Del 1 de diciembre de 2018 al 22 de agosto de 2022, en México han sido asesinados 42 comunicadores. La práctica de matar periodistas no es nueva, pero a lo largo de los últimos tres sexenios, se ha cimentado como algo cada vez más común.
Durante el primer año del mandato de Enrique Peña Nieto, 24 comunicadores fueron asesinados por realizar su trabajo.
Durante el último año de su administración, 12 periodistas perdieron la vida de forma violenta.
En los primeros 12 meses de Andrés Manuel López Obrador en el poder (1 de diciembre de 2018- 1 de diciembre de 2019), 14 personas fueron asesinadas por ejercer la profesión de informar. En lo que va de este año, ya se contabilizan 17 homicidios.
Esta realidad, además de coartar el derecho a la vida y a la libertad de expresión, entre otros, también ha generado un fenómeno conocido como zonas de silencio, pues generan un efecto de autocensura entre los demás trabajadores de los medios de comunicación social.
“Los actos de violencia cometidos en razón de la labor que desempeñan los periodistas afectan gravemente la dimensión social y colectiva del derecho a la libertad de expresión, dado que vulneran el derecho de las sociedades y de sus ciudadanos y ciudadanas a buscar y recibir informaciones e ideas de toda índole”, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Zonas silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda la afirmación anterior al asegurar que sin seguridad es muy complicado poder ejercer un periodismo con libertad.
“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas, morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”
Entre los estados que más sufren el fenómeno de las zonas de silencio se encuentran Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Michoacán y Baja California.
Diferente gobierno, mismo panorama para periodistas
Ante la realidad que vive México en cuanto a libertad de expresión, diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, han pedido al Gobierno mexicano atender la situación a través de políticas públicas certeras, recursos y trabajando en conjunto con la sociedad civil, sin embargo, la administración federal poco ha hecho para combatir el problema.
“La lista de periodistas asesinados en México es espeluznante y parece alargarse inexorablemente sin que el Gobierno federal ni las autoridades locales se hagan cargo de la dimensión del problema, ni tomen decisiones valientes, afirma Emmanuel Colombié, director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en América Latina.
“Frente a este dramático récord, se impone urgentemente una refundación de los mecanismos de prevención de riesgos, de protección y de justicia, así como la instauración de una política integral y duradera, que permita garantizar la seguridad de los profesionales de la información, cuyo papel es crucial para la democracia mexicana”, dice.
La organización Reporteros Sin Fronteras también manifiesta preocupación ante el hecho de que México se mantiene como el país (no en guerra) más peligroso para ejercer el periodismo del mundo, un status con el que carga el país del águila y la serpiente desde hace años.
“Por cuarto año consecutivo, México es el país más peligroso y más mortífero del mundo para los periodistas, por delante de países en guerra como Ucrania (ocho casos) o Yemen (tres casos).
“A pesar del vértigo que causan estas cifras, de los periodistas asesinados este año, el presidente López Obrador solo ha condenado públicamente cinco”.
Panorama oficialista
Históricamente, los problemas que se invisibilizan no se resuelven. Prueba de ello es la elevada cifra de comunicadores asesinados en el país en los últimos tres sexenios, periodo en el que cada administración en curso se rehusó a fortalecer los mecanismos institucionales para resolver el problema.
“Las autoridades rara vez esclarecen estos crímenes o enjuician a los responsables. El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas del gobierno federal tiene una capacidad limitada para responder a todas las necesidades de protección.
“La mayoría de los crímenes en México quedan impunes, incluyendo los asesinatos de periodistas. De las 105 investigaciones sobre asesinatos de periodistas realizadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) desde su creación en 2010, tan solo seis han resultado en condenas por homicidio. Ante estos hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura”, acusa Artículo 19.
Como prueba de la falta de importancia que le da el Gobierno federal a la violencia contra periodistas, están las aseveraciones del primer mandatario del país durante su conferencia matutina del 28 de septiembre, en donde aseguró que en México se respeta la libertad de expresión y el Estado no reprime ni viola derechos humanos.
“No vamos aquí a debatir sobre el número, sean 10 o 20, 1, no, eso no. Nada más que no hay uno, un periodista reprimido y mucho menos asesinado por el Estado, como era antes, esa es la pequeña diferencia.
“Sí hay lamentablemente periodistas asesinados; no hay periodistas asesinados por el Estado, como era antes. Aquí se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime, el Estado no viola derechos humanos, eso es lo único.
“Y sí tenemos la obligación con los periodistas y con todos los ciudadanos mexicanos, con todas las personas, con todos los seres humanos, de proteger la vida, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y eso lo estamos haciendo”.
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