Contratos del INM: muy poco para mantenimiento y agua

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el pasado 10 de mayo el cierre temporal de 33 estancias migratorias provisionales para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice un informe sobre las condiciones que prevalecieron para albergar a los miles de migrantes que en los últimos años fueron asegurados en México. La inspección ocurre poco más de un mes después del incendio que en uno de esos centros mató a por lo menos 40 personas, el 27 de marzo.

Pero, de 2019 hasta ahora, el INM no realizó un solo gasto para el mantenimiento de sus estancias migratorias. Tampoco adquirió agua suficiente ni papel sanitario. En cambio, destinó millones de pesos para servicio de alimentos con una empresa que en 2021 estuvo involucrada con un cuadro diarreico agudo de 60 migrantes que permanecían en la estación migratoria Siglo XXI a la espera de su deportación.

🇺🇸 #MigrarEsUnDerechoHumano | De octubre de 2021 a septiembre de 2022, la patrulla fronteriza registró 853 migrantes muertos cuando intentaban cruzar hacia EU. Es la cifra más grande en los registros de la autoridad estadounidense en 17 años.https://t.co/4PfnJFO3Mx

— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) March 29, 2023

Eso dicen los datos abiertos de un instituto cuya historia quedó marcada por la tragedia de Ciudad Juárez. Su titular Francisco Garduño Yáñez fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público dadas sus presuntas negligencias que desembocaron en el siniestro. Según la Fiscalía General de la República, el funcionario tenía conocimiento de las condiciones en las que se encontraba la estación migratoria, pero no actuó para mejorarlas.

Las ausencias más marcadas en las compras del INM

Agua, papel higiénico y comida fueron las peticiones de los migrantes detenidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez antes de iniciar un incendio de colchonetas para protestar por condiciones que ya no soportaban, de acuerdo con partes de la carpeta de investigación mencionada en la audiencia inicial contra los acusados en el caso, divulgada por el Diario de Juárez.

Según la misma audiencia, el jefe de custodios ordenó a los guardias rellenar los garrafones con agua de la llave, pero una oficial sostuvo que el líquido no era potable y se negó a acatar la instrucción. Los guardias se habrían impuesto y le darían agua de la llave a los migrantes para saciar su sed.

Pero agua limpia, no había. La revisión de los títulos de los expedientes archivados del INM en Compranet de 2019 (el año en que se inició la gestión de Garduño Yáñez) hasta ahora, da cuenta que solo se firmaron dos contratos en cinco años para adquirir el líquido para las estancias provisionales. En 103 contratos relacionados con los gastos de esos sitios cuya suma es de mil 383 millones 639 mil 477 pesos, el agua significó 913 mil 475 pesos; es decir, el 0.06 por ciento.

México
En la estación migratoria Siglo XXI la pesadilla empeora con la llegada de más migrantes detenidos: cubículos de 4×3 metros para 50 personas, heces que rebosaban las letrinas, falta de comida y agua. pic.twitter.com/z2zy5PPPuC

— Radio Farra 95.7 FM (@RadioFarra957) June 18, 2019

Los dos contratos se firmaron en 2022. Uno fue por 780 mil pesos con la empresa Hielos de Palenque S.A. de C.V. para suministrar agua purificada en garrafones de policarbonato

y el otro fue con el proveedor Francisco Martínez Agustín por 133 mil pesos. El último fue solo para las estancias de Oaxaca.

El papel higiénico ni siquiera aparece mencionado en las compras del INM para sus estancias migratorias provisionales.

Hubo otros gastos mínimos. Se adquirieron medicamentos y material de curación por 3 millones 384 mil 633 pesos con farmacéuticas locales en las que Distribuidor Hospitalario e Insumos del Sureste se llevó la mayor parte. La limpieza significó 3 millones 502 mil 358 pesos. Ese servicio solo fue contratado en 2021.

Millones de pesos hacia una sola empresa

En cambio, el servicio para alimentos predominó. En cinco ejercicios esta necesidad de las estancias significó una erogación de mil 375 millones 839 mil 10 pesos; es decir, el 99.4  por ciento del total gastado de los 103 contratos revisados por Reporte Índigo.

Los alimentos, marcados por la Ley de Migración como obligatorios tres veces al día, generaron un pastel de contratos millonarios cuyo 77.6 por ciento se ha llevado la empresa Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V. Las otras proveedoras han sido Café Bersa S.A. de C.V. y Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos S.A. de C.V.

Las primeras contrataciones de esa empresa para servir comida a personas en condición migratoria en México se iniciaron en octubre de 2019. En ese mes firmó cinco contratos cuyo monto fue de un millón de pesos a poco más de 4 millones. A partir del siguiente año, la bonanza llegó para esa empresa en el INM. Firmó por 89 millones 519 mil 713 pesos y logró un contrato en 2022 por 281 millones 34 mil 482 pesos.

En junio de 2021, 60 migrantes de varias nacionalidades, detenidos en la estación migratoria Siglo XXI, sufrieron un cuadro diarreico agudo por la ingesta de alimentos en estado de descomposición, según información de defensores de derechos humanos en el estado a la que Reporte Índigo tuvo acceso. Esa estación es la más grande del país y cuenta con una capacidad para 960 personas. Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V. estaba a cargo.

Pese a ese antecedente, la empresa continuó como la reina en los contratos que otorga el INM para servir alimentos a los migrantes asegurados en territorio mexicano. Hasta ahora, cuando el instituto se encuentra en el epicentro de la crisis migratoria, Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V. ha ganado más de mil millones de pesos.

Ese flujo de dinero no encuentra reflejo. El pasado viernes 31 de marzo, unos cien migrantes forzaron la puerta de un centro en el municipio de Berriozábal, Chiapas, y escaparon. Medios locales y nacionales captaron su caminata por la carretera. Iban mujeres, hombres y niños. Un migrante de Ecuador exclamó: “La comida … Nos atendían como animales. En la mañana nos servían solo seis galletas para una familia de seis con seis vasos de agua … Todo ahí es mentira”.

La limpieza dio pie a otro emporio en el INM

El único gasto que el INM registró respecto al mantenimiento de las estancias migratorias fue el de la limpieza. Para ello hizo cuatro contrataciones que sumaron 3 millones 502 mil 358 pesos cuya vigencia solo duró durante marzo de 2021. De acuerdo con ello, en momentos en que el flujo migratorio se recrudeció en México por el fin del Título 42 en Estados Unidos.

Una de las empresas contratadas para limpiar las estancias fue Industria de la Construcción & Proyecto Vial S.A. de C.V. que se llevó 769 mil 786 pesos. La otra fue Asbiin S.A. de C.V. que con 2 millones 732 mil 571 pesos tuvo la mayor parte. Las dos prestaron el servicio mediante subcontratación.

Asbiin, la empresa que se consolidó como la predominante en el servicio de limpieza en las estancias provisionales del INM, fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública el 20 de enero de 2023. En una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia precisó que la empresa proporcionó información falsa en un procedimiento de contratación.

“Esta representación administrativa hace de su conocimiento que esta autoridad emitió resolución de 5 de enero de 2023, dictada en el expediente administrativo de sanción a licitantes, proveedores y/o contratistas número SANC-0001/2022, a través del cual se impuso a la empresa Asbiin, S.A. de C.V., una sanción administrativa consistente en una inhabilitación por un año”, se publicó en el DOF.

Para entonces, Asbiin se había posicionado como una de las reinas del servicio de la limpieza en la administración pública federal. Contaba con 75 contratos por 334 millones 902 mil 35 pesos y tenía relación con 30 entidades públicas, entre estas, Palacio Nacional desde donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De esta forma, de acuerdo con el registro de compras públicas del INM, se asearon las estancias provisionales mientras recibían a miles de migrantes cada día.

Los contratos del INM en medio de la crisis

Francisco Garduño Yáñez, quien asumió como comisionado del INM el 16 de junio de 2019, fue imputado ante un juez de control en Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejercicio indebido del servicio público, el pasado 25 de abril.

Debe asumir su presunta responsabilidad en la cadena de negligencias que ocasionó el incendio del 27 de marzo. Pese a todo, se quedó al frente del organismo.

Desde que ocurrió el siniestro, Garduño Yáñez ha tenido muy pocas apariciones en la escena pública y su perfil se ha mantenido difuso en los mecanismos de transparencia. Su declaración patrimonial no se encuentra disponible en Declaranet de la Secretaría de la Función Pública ni en la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

🔵 #Entérate | La defensa legal del comisionado del #INM, Francisco Garduño Yáñez, afirmó que el funcionario no tiene responsabilidad penal en el incendio que derivó en la muerte de 40 personas migranteshttps://t.co/nnpEohADzZ

— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 1, 2023

Mientras, el INM continúa como el instituto que le deja millones de pesos a las empresas que llama para atender la crisis migratoria en México. Los proveedores del instituto firman asignaciones para dos servicios predominantes: la comida y la deportación.

Después del incendio en Ciudad Juárez, el instituto signó un contrato por 87 millones 24 mil 175 pesos con Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V., la empresa que predomina para servirle la comida a las personas en condición de deportación. La vigencia de esta contratación se acordó desde el 26 de abril hasta el 15 de junio de 2023.

Además, otorgados antes de la tragedia, tiene 22 contratos que vencerán en los próximos meses de 2023 y 2024 por 805 millones 885 mil 150 pesos.

La contratación mayor vigente la tiene ETN Turistar de Lujo por 422 millones 413 mil 793 pesos para transportar vía terrestre a las personas en condición de retorno. Ese convenio vencerá el 31 de diciembre de 2023.

Con ello, la autoridad migratoria le da la cara a los flujos de mujeres, hombres y niños que atraviesan México en una nueva etapa después del fin del Título 42 en Estados Unidos que con la justificación de la pandemia de COVID-19 implicó su expulsión en los pasados tres años.

🔵 El Título 42 era una medida implementada durante la administración de Donald Trump para combatir la propagación del COVID-19, que permitía la expulsión automática de casi todos los migrantes que llegaban sin visa o documentación necesaria para entrar https://t.co/hWMZcHABL3

— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 12, 2023