En un hecho inédito en el Congreso de la Unión, en la dictaminación de estas leyes participan ciudadanos
"Estamos conscientes de que el objetivo principal de este proceso legislativo es el de dotar al país de un Sistema Nacional Anticorrupción que esté a la altura de los retos que enfrentamos”
Gracias al contrapeso que aplicaron el PAN y el PRD, la propuesta del PRI y el PVEM sobre la Ley Anticorrupción se abrió a debate.
En una reunión de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda con ciudadanos impulsores del tema, se acordó llevar a cabo cinco mesas temáticas para elaborar la reglamentación anticorrupción, que incluye siete leyes.
En un hecho inédito en el Congreso de la Unión, en la dictaminación de estas leyes participan ciudadanos de Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de Competitividad y del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Ellos, junto con senadores de oposición, presionaron para que el debate se abriera a la sociedad civil. Ahora, la discusión y acuerdo de estas leyes estarán a la vista de todos, bajo el esquema de Parlamento Abierto.
Todo esto, buscando que la calidad de la legislación secundaria garantice que se hará un combate verdadero a la corrupción.
Sin embargo, según reconocieron los propios senadores, esto podría ocasionar que el paquete de leyes anticorrupción no se apruebe antes del 30 de abril y, con ello, se retrasaría también la discusión del cambio de modelo policial.
El PRI y el PVEM se vieron forzados a aceptar las condiciones y los cambios a la ley sobre el tema anticorrupción, por el condicionamiento que el PAN y el PRD pusieron para aprobar el mando único policial.
Así, a contrarreloj, los senadores acordaron llevar a cabo mesas de trabajo por temas y el avance de estos días será enviado a la Cámara de Diputados para que se trabaje en conjunto y se acorten los tiempos de debate para su eventual aprobación.
El tiempo se agota
El debate de las leyes anticorrupción durmió el sueño de los justos durante el periodo ordinario de sesiones –que comenzó el 1 de febrero pasado- y es hasta que faltan 19 días para que concluya, que los senadores pusieron en marcha la discusión de estas leyes.
Aunque senadores del PRI y el PVEM han fijado el 30 de abril como límite para aprobar esta legislación, los congresistas de oposición han formado un solo bloque y se manifestaron por extender la discusión el tiempo que sea necesario con tal de construir un Sistema Anticorrupción fuerte y eficiente.
Constitucionalmente, la fecha límite para la puesta en marcha de las leyes secundarias anticorrupción es el 30 de mayo.
Resistencia a peticiones ciudadanas
Las propuestas de los grupos ciudadanos participantes fueron incorporadas a un segundo documento de trabajo que sirvió como base para el inicio de las discusiones en las comisiones y a partir del cual comenzará la construcción del dictamen.
Sentados en la misma mesa que los senadores, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana; Juan Pardinas, director del IMCO; y Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, presentaron también una lista de expertos en la materia que colaborarán con el Senado para la construcción de la nueva legislación.
Los expertos dejaron claro que, si bien el tiempo apremia, lo más importante es que la calidad de las nuevas disposiciones no disminuya, y más bien se construya una fuerte legislación anticorrupción.
“Cumplir los tiempos constitucionales es tan importante como que el producto legislativo sea el de mayor calidad”, expuso Bohórquez.
Los ciudadanos pidieron que, en el caso de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se tome como base la propuesta de la Ley 3 de 3 y no el documento de trabajo que redactaron los senadores.
En su iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos –Ley 3 de 3-, los grupos ciudadanos plantean que la corrupción sea vista y se castigue como si fuera delincuencia organizada.
Con ello, se pretende que se realicen, por ejemplo, la intervención de comunicaciones para detectar las redes de corrupción.
Este punto, sin embargo, causó escozor entre senadores.
Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sostuvo que el único límite que tiene esta legislación es la propia Constitución Política del país.
Pero, a pesar de que se mostró apertura en algunos temas, en otros no se concretó.
La resistencia más importante es a hacer públicas las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos de los servidores públicos.
De acuerdo al segundo documento de trabajo que trabajan las comisiones del Senado, existe la obligación de presentar las declaraciones, pero no de hacerlas públicas.
Este tema es uno de los ejes torales de la propuesta ciudadana de la Ley 3 de 3.
El PRD pidió incorporar todo un capítulo sobre el procedimiento de responsabilidad administrativa, a lo que se añadieron disposiciones del PAN y la Ley 3 de 3, que establecen las medidas cautelares para garantizar que se lleve a cabo el seguimiento de los casos de corrupción.
Uno de los reclamos de los congresistas de oposición es que el combate a la corrupción recaiga en un Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que sea presidido por un ciudadano y no por un funcionario público.
Los partidos de oposición han presionado también para terminar la transformación legal de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República, para con ello echar a andar la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción.
Para evitar todo el entramado legal de la transformación de la PGR a la FGR, legisladores del PAN y el PRD acordaron presentar una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la PGR y así dar facultades a la Fiscalía Anticorrupción y que se pueda nombrar al fiscal sin intervención del Poder Ejecutivo.
La existencia de una Fiscalía Anticorrupción garantizaría que los delitos de corrupción no sean castigados solo con sanciones administrativas, sino que se presenten las denuncias ante el ministerio público.
PAN y PRD arman bloque
Los dos principales partidos de oposición, el PAN y el PRD, ya conformaron un bloque en ambas Cámaras del Congreso de la Unión para presionar al PRI y al PVEM a no disminuir el alcance de las leyes anticorrupción.
“Tenemos ante a nosotros un reto muy grande que es evitar que el PRI y el Verde vuelvan a hacer lo que ya han hecho en otras reformas constitucionales: apoyan reformas constitucionales espectaculares, se cuelgan la medalla ante la opinión pública y después, a la hora de las leyes secundarias, diseñan leyes que acotan, merman o de plano socavan lo que se aprobó a nivel constitucional”, acusó Agustín Basave, líder nacional del PRD.
En una conferencia en la que participaron senadores y diputados del PAN y el PRD, ambos partidos se comprometieron a impulsar un combate frontal a la corrupción tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde el PRI tienen mayoría.
“Este es un frente común en respuesta a un peligro inminente, y ese peligro inminente es el intento del PRI y el Partido Verde de achicar la reforma en materia anticorrupción (…) la reforma será a fondo e integral o no será”, sentenció Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN.
Durante la reunión de trabajo, el PRI mantuvo un discurso de apertura. Ivonne Álvarez, senadora del tricolor, dijo que su partido está interesado en que se concrete una buena reforma anticorrupción.
“Quiero dejar muy claro en la mesa que nuestro grupo parlamentario está a favor de esta ley, que en el PRI queremos la transparencia y la rendición de cuentas, y que en el PRI queremos erradicar la corrupción”, asentó Álvarez.
Los senadores anunciaron que buscarán trabajar con sus pares de la Cámara de Diputados para acelerar la discusión del tema e intentar solventarlo antes del 30 de abril.
A debate
Las cinco mesas serán:
>Ley reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción
> Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
>Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
>Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
> Fiscalía Anticorrupción
