La Procuraduría de Nuevo León abrió una averiguación previa y la semana pasada citó al director de la Canaco, Darío Treviño, quien advirtió un aumento del 49 por ciento en las extorsiones
Las confrontaciones públicas que protagonizan la Iniciativa Privada de Nuevo León y el Gobierno del Estado han escalado a una guerra de acusaciones enmarcadas en el contexto electoral.
Los encontronazos con el gobernador Rodrigo Medina se originan por una serie de demandas del sector empresarial en materias de seguridad y de economía, pero también buscan influir en la toma de importantes decisiones políticas.
El fondo de estas exigencias se dejó ver ayer, cuando representantes de cámaras, organismos privados e instituciones educativas, pidieron a los diputados locales participar en el proceso de selección del nuevo Auditor Superior del Estado.
El cargo que dejó vacante el extinto Sergio Marenco, tras su muerte el mes pasado, fue una posición alcanzada por la Iniciativa Privada en el primer círculo del gabinete de la administración de Medina.
Los presidentes de Coparmex, Alberto Fernández, y del Ccinlac, Fernando Maíz, así como representantes del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Regiomontana y la Universidad de Monterrey, se reunieron con los legisladores de la Comisión de Vigilancia, encargada de revisar las solicitudes de los aspirantes.
Los organismos e instituciones demandaron aplicar pruebas de control de confianza, de conocimientos y evaluaciones psicológicas, en la convocatoria para ocupar el cargo de fiscalizador de Nuevo León.
La búsqueda por influir en este proceso se da en medio de una confrontación que en días recientes se agravó, luego de una serie de críticas lanzadas por el sector empresarial que ocasionaron la molestia del gobierno de Medina.
Como parte de una averiguación previa que abrió la Procuraduría estatal, se citó al director de la Canaco, Darío Treviño, quien advirtió un aumento del 49 por ciento en las extorsiones a comerciantes en el primer trimestre del año, en comparación con el de 2013, pues pasaron de 51 a 76 denuncias.
El líder del órgano privado también sostuvo que una encuesta entre sus afiliados reveló que el cobro de piso constituye el principal delito que no se denuncia por desconfianza en las autoridades.
Por órdenes del gobernador, el director de la cámara empresarial y dos colaboradores declararon la semana pasada como testigos en las instalaciones del Palacio de Justicia del Topo Chico.
El Ministerio Público les requirió el usuario y contraseña para acceder a la encuesta de la Canaco, pero se negaron a proporcionarlo por tratarse de datos confidenciales de sus agremiados.
Fue hasta este lunes que líderes de la Iniciativa Privada se reunieron con funcionarios estatales para expresarles su inconformidad y advertriles que no darían acceso al sistema de encuestas del organismo, como solicitó la Procuraduría de Nuevo León.
En el encuentro estuvieron presentes Julio César Cantú, presidente de Canaco; Alberto Fernández, presidente de Coparmex; Fernando Maiz, presidente del Ccinlac, y Guillermo Dillon, director general de la Caintra.
Acudieron con Jorge Domene, jefe de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, y el procurador Adrián de la Garza, quien se perfila como uno de los aspirantes oficiales a ocupar un cargo de elección popular en 2015 y que el Gobierno del Estado ha posicionado mediáticamente.
Tras la negativa, Medina manifestó que la reunión privada con los representantes de la Iniciativa Privada no dejó los resultados esperados, porque se negaron a aportar información sobre los casos de extorsión.
El primer agravio que desató esta cadena de acusaciones ocurrió el pasado 9 de abril, en el marco de una gira del presidente Enrique Peña Nieto a Monterrey.
Las declaraciones que el presidente de la Caintra dio ante el Ejecutivo federal incendiaron los ánimos del mandatario estatal.
Álvaro Fernández mencionó que, entre los factores de la reducción de los índices delictivos en la entidad, destacaba la creación de Fuerza Civil, en la cual había participado la Iniciativa Privada de Nuevo León.
El reconocimiento fue calificado de incongruente, porque precisamente los empresarios han sido uno de los sectores más críticos en el tema de seguridad y han manifestado que la delincuencia no ha cesado.
Pero la rispidez también está presente desde el aumento del 2 al 3 por ciento de la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN), que provocó una cascada de amparos contra el alza del gravamen.
El incremento derivó de la modificación al Artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado, que entró en vigor en enero del año pasado y provocó el descontento de la cúpula empresarial en Nuevo León.
Alrededor de 900 contribuyentes solicitaron el amparo en contra del alza al ISN, sin embargo, la batalla legal no procedió en los juzgados federales, donde se sobreseyeron los juicios de garantías promovidos por los integrantes de la Iniciativa Privada.