"Son gente del mal. Es dinero corrupto, dinero cochino. Esa gente que se las da de mucha sociedad, honorable, prestigiada gente exitosa; cualquiera es exitoso cuando el dinero no le cuesta"
“Le da a uno miedo salir allá afuera, porque uno no sabe qué le va a caer de allá arriba”, se queja Elisa Valencia con profundo enojo, sobre la imponente obra que se erige a metros de su casa en el Fraccionamiento Lomas del Valle en Zapopan.
Su vivienda ha sido dañada múltiples veces. En dos ocasiones la cisterna de agua fue reventada, lo mismo que la instalación de gas, y recientemente el domo en donde cayó una varilla, que de no haber sido por que ella ingresó unos minutos antes a su casa pudo haber caído sobre su cabeza, relata la entrevistada de alrededor de 70 años.
Se trata del lujoso edificio Lofts Tribeca en la avenida Pablo Neruda 4128 que Agustín Espinosa Ron -el suegro y socio de Jesús Gallegos Álvarez, extitular de Turismo- construye en completa impunidad en una de las zonas de mayor plusvalía de la Zona Metropolitana de Guadalajara, cercana a la colonia Colinas de San Javier.
Los planes parciales de la zona establecen vivienda y comercio de uso habitacional, con casas que no superan los dos pisos y espacios amplios para cada vivienda.
Pero Espinosa Ron ha hecho todo para que su edificio de 10 pisos, 38 departamentos y 140 espacios de estacionamiento quepan en un terreno estrecho, que está a nombre de su hija Laura Leonor Espinosa Peña, quien ha promovido todo tipo de juicios para seguir avante en su negocio ilegal.
Su imponente obra no solo se construye con licencias apócrifas, sino que ha dañado de manera grave las estructuras de las casas aledañas.
Pues de manera ventajosa la constructora Imber –encargada de la obra- metió infraestructura por debajo de las casas de sus vecinos, con herramientas que se utilizan en la minería, y con ello generó los cimientos para el edificio, que tiene tres sótanos de estacionamiento.
Desde hace año y medio los vecinos de la zona no pueden con el incesante ruido de la máquinas, el movimiento abrupto de tierras, el tráfico que generan los camiones y pipas de cemento y ahora el peligro de que algo les pueda caer encima.
Elisa Valencia asegura que su casa está “desbaratada (…) imagínense, todavía no la terminamos de pagar.
“Se decepciona uno del gobierno que tenemos. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las leyes? (…) Ellos trabajan día y noche, hasta sábados y domingos se escuchan ruidos porque están trabajando en los sótanos”, refiere la entrevistada, quien recuerda que el Municipio, con lo poco que puede hacer, está atado de manos.
Por su parte, José Fernández de Castro Jenkins comenta que llegó a Lomas del Valle hace tres años.
Su casa en Rancho Contento era ya demasiado grande para vivir su retiro, por lo que él y su mujer decidieron mudarse a un coto pequeño y cerrado, en una zona de alta plusvalía en una casa de dos pisos, con servicios ad hoc a sus necesidades.
Poco les duró el disfrute de su vivienda, pues al poco tiempo de llegar se fueron enterando que a un costado de su fraccionamiento se iba a construir algo.
Al principio les dijeron en Zapopan que se trataba de una nivelación de terreno, luego se enteraron que era un edificio de 10 pisos; la pesadilla apenas comenzaba.
Construcción, impunidad y negocio
Los vecinos se organizaron hace un año e iniciaron una estrategia legal y presentaron un interdicto para que se detuviera la obra.
Pero la acción resultó contraproducente porque no solamente no se detuvieron las operaciones sino que hasta les pidieron una fianza de más de un millón 400 mil pesos para solventar los daños al constructor.
La obra estuvo parada unos meses hace casi un año.
Pero Laura Leonor Espinosa Peña, dueña del terreno e hija de Agustín Espinosa Ron, promovió un recurso de revisión ante el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) con el expediente 350/2012 y obtuvo del magistrado de la Primera Sala Unitaria, Horacio León Hernández, una suspensión que atenta contra cualquier acto de gobierno.
Pues el magistrado niega a Inspección de Reglamentos, Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, el área de Dictaminación y Obras Públicas, que se le vuelva a clausurar la obra.
El TAE consideró que la licencia H/D-3219-11/N que fue expuesta a escasos días en la fachada de la obra, era suficiente para amparar al constructor que infringía los planes parciales.
Esa licencia fue firmada por Ramón Aguilar, Miguel Arellano y María Fernanda Bosh, quien era directora de Control del Ordenamiento Territorial y recientemente fue removida de su cargo acusada de corrupción.
El propio Ayuntamiento de Zapopan inició un juicio de lesividad en agosto de 2012 en contra del permiso que había emitido el área de Obras Públicas, pero el juicio se encuentra parado, informan los vecinos.
“Son gente del mal. Es dinero corrupto, dinero cochino. Esa gente que se las da de mucha sociedad, honorable, prestigiada, gente exitosa; cualquiera es exitoso cuando el dinero no le cuesta”, considera José Fernández de Castro, quien responsabiliza a la familia Espinosa Peña de cualquier cosa que le pueda suceder por exponer su caso.
Para el entrevistado este tipo de proyectos tienen “un costo de oportunidad altísimo que lo único que genera es discordia y enfrentamiento entre particulares y autoridades que no conducen mas que a la frustración”.
Hasta el momento el edificio sigue construyéndose, causando daños en las fincas aledañas, el verdadero problema vendrá cuando la autoridad determine si otorga o no la habitabilidad del edificio.
El gobierno de Zapopan a cargo de Héctor Robles Peiro deberá decidir: desarrollo y corrupción, frente a legalidad y calidad de vida de sus ciudadanos.
Espinosa Ron, ligado al lavado de dinero
La impunidad con la que el ingeniero Agustín Espinosa Ron se mueve en el mundo de la construcción muestra la corrupción con la que operan las áreas de Obras Públicas de los gobiernos locales.
Además su yerno, Jesús Gallegos Álvarez, no solo perteneció al gabinete estatal en la Secretaría de Turismo, también su hija Ana Lucía Espinosa es parte de la nómina
Espinosa Ron formó parte de los negocios inmobiliarios de la familia Sánchez Garza, dueños del restaurante bar Barbaresco, y fraccionamientos como Pontevedra y Zotogrande, y acusados por autoridades estadounidenses de formar parte de la red de lavado de dinero del capo Rafael Caro Quintero.
Espinosa Ron aparece como apoderado “general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración” en la compra venta del Lote 15 del fraccionamiento Pontevedra, efectuada el 14 de junio del 2004 (véase el Triángulo del Lavado, de la edición 285 de Reporte Indigo).
Dicho fraccionamiento fue señalado por el Departamento del Tesoro del Estados Unidos como uno de los negocios de Caro Quintero, quien se encuentra encarcelado en Puente Grande desde hace 28 años.
