Controlar los crímenes de odio
Congresistas del PAN y del PRD presentaron una serie de iniciativas para modificar el Código Penal Federal y tipificar todos los crímenes de odio en el país, sin embargo, especialistas consideran que esto no es suficiente; también se tienen que tomar medidas en contra de los discursos que promueven la división
Imelda GarcíaEn México el término crímenes de odio se asocia con agresiones en contra de las mujeres o de la comunidad de la diversidad sexual, sin embargo, lo cierto es que se cometen también contra otros grupos sociales. El problema es que no están considerados como delitos en la legislación mexicana.
Por ello, congresistas de Oposición buscan que todos los crímenes de odio se castiguen en el país.
Estos delitos se caracterizan porque el perpetrador actúa por el único motivo de que su víctima pertenece a un grupo social, piensa o actúa de determinada manera.
Y no se trata solo de aquellos que se cometen contra la comunidad de la diversidad sexual, sino por razón de ideología, raza, origen, religión, condición social o económica, entre otros.
La senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez, así como diputados del PRD, presentaron iniciativas para modificar el Código Penal Federal y sumar al catálogo de delitos los cometidos por odio.
En enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó tipificar el odio racial como delito federal.
El debate se acrecentó luego del atentado contra mexicanos en la tienda Walmart de El Paso, en Texas, que cobró la vida de 22 personas el 3 de agosto pasado.
A esto se suma el ambiente de división en el país, que fomenta los enfrentamientos —hasta ahora— en redes sociales.
Crímenes de odio sin seguimiento
En México no existe estadística alguna que se refiera a crímenes de odio que no sean los que se cometen contra la comunidad de la diversidad sexual
Al referirse a “crímenes de odio”, la primer relación que se hace es a asesinatos o ataques perpetrados contra la comunidad LGBT+.
En esos delitos, México ocupa un nada honroso segundo lugar en América, solo detrás de Brasil.
De acuerdo con un informe de la organización Letra Ese, en el sexenio pasado, por lo menos fueron asesinadas 473 personas de la diversidad sexual en el país; cada mes, 6.5 personas fallecieron a manos de perpetradores de un crimen de odio. De esos 473 asesinatos, 260 fueron cometidos contra mujeres trans.
6,5
Sin embargo, el resto de los delitos que se cometen por odio o discriminación no son registrados en el país. Nadie sabe cuántas personas son asesinadas por pertenecer a cierto grupo étnico, social, económico o por pensar de cierta manera. Esto porque no existe en la legislación actual ninguna clasificación delictiva para estos hechos.
Tipificar el delito
Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para modificar el Código Penal Federal y que queden tipificados como crímenes de odio los que se cometan contra las personas por razón de su ideología o su persona.
“Reconocer a nuestros congéneres y, en consecuencia, reconocerles derechos, implica comulgar con la idea de que todas las personas tienen dignidad y que ésta es intrínseca al ser humano, pues no depende de factores externos para subsistir. Vista así, la dignidad es uno de los fundamentos de lo que hoy conocemos como derechos humanos.
Para combatir y tratar de erradicar los crímenes de odio, legisladores tanto del PAN como del PRD presentaron dos iniciativas distintas para modificar el Código Penal Federal y que se enmarque en la ley los castigos por este tipo de agresiones
“La consecuencia natural del reconocimiento de la dignidad de la persona humana como fundamento de los derechos humanos fue el reconocimiento de la igualdad y del derecho a la no discriminación entre todos los miembros de la familia humana”, argumenta la iniciativa.
La propuesta es dar de dos a 10 años de prisión a quienes llevan a cabo actos de violencia contra las personas o su patrimonio por motivos de odio.
“Por razones de raza, origen, superioridad u odio racial, pertenencia étnica, religión, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, que atente contra la dignidad humana”, propone Gálvez.
También se pretende aplicar de dos a cinco años de prisión “a quienes de manera dolosa asistan, participen, colaboren, apoyen, dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente o en especie a otros” para cometer estos actos de violencia.
Habría prisión de uno a tres años a quienes difundan propaganda, ideas o manifiestos que promuevan la discriminación por cualquiera de las causales anteriores.
Todas estas penas se aumentarían en una mitad si el perpetrador es un servidor público en funciones.
Otra propuesta contra la discriminación fue presentada por la bancada del PRD en la Cámara de Diputados.
Los legisladores perredistas propusieron que se imponga una pena de prisión de tres a seis años si se comete el “delito de violencia en razón de odio racial”.
(Se castigará) a la persona que incite, financie o difunda ideas que atenten contra la dignidad humana o anulen o menoscaben el ejercicio de los derechos humanos de una persona o grupo de personas por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico
Estas dos iniciativas fueron enviadas a comisiones del Congreso, donde serán analizadas.
Evitar la división
La tipificación del delito de crímenes de odio y la instauración de penas de prisión no son suficientes para evitar que se den estas conductas.
Para Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el propio gobierno mexicano debe poner por delante una perspectiva de derechos humanitarios que incluya no solo políticas públicas, sino un discurso intolerante a la intolerancia.
Para que realmente se logre generar un cambio en cuanto a la comisión de los crímenes de odio, lo primero que se debe evitar es fomentar un discurso que promueva la intolerancia entre la ciudadanía por parte de las autoridades
“En un país que sufre su propia crisis de derechos humanos con altísimos índices de criminalidad, de mortalidad, el país que tiene el mayor número de feminicidios, más de 40 mil desaparecidos y hay condiciones para que los discursos de odio, de discriminación, permeen en la sociedad. De ahí la importancia de que las autoridades del más alto nivel, hasta el presidente López Obrador, tome con seriedad todo lo que dice.
“Hemos llamado la atención en contra de los periodistas, por ejemplo, pensando que no tiene un impacto, pero que después vemos cómo estos periodistas son atacados en redes sociales. Precisamente estos discursos de odio discriminatorios, muchas veces fascistas, van en escalada y generan situaciones de violencia”, expone Guevara en entrevista.
El estudio y la aprobación de los cambios legales para que se castiguen los delitos de odio será un avance, considera Guevara, pero no suficiente.
“Una legislación que reconozca que estas acciones son criminales, que tienen consecuencias, es un paso importante. Pero no solo se puede pensar desde la perspectiva punitiva, se tiene que pensar desde la perspectiva de derechos humanos, desde la responsabilidad estatal y generar condiciones para que segmentos de la población no sufran discriminación y pasen episodios de violencia.
Es un paso importante tener leyes e instituciones, pero es necesario tener políticas integrales contra la discriminación y el racismo que generen legislaciones que puedan proteger los derechos de las personas que han sido históricamente marginalizados
La activista indica que uno de los puntos más importantes es que desde el poder se promueva un discurso inclusivo y no discriminatorio, como sucede ahora. Y también en los medios de comunicación y a nivel social.
En una situación como a la que enfrenta el país, con la presencia de miles de migrantes de otras naciones, comenta Guevara, es fundamental que se vea el fenómeno desde una perspectiva de derechos humanos.
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