El fallecimiento de Ángel Manuel al interior del albergue Fabriles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIFNL) sigue siendo un misterio. La causa de muerte del adolescente sigue sin ser esclarecida.
Fue bajo la gestión de Miguel Ángel Sánchez Rivera, que ocurrió este hecho. Tras el escándalo, y la investigación de la Fiscalía General de Justicia, en ese momento conducida por Gustavo Adolfo Guerrero, el funcionario estatal dejó su cargo, el cual ocupa actualmente Gloria Ivette Bazán Villarreal.
Han pasado 9 meses desde que falleció el joven de 14 años, sin embargo, la investigación se ha quedado en el baúl del olvido de la Fiscalía, cuyo encargado de despacho es Pedro Arce.
“Esta autoridad inició el acopio de datos, diligencias y entrevistas a su alcance para esclarecer las circunstancias por las que perdió la vida dicha persona que contaba con 14 años de edad”, dice el comunicado emitido por la Fiscalía el pasado 21 de febrero.
Las autoridades tampoco se han mostrado dispuestas a aclarar las dudas en torno a la muerte de Ángel Manuel, especialmente las suscitadas debido a irregularidades como la cremación de los restos, realizada sin la autorización de la Fiscalía, del Poder Judicial del estado y del Registro Civil
La cremación impidió que peritos de la Fiscalía realizaran la autopsia de ley al cuerpo del adolescente, para encontrar las causas reales de la muerte del joven y así mostrar una carta de defunción con argumentos científicos.
El DIF de Nuevo León sustenta la decisión de cremar los restos del menor mediante la Ley General de Salud, la cual señala que este procedimiento tendría que hacerse en las 48 horas posteriores a la muerte.
Sin embargo, el artículo 348 de esta misma ley establece que, para realizar este procedimiento, debe contarse con la autorización del Registro Civil estatal, así como de la Fiscalía General de Justicia estatal o del Poder Judicial de Nuevo León.
El Gobierno estatal consideró que el joven falleció de manera natural, lo cual fue confirmado en el certificado de defunción realizado por un médico externo del albergue Fabriles, lo que constituye una irregularidad más.
La Secretaría de Salud señala que el Certificado de Defunción o muerte fetal se debe solicitar al médico que atendió al fallecido durante su última enfermedad. Este documento debe ser expedido por clínicas, centros de salud u hospitales oficiales o con un médico particular.
Varias versiones respecto a la muerte de Ángel Manuel señalan que el menor de edad fue golpeado por otro adolescente y por un enfermero llamado Raymundo, quien después lo sedó y lo abandonó en un campo de futbol, sitio en el que falleció
Hasta el momento, las autoridades guardan silencio acerca del caso del joven, quien desde los 4 años de edad se encontraba bajo la tutela del estado. El adolescente vivió en el DIF Capullos y después fue trasladado al albergue Fabriles.
La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) señala que la cremación podría tratarse de una obstrucción a la investigación de la Fiscalía.
Comisión olvida caso Fabriles
Legisladoras de la Comisión Especial del Congreso local, que fue integrada para investigar la muerte del Ángel Manuel, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia al existir dudas sobre su fallecimiento.
Este órgano, presidido por la diputada Jessica Martínez, junto con las legisladoras del PAN, Nancy Olguín Díaz y Lilia Olivares Castañeda, considera que aún no se conocen con exactitud cuáles fueron las causas de muerte del adolescente. No obstante, la Comisión no ha retomado el caso del joven, ni ha continuado con la exigencia de cuentas a la Fiscalía sobre su investigación.
Martínez logró recabar información sobre las condiciones del albergue Fabriles el pasado mes de mayo, cuando personal de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud encontró varias irregularidades tras una visita.
Venta de niños difícil de probar
Mariana Rodríguez, titular de Amar Nuevo León, revivió la polémica en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIFNL), después de asegurar en sus historias de Instagram que en el DIF Capullos se vendían niños durante la administración anterior.
La también esposa del gobernador Samuel García señaló que, pese a que se ha investigado, este es un delito difícil de probar.
“El señalamiento que hice en días pasados es una más de esas atrocidades, pero como saben, son temas muy difíciles de demostrar, por eso estamos haciendo una investigación rigurosa”, dice Rodríguez.
La declaración resulta muy grave pues mancha la operación del sistema integral de la familia levantando suspicacias acerca del trabajo que se hace en Nuevo León para procurar el interés superior de la niñez.
Te puede interesar: Fabriles, albergue del DIF en condiciones deplorables
