarización del territorio nacional con la sola instrucción del Presidente de la República.
Por esa razón organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidades (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestaron su rechazo a dicha ley, pero el reclamo no fue escuchado.
Frente contra la Ley
A fin de buscar la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, los 43 senadores que se opusieron a su aprobación conformaron un frente multipartidista para revertirla coordinado por la senadora independiente Martha Tagle Martínez, quien encabezará a los legisladores en la presentación de la controversia constitucional ante la SCJN.
“Creemos que la controversia habrá de prosperar, aun cuando la Suprema Corte habrá de recibir una fuerte presión por parte del Ejecutivo y del mismo Ejército”, dijo el senador panista Francisco de Paula Búrquez, integrante del frente, quien consideró que la referida ley es un atentado a la vida democrática del país.
Desde su punto de vista, esta ley -en la que él votó en contra- arranca la responsabilidad de los gobiernos locales en materia de seguridad pública, al suprimirlos de su función primaria de proteger a las familias, que quedaría ahora cargo de la Federación a través de las fuerzas armadas.
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El senador Búrquez consideró que la federación no puede discrecionalmente relevar la función de seguridad pública de los gobiernos locales, pues en el caso de los delitos de Delincuencia Organizada “hay una acción compartida” que no se puede solventar sólo con la actuación de las fuerzas federales de seguridad.
“No hay garantías para proteger a la población de los abusos que pudiera cometer el Ejército, toda vez que el Ejército no está diseñado para cuidar a las familias: ellos (los militares) están formados para la guerra”, dijo.
Le ‘echan montón’ a la Ley
El plazo perentorio para presentar recursos de inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior se vence el próximo sábado 20 de este mes, pero a la fecha la SCJN ya recibió el primero de este tipo: el gobierno municipal de San Pedro Cholula, de Puebla, fue el primero que acusó la contraposición de leyes.
En el documento presentado ante la SCJN, que fue entregado por el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, la síndico Esperanza Estela Chilaca Muñoz y el secretario del Ayuntamiento, Ignacio Molina Huerta, se establece que la ley en cuestión viola la autonomía municipal al tener que ceder eventualmente el mando de la seguridad local a una persona designada por el Presidente de la República.
En esta misma semana, según lo anunció la CNDH, esta instancia también estará presentado “un documento sólido, con argumentos y opiniones de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil”, para reclamar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, la que considera no resolverá los problemas de seguridad que vive el país.
En Sinaloa, un grupo de abogados integrados en la organización Abogados Unidos por Sinaloa, que encabeza Julio Sergio Alvarado Andrade, interpusieron un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, a fin de que la ley no se aplique en los 18 municipios de la entidad, por considerar que es violatoria a los preceptos de autonomía local que establece la Constitución.
El gobierno municipal de San Pedro Cholula, Puebla, fue el primero en presentar recursos de inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior
Lo mismo sucede en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Tabasco, en donde organizaciones civiles como el Consejo Nacional Ciudadano ha logrado presentar juicios colectivos de amparo para frenar la aplicación de la ley en los municipios de esas entidades.