La Secretaría de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey informó que hasta el momento ha reparado el 70 por ciento de los hundimientos detectados en algunas vialidades de la ciudad, afectaciones que quedaron hace unas semanas tras el paso de la tormenta “Alberto” por Nuevo León.
Debido a la gran cantidad de lluvias que trajo este fenómeno natural, así como la fuerza con la que recorría las calles y avenidas, provocó que el pavimento en diversas calles y avenidas quedara con severos daños.
Tras el paso de la tormenta, personal de la Secretaría de Infraestructura Sostenible comenzó a evaluar las afectaciones y priorizó los que requerían ser intervenidos a la brevedad; de 13 hundimientos detectados se solventaron nueve, mientras que el resto están en proceso de remediación.
El reporte de daños incluyó avenidas como Alfonso Reyes en cuatro diferentes puntos, dos de los cuales ya quedaron listos; el de avenida Gobernadores, entre las calles Miguel Alemán y Gregorio Salinas Verona también fue intervenido; en Paseo de los Leones se registraron dos, uno ya fue atendido.
También se realizaron trabajos en la avenida Gonzalitos y Morones Prieto, en avenida Paseo de la Luz, y en 5ª. Avenida y Platón Sánchez.
“Personal de esta dependencia continúa con los recorridos para detectar y evaluar daños para su pronta intervención”, indicó el municipio.
Piden diputados de NL distribución equitativa de recursos para reparar daños por ‘Alberto’
Mientras el gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicita recursos a la Federación para reparar los daños ocasionados por la tormenta tropical “Alberto”, en el Congreso local se exige una distribución equitativa para los municipios afectados.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jessica Martínez, solicitó al mandatario estatal que los recursos económicos disponibles del seguro contratado por desastres naturales sea compartido justamente a todos los municipios, y no solo donde gobierne el partido del gobernador, Movimiento Ciudadano.
La congresista espera que el dinero sea utilizado de manera responsable y no discrecional relacionado a los desacuerdos políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo.