El gobierno electo definirá esta semana el mecanismo de consulta que realizará para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), un tema que se ha visto empañado por las filias y fobias de quienes serán los próximos funcionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Mediante esta consulta, que en un inicio se anunció sería a nivel nacional y ahora estará limitada a poco más de 500 municipios, el presidente electo determinará si continúan las obras en los terrenos de lo que fuera el Lago de Texcoco o se opta por mantener en operación el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y se habilita una extensión en la Base Militar de Santa Lucía.
La consulta ha sido anunciada para el 28 de octubre próximo y es a menos de tres semanas que se conocerá cómo funcionará este mecanismo.
A pesar de la relevancia que tendrá el resultado de esta consulta para el futuro de la magna obra, el gobierno electo ha mantenido total sigilo sobre cómo se hará este ejercicio, quién lo realizará, si solo se llevará a cabo en las comunidades involucradas y cómo podrán participar los ciudadanos.
Incluso, el PRI en el Congreso pidió hace tres semanas al gobierno electo que clarificara los criterios para definir cómo funcionaría este instrumento de participación ciudadana.
Constitucionalmente, la consulta a la que ha llamado López Obrador no tendrá validez legal porque no está dentro de los preceptos establecidos en la Carta Magna para realizarla.
El INE es el órgano encargado de organizar consultas públicas solo cada tres años según la Constitución. Diputados de Morena presentaron reformas para que eso se modifique
En Morena lo saben y por eso los legisladores del partido del presidente electo ya han presentado varias iniciativas para que las consultas populares puedan realizarse en cualquier momento de forma expedita; y que pueda aplicarse no solo para asuntos federales, sino a nivel estatal y municipal.
Con el tiempo encima
La consulta para definir el futuro del NAIM será la primera que realizará el equipo del próximo gobierno para definir el destino de una obra de infraestructura de grandes dimensiones que ya se encuentra en construcción; el ejercicio lo hará aunque todavía no hayan entrado en funciones.
Esto convierte al ejercicio en una mera exploración sobre la opinión de la ciudadanía aunque, al no tener todavía el respaldo institucional del Estado, carece de validez legal.
A esto se suma que el Instituto Nacional Electoral (INE), el único facultado para realizar una consulta popular válida constitucionalmente, no la llevará a cabo porque la Constitución Política señala que solo podrá hacerse cuando hay procesos electorales federales.
Diputados del PRI solicitaron al futuro gobierno que clarifique los mecanismos para realizar la consulta, advierten que hay incertidumbre en inversionistas y futuros usuarios
Ante la falta de detalles y la importancia de la consulta, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo el 18 de septiembre para exhortar al gobierno electo a dar detalles sobre el ejercicio.
“Ante la relevancia del asunto, es fundamental que el presidente electo, a la brevedad, dé a conocer los criterios sobre la forma de participación de la ciudadanía en la definición de la sede del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. No conocer estas consideraciones genera incertidumbre entre los inversionistas, los trabajadores y los futuros usuarios”, expusieron los priistas.
Así, a menos de tres semanas para llegar a la fecha anunciada por el propio equipo del nuevo gobierno para realizar la consulta, el 28 de octubre, apenas se empiezan a dar esbozos de lo que ocurrirá.
Jesús Ramírez Cuevas, próximo vocero de la Presidencia, adelantó la semana pasada que la consulta se realizará en 527 municipios —la quinta parte del total— y será hecha con el apoyo de voluntarios, coordinados por la Fundación Arturo Rosenblueth.
Sin embargo, al no ser una consulta popular propiamente hecha, carecerá de validez legal, por lo que para ejercicios futuros los legisladores de Morena ya trabajan en modificar el marco legal de la realización de estos ejercicios.
527
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, senadora por Morena, presentó la semana pasada una iniciativa de reforma constitucional para que las consultas populares puedan realizarse en cualquier momento, no sólo cuando haya elecciones federales; así como obligar a que las autoridades electorales las realice de forma expedita.
También la semana pasada, el diputado por Morena Javier Ariel Hidalgo Ponce presentó una iniciativa de reforma constitucional para que las consultas populares puedan realizarse no solo por asuntos del ámbito federal, sino del estatal y municipal.
Con visión parcial
Ante las críticas que recibió por su promesa de campaña de cancelar la construcción del NAIM en Texcoco, el presidente electo anunció a mediados de agosto que la decisión sobre si continuar o no la obra la tomaría el pueblo.
“No debemos preocuparnos por el tiempo que nos lleve porque es un asunto trascendente (…) implica una decisión que puede significar la erogación de recursos públicos y no podemos tomar decisiones a la ligera”, comentó Andrés Manuel López Obrador el 17 de agosto, cuando se dieron a conocer los documentos del Nuevo Aeropuerto.
Ese día, López Obrador dijo que la consulta pública podría ser realizada mediante la instalación de mesas en las plazas públicas, que recojan el voto de los ciudadanos; o a través de una “encuesta honesta” que sería aplicada con la vigilancia de organismos ciudadanos.
López Obrador también pidió a los medios de comunicación que se diera a conocer la información con los pros y contras de todas las opciones, así como la realización de debates con expertos para que la ciudadanía tuviera toda la información a la mano. El presidente electo aseguró ese día que su gobierno se mantendría al margen para favorecer la imparcialidad de la discusión.
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“No inclinaremos la balanza”, prometió, “se va a garantizar la pluralidad y la equidad”.
Sin embargo, la semana pasada algunos de quienes serán funcionarios de su gobierno se pronunciaron abiertamente contra la obra en Texcoco.
El más férreo opositor fue Alejandro Encinas, quien ha sido nominado como próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien abiertamente dijo estar en contra de la obra desde 1998, cuando la idea fue planteada por primera vez por el entonces presidente Ernesto Zedillo.
“Tenemos muy claro que este proyecto es un enorme error desde cualquier ámbito que se le vea (…).
“Además de la consulta, necesitamos de la organización de la sociedad y que esa organización se convierta en una fuerza de cambio que permita frenar esos proyectos, pero también revertir la profunda corrupción que esto representa”, afirmó Encinas en una reunión con pobladores de municipios del Estado de México afectados por la construcción del NAIM.
La postura de Encinas y otros futuros miembros del gobierno de López Obrador provocó que el presidente electo afirmara que él personalmente se encargaría de dar la información sobre el NAIM.
