Controversia en el CPC del sistema anticorrupción
Los aspirantes a la vacante en el Comité de Participación Ciudadana no tienen experiencia verificable en transparencia, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Legisladores consideran que la poca difusión, la nula participación y el conflicto de interés vician el proceso de selección
Jesús PadillaDe los 13 aspirantes a ocupar la vacante en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Nuevo León, ninguno cumple con el requisito de tener experiencia en la materia.
Los inscritos tendrían que haber entregado documentos verificables que acrediten su conocimiento en el tema de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción, con 10 años de trayectoria en estas áreas.
“Ser neoleonés y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, experiencia verificable en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción, poseer al día de la designación, una antigüedad mínima de diez años”, dice el requisito.
El abogado fiscalista, Alejandro Gómez Montemayor, quien está inscrito para la vacante del CPC, señala las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos para cumplir este ordenamiento.
“Lo que a mí no me parece bien en este proceso, como en el anterior, es que no hay personal que haya acreditado el requisito de demostrar contundentemente haber hecho una acción contra la corrupción y tener conocimiento de rendición de cuentas o transparencia. Por lo regular, las denuncias las presentan los diputados u organizaciones civiles, pero los ciudadanos normales nunca han presentado una. Aquí es muy difícil que un ciudadano pueda cumplir con ese requisito, porque los partidos políticos quieren poner a personas afines a su partido”, expresa Gómez Montemayor.
Todo apunta a que este proceso sería similar al anterior, donde cuatro integrantes de nueve no acreditaron tener amplia experiencia en temas de corrupción y ciudadanos presentaron una impugnación a través del amparo 830/2018.
Se trata de Juan Carlos Gastélum Treviño, funcionario del Gobierno estatal; Norma Juárez Treviño, quien trabajó en empresas del sector de ingeniería; Diego Arturo Tamez Garza, quien fungió como abogado en compañías privadas; Mauricio Alfonso Morales Aldape, quien trabajó en la empresa de medios de comunicación llamada Multimedios.
En el documento legal, del cual Reporte Índigo tiene copia, se estableció que los miembros del CPC no tenían experiencia en corrupción, fiscalización y transparencia. Este recurso fue firmado por Salvador Benítez, Carlos Alberto Vázquez Ferrel y Rodrigo Eugenio Ortiz Fernández el pasado 28 de septiembre de 2018.
Aún falta el nombramiento de un quinto integrante, por eso se abrió la convocatoria para un nuevo proceso de selección.
Gómez Montemayor considera que los actuales integrantes del CPC fueron elegidos con ventaja sobre otros.
“La vez pasada eligieron a los cinco miembros por encima de otros que tampoco tenían los conocimientos o acreditaron acciones en transparencia o acciones anticorrupción. Y bueno, vemos que los dados están cargados”, comentó el abogado.
Convocatoria del CPC viciada de origen
La diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, aseguró que la convocatoria para cubrir la vacante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Nuevo León ha sido un proceso viciado y amañado.
La emecista mencionó que Luis Gerardo Treviño, presidente del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción está inhabilitado para aprobar una convocatoria para la vacante del CPC.
“En este momento, solamente tenemos cuatro de los nueve integrantes del Comité de Selección que realmente podrían estar acreditados para haber lanzado la convocatoria para la vacante del CPC, porque de los nueve que había en el Comité de Selección, cuatro renunciaron y uno más está inhabilitado, Luis Gerardo Treviño”, detalló la funcionaria.
Saldívar indicó que el presidente del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción tiene un conflicto de interés.
“Fue síndico segundo del Consejo de Monterrey, él ya no puede aprobar la convocatoria porque tiene un conflicto de interés cuando fue funcionario porque tomó decisiones de licitaciones del municipio de Monterrey, eso puede ser materia del Sistema Estatal Anticorrupción”, alertó la diputada.
También criticó que a la convocatoria se le dio poca difusión y que no registró mucha participación de la ciudadanía.