Contralorías ciudadanas, organismos inservibles

La Red de Contralorías Ciudadanas son órganos que actualmente no funcionan en la Ciudad de México y deben ser reestructurados, señalan diputados locales.

Dichos organismos fueron creados por la Ley de Participación Ciudadana promulgada en 2019; sin embargo, hay reportes que indican que su operación no ha sido eficiente en materia de erradicar las malas prácticas en el servicio público.

Ante esta situación, en el Congreso capitalino se presentó una iniciativa de ley para que estos entes tengan autonomía y puedan realizar correctamente su función de vigilar a las autoridades.

Las contralorías “son un instrumento de participación por el que la ciudadanía en general, de forma voluntaria y honorífica, asume el compromiso de colaborar con la administración pública de la ciudad, para vigilar y supervisar que el gasto público sea implementado de forma transparente, eficaz y eficiente”, menciona la Ley de Participación Ciudadana.

Además, entre sus facultades está el velar y supervisar la dictaminación y ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo y la red está adscrita a la Contraloría General de la capital, que debe celebrar un proceso de selección para su conformación.

Contralorías ciudadanas sin operar

Pese a su importancia legal de ser un órgano ciudadano de control de recursos, la red no opera conforme a la ley, denunció el pasado 11 de octubre la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa Gutiérrez Ureña, en el Congreso de la Ciudad de México.

La legisladora mencionó que las contralorías no funcionan porque no tienen una estructura adecuada ni tampoco las herramientas para contribuir a terminar con la corrupción en la capital.

Por ello, la legisladora propuso la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crearía la ley que regula la Red de Contralorías Ciudadanas de la Ciudad de México, y reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana.

La propuesta contempla derogar los artículos desde el 167 hasta el 180 de la ley para “que la red de Contralorías Ciudadanas cuente con su propia ley”.

Esto, de acuerdo con la justificación de motivos presentada ante el Congreso, permitirá que dicha figura cuente con más y mejores herramientas legislativas para su actuación, y que estas no solo sean enunciativas en la Ley de Participación Ciudadana, sino que, cobren mayor relevancia en el actuar administrativo del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México.

Gobierno opaco

Las autoridades no han obedecido el mandato constitucional de hacer funcionar correctamente las contralorías ciudadanas porque la administración actual no es transparente, acusa la diputada panista, Luisa Gutiérrez Ureña.

“Es un Gobierno opaco que no escucha a las voces críticas de lo que está haciendo mal”, afirma.

Expresa que la administración que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo no quiere que existan voces detractoras y cada vez que alguien señala algo malo, se toma como una agresión en vez de una oportunidad para mejorar en ciertos rubros.

Asimismo, menciona que no existe una intención real de hacer partícipes y vigilantes a los ciudadanos.

“No les gusta a las autoridades que alguien más haga trabajos paralelos para la vigilancia de los recursos públicos”, denunció.

Por ello presentó su iniciativa, para separar a las contralorías ciudadanas y que tengan su propio andamiaje jurídico y técnico.

“Necesitamos tener expertos que revisen la ejecución del gasto público y puedan dar una opinión técnica estando en las dependencias públicas”, indicó.

De esta manera, las contralorías de la sociedad van a tener una independencia y estructura propia: “Necesitamos meter a las contralorías ciudadanas en un marco específico para integrarlos en una ley para su implementación de manera inmediata”.

Eficaces contra la oposición

La legisladora Luisa Gutiérrez manifiesta que las contralorías no sirven para vigilar las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México o las alcaldías que gobierna Morena pero sí funcionan cuando hay que sancionar a las administraciones opositoras.

Por lo anterior, recalca que es necesario contar con contralorías ciudadanas que no tengan filiación política.

Finalmente, precisa que su iniciativa está en la Comisión correspondiente y espera que para 2023 pueda ser votada y aprobada en el pleno.

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