Marchas y plantones se han organizado para exigir al gobernador Jaime Rodríguez que dé reversa a los impuestos vehiculares. En medio de esta polémica, el Instituto de Control Vehicular (ICV) exhibe un manejo financiero deficiente en su cuenta pública 2017, al tener 12 observaciones no solventadas, cuatro parcialmente solventadas y señalamientos por no cumplir con la Ley de Disciplina Financiera.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que en su análisis este ente público cuenta con 19 millones 279 mil 808 pesos que no fueron solventados, y que están relacionados con el incumplimiento de las normas de información financiera aplicables.
En el apartado denominado “Estados financieros”, el órgano fiscalizador observó que las cifras presentadas correspondientes al ejercicio 2016 no corresponden a la cuenta pública del mismo año.
“Se observó que las cifras presentadas en la columna correspondiente al ejercicio 2016 no corresponden a las cifras presentadas en la cuenta Pública de ejercicio 2016, incumpliendo con los artículos 21 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, dice la Auditoría.
La dependencia tendría que cumplir con una presentación de la información financiera confiable y comparable, esto para satisfacer las necesidades de los usuarios.
El Instituto de Control Vehicular, que se encarga de integrar y administrar el registro de vehículos y conductores en la entidad, así como de generar ingresos para el Estado, respondió a los señalamientos de la Auditoría, argumentado que se trata de un “error involuntario”, pero esta respuesta no fue suficiente para el órgano fiscalizador
“Se analizó la respuesta y evidencia proporcionada por el Ente Público, la cual no solventa, toda vez que mencionan que fue por un error involuntario”, menciona el documento.
En este contexto de irregularidades, existe una inconformidad de la ciudadanía por el incremento del refrendo en 40 por ciento, de placas en 90 por ciento, de licencia en 60 por ciento y de 50 por ciento en el caso de la tarjeta vehicular, recaudaciones que irán al Instituto de Control Vehicular que, además cuenta con un pasado oscuro.
En 2012, el ICV desapareció 312 mil juegos de placas vigentes de sus bodegas, lo que representó un desfalco de 68 millones de pesos. Algunas tuvieron como destino el mercado negro y fueron colocadas en vehículos robados.
Aunque se inició una investigación por la entonces Procuraduría de Justicia de Nuevo León, esta sólo logró la detención de Homero González López, hermano de Santiago Adán, quien fungía como coordinador de operaciones del Instituto de Control Vehicular. Homero recuperó su libertad en 2017, cuando salió del Centro de Readaptación Social de Cadereyta y tras presentar una apelación para reducir su pena de nueve años y medio a sólo cuatro años y seis meses.
En 2018 otra vez esta dependencia levantó polémica porque disparó sus gastos en plena etapa electoral, al contratar más de mil personas sin justificación y en procedimientos opacos.
También registró gastos de despensa, renta de autos y pago de servicios sin ninguna justificación, que sumaron casi 167 millones de pesos.
Más irregularidades
La Auditoría Superior del Estado reveló que el Instituto de Control Vehicular presentó irregularidades en las conciliaciones bancarias, que incluyen partidas no correspondidas con antigüedad superior a tres meses, las cuales continuaban pendientes al 31 de diciembre de 2017.
“Incumpliendo con lo establecido en los artículos 34 al 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 47 y 48 primero y segundo párrafos de la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León”, menciona.
El artículo 48 de este marco legal establece que la contabilidad del Estado, sus organismos descentralizados y fideicomisos, se regirán conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
“Y los registros contables deberán incluir detalle suficiente para poder identificar con precisión cada una de las operaciones efectuadas, relacionadas con los conceptos y partidas previstos en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos y conforme al catálogo de cuentas aprobado”, dice la Ley.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Luis Armando Torres Hernández, dijo que están en el análisis de la cuenta pública del Instituto de Control Vehiculary adelantó que se tiene varias irregularidades.
Probablemente en febrero, cuando se instale el próximo periodo ordinario, se estaría tocando el tema para rechazar o avalar la cuenta pública 2017 del Instituto de Control Vehicular.
La Auditoría Superior del Estado señaló que el Instituto de Control Vehicular no cumple con la transparencia y las normativas de la Ley de Disciplina Financiera (LDF), por lo que decretó que no solventó la presentación homogénea de sus gastos
“En la consulta efectuada el día 09 de julio de 2018 al portal de internet del ente público se advirtió que este ha sido omiso en publicar la Guía de Cumplimiento de la LDF”, menciona el documento.
El instituto, además, incumplió con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y este mismo marco legal pero a nivel estatal.
