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La actual titular de la Contraloría de Jalisco, Teresa Brito Serrano, quien continuará en ese cargo durante el próximo sexenio por decisión del gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, ha denunciado penalmente desvíos y malos manejos en la administración estatal por más de 640 millones de pesos.
Según registros obtenidos vía transparencia y declaraciones recientes de su titular, la dependencia ha formulado durante el actual sexenio al menos 21 denuncias penales y la ampliación de una de estas por hechos de corrupción que involucran al gobierno de Emilio González Márquez y al de Aristóteles Sandoval Díaz.
Con Bañuelos Guardado, fallecido en septiembre pasado, la Contraloría del Estado generó información suficiente para presentar 12 denuncias y la ampliación de una de ellas por desvíos de 477 millones 734 mil 502 pesos. Los recursos legales estuvieron dirigidos contra actos efectuados durante la administración del exgobernador González Márquez.
Con Brito Serrano, quien sustituyó a Bañuelos Guardado en abril de 2016, la dependencia ha presentado al menos nueve denuncias penales por hechos de corrupción que causaron daños patrimoniales por 640 millones 704 mil 473 pesos.
Mientras Bañuelos Guardado no dirigió ninguna denuncia penal contra el gobierno de Sandoval Díaz, del que formó parte, con Brito Serrano la Contraloría sí ha generado ocho denuncias penales contra la actual administración del PRI, por desvíos y operaciones irregulares que ascienden a 597 millones 636 mil 954 pesos.
Sólo una de las denuncias presentadas por la gestión de Brito Serrano concierne al gobierno del exmandatario González Márquez, por un monto de 43 millones 67 mil 519 pesos, en la compra de un inmueble que se presume a sobreprecio en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, para instalar una casa de atención a los migrantes.
Resoluciones y supensiones
Las 12 denuncias y la ampliación de una de estas que presentó la Contraloría de Jalisco bajo la conducción de su primer titular, Bañuelos Guardado, han logrado resoluciones judiciales favorables para la causa del Estado, con sentencias condenatorias otorgadas por los jueces.
Según los registros otorgados en el recurso de revisión 748, en nueve denuncias se obtuvieron sentencias condenatorias por un monto desviado de 412 millones 141 mil 572 pesos.
Tres denuncias fueron contra la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe); tres contra la Comisión Estatal del Agua (CEA); una contra la Secretaría de Salud; una contra el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (Capece, ahora Infejal), que han sido impugnadas, y otra contra la Secretaría de Cultura (Teatro Degollado).
Una denuncia y su ampliación contra la Secretaría de Salud continúan en integración por parte de la Fiscalía General del Estado, mismas que hacen referencia a malversaciones por 58 millones 230 mil 119 pesos.
Una denuncia presentada contra la propia Contraloría del estado se turnará a Visitaduría de la Fiscalía General del Estado. Otra contra la Secretaría de Administración fue suspendida, aunque el monto involucrado era de 7 millones 362 mil 810 pesos.
La última y más reciente denuncia penal presentada por Brito Serrano hace referencia al escándalo internacional que se suscitó por la conservación de 273 cadáveres en un tráiler que deambuló por Guadalajara, pese a que esos restos humanos estaban bajo responsabilidad de la Fiscalía General y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Denuncias penales
Gestión Juan José Bañuelos (2013-2016)
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Gestión Teresa Brito (2016-2018)
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La continuidad
La determinación tomada por el próximo gobernador de Jalisco, Alfaro Ramírez, por mantener en su cargo a la actual contralora del Estado, Brito Serrano, posibilitará que las decenas de denuncias penales que ha presentado esa instancia por hechos de corrupción tengan continuidad en el gobierno que está por iniciar.
Los dos titulares que ha tenido la Contraloría del Estado durante el sexenio de Sandoval Díaz, uno de ellos ya fallecido, no hicieron señalamientos de corrupción en su contra, por lo que la designación, en su momento, de Bañuelos Guardado y de Brito Serrano fueron respaldadas por las fuerzas políticas opositoras al PRI.
Sin embargo, las gestiones de Bañuelos Guardado y de Brito Serrano, así como las de los distintos titulares que ha tenido la Fiscalía General, han sido cuestionadas por las pocas sanciones que involucren a actores con un peso político importante.
“De nada sirve llevar a cabo auditorías si al final del camino no estamos fortaleciendo los órganos internos que son los que finalmente aplican las sanciones”, declaró Brito.
La contralora tiene el poder de darle continuidad a las investigaciones y resoluciones en el gobierno de Enrique Alfaro.