La actual Legislatura del Estado de Jalisco que está siendo acusada de haber violado flagrantemente las leyes locales al haber renovado de forma irregular el Consejo de la Judicatura, será la misma que estará a cargo de la revisión y autorización final de la que será la nueva Constitución estatal.
Como lo han señalado instancias de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y asociaciones de abogados, los legisladores de Jalisco violaron las leyes e incluso la Constitución vigente del Estado al haber colocado en el Consejo de la Judicatura a tres nuevos consejeros que habían reprobado el examen de conocimientos que se les aplicó previamente.
Los pronunciamientos que han emitido al respecto la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco y el Consejo de Colegios de Abogados del Estado, son claros en señalar el proceder ilegal del Congreso jalisciense, en una operación que estuvo encabezada por las bancadas del partido Movimiento Ciudadano y PAN.
Al respecto, señaló dicha Federación: “La Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco expresa su indignación a la manera arbitraria e ilegal en la que, en días pasados, en horas de la madrugada, se designó a las dos consejeras y un consejero del Consejo de la Judicatura. El proceso estuvo plagado de ilegalidad, ineficacia, falta de rigor y profesionalismo, así como de falta de respeto a las reglas que el propio Congreso había establecido para la elección de los nuevos consejeros. Con ello, se violó abiertamente la Constitución Política del Estado de Jalisco y se ignoraron los principios básicos que deben regir la elección de los servidores y funcionarios públicos del Poder Judicial”.
El Consejo de Colegios, por su parte, hizo señalamientos igual de graves contra el Congreso local: “quienes integramos el Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco , expresamos nuestra más profunda preocupación por la manera tan arbitraria en que algunos diputados integrantes del poder legislativo, designaron a dos consejeras y un consejero del Consejo de la Judicatura. Creemos que este proceso ha estado envuelto de ilegalidad”.
El Colegio incluso señala que: “este proceso fue una abierta y burda simulación que pone en peligro la imparcialidad, independencia, rigor y excelencia del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco”.
Pese a ello, el marco jurídico que diseñó el Congreso local en 2019 para regular la expedición de la nueva Constitución de Jalisco (que incluyó una reforma constitucional y una Ley Reglamentaria), prevé que sean estos mismos legisladores los que tendrán la última palabra sobre el futuro texto constitucional del Estado, no obstante este precedente de ilegalidad en su actuar.
Desaseo legislativo en Constitución
De acuerdo con el nuevo artículo 117 bis que fue incluido en la Constitución estatal en 2019 para normar la creación de una nueva Constitución local, el órgano Constituyente deberá presentarle su propuesta de nuevo texto constitucional al Congreso del Estado, así lo señala en su fracción VII:
“El Congreso Constituyente, al término de sus sesiones, presentará el resultado de sus trabajos al Congreso del Estado, con su respectivo diario de los debates, para ser sometido a la aprobación de las dos terceras partes de los diputados que integren la Legislatura y, de aprobarse, se enviará a los ayuntamientos del Estado para su aprobación; si del cómputo efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de los ayuntamientos lo aprueban, se realizará la declaratoria del nuevo texto constitucional y se remitirá al Poder Ejecutivo para su publicación”.
El Congreso local incluso podrá formular cuestionamientos sobre el texto constitucional propuesto: “El Congreso del Estado si lo juzga conveniente podrá hacer observaciones por una sola ocasión al dictamen de nueva Constitución remitido por el Congreso Constituyente, las cuales serán enviadas a éste para su nueva discusión, y que versará únicamente sobre las observaciones realizadas, sin poder alterarse en manera alguna los artículos no observados”.
Lo que resulte de dichas observaciones deberá ser nuevamente remitido al Congreso local para su aprobación definitiva.
Los pronunciamientos que ha hecho en esta materia el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, confirman que su objetivo es que la nueva Constitución sea expedida por la actual Legislatura, donde tiene a dos de sus operadores políticos más importantes: Salvador Caro Cabrera y Héctor Pizano Ramos, miembros de la bancada del MC y quienes encabezaron la maniobra irregular para renovar a la Judicatura.
El 12 de febrero de 2020, cuando la pandemia del coronavirus aún no impactaba a Jalisco, Alfaro Ramírez hizo público que su intención era que los trabajos del Constituyente arrancaran este mismo año: “estamos a unos meses, lo adelanto desde hoy, de que inicie formalmente el proceso de la refundación”; luego llegó el Covid-19 y todo cambió.
La violación constitucional
La Constitución de Jalisco señala en su Artículo 64 que “Los consejeros (de la Judicatura) deberán distinguirse por su capacidad, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y reunir los requisitos exigidos para poder ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad“.
Y precisamente uno de los requisitos que se exigen para ser magistrado es que: “Los aspirantes deberán acreditar un examen teórico práctico de conocimientos jurídicos, para lo cual el Congreso del Estado a través de la comisión legislativa competente deberá solicitar el apoyo a instituciones de educación superior públicas y privadas, y/o a organismos especializados en evaluación, con el seguimiento y vigilancia de representantes de organismos privados y de la sociedad civil;“, según la fracción V, del Artículo 60.
Por eso se afirma que el Congreso violó la Constitución este 19 de junio, al elegir a tres consejeros que no acreditaron el examen teórico, pues obtuvieron menos de los 80 puntos exigidos en la convocatoria, a saber: Claudia Rivera Maytorena, Tatiana Esther Anaya Zúñiga, y Gabhdiel Iván Novia Cruz (la primera cuota del PAN; los otros del MC).
