Constitución CDMX: del papel a la realidad
Hoy entrará en vigor la nueva Carta Magna que regirá la vida en la Ciudad de México y la cual es considerada como una de las más vanguardistas del país, sin embargo, expertos consideran que el verdadero reto, más allá de su promulgación, será que los derechos que defiende no sólo se queden en el papel
Laura Islas[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_8bvmcq54″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] Lo más fácil fue su creación y promulgación. El verdadero desafío de la primera Constitución Política de la Ciudad de México que entra en vigor este lunes 17 de septiembre es lograr que se garantice su cumplimiento.
A más de un año de su publicación en la Gaceta Oficial capitalina (5 de febrero, 2017), este documento finalmente regirá la convivencia y la forma en la que se organizará políticamente la capital del país a partir de hoy.
Y aunque lograr un consenso para su redacción entre los diputados constituyentes y posteriormente resolver las controversias constitucionales de algunos artículos fueron parte de los obstáculos, lo más difícil será hacerla cumplir.
La primera Carta Magna de la capital del país no sólo le cambió el nombre a Ciudad de México, sino que la dotó de mayor autonomía con una nueva estructura política al establecer las nuevas figuras de alcaldes, concejales, órganos del poder judicial y un nuevo Congreso local, lo que la convierte en el estado número 32 de la República
Pero además de otorgarle mayor descentralización y planeación en el ejercicio presupuestal al llamado anteriormente Distrito Federal, una de las características más importantes de esta nueva Constitución considerada de avanzada es la ampliación de los derechos humanos, conocidos como de nueva generación.
Entre estos se encuentran el derecho a una muerte digna; al uso de la marihuana con fines médicos y terapéuticos; el reconocimiento de todas las formas de comunidad familiar; la revocación de mandato en la ciudad, el castigo a toda forma de discriminación; el derecho a los servicios públicos del agua, a un medio ambiente sano, al tiempo libre y a una vida libre de violencia.
Pero nada de esto vale la pena si no avanza más allá del papel, coinciden especialistas, pues el verdadero desafío es cómo se va a llevar a cabo y esto no es algo que suceda de manera automática tras entrar una Constitución en vigor, sino que consiste en una serie de acciones encaminadas a que eso ocurra.
“El gran reto va a ser ese, cómo van a hacer que esos derechos que están ahí en la Constitución, en el papel, terminen siendo una realidad y terminen incidiendo en la vida de las personas que habitan y residen en la Ciudad de México, porque al final de cuentas esto es lo importante.
“De nada sirve tener la Constitución mejor redactada, más bonita y con el más amplio catálogo de derechos si al final de cuentas el día a día de las personas no cambia”
El número de nuevos derechos fundamentales que se tienen en esta Constitución local es mayor incluso que los que están en la Federal, pero sólo están en un plano normativo y para hacerlos efectivos siempre hay elementos implicados como los recursos financieros, humanos e institucionales.
Por ejemplo, hay que crear muchas veces oficinas gubernamentales, procedimientos o mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a este muy amplio catálogo de derechos, señala Martín Reyes.
“En cualquier lugar siempre hay una tensión entre los derechos, que al final de cuenta son como mandatos de optimización y la realidad, que siempre nos permite irnos acercando progresivamente. Hay muchos derechos acotados en la Constitución Federal que todavía no son una realidad y también hay muchos derechos de otras entidades federativas que tampoco son una realidad en México”, agrega.
Tomando en cuenta la Constitución, la nueva administración que llegará al poder el próximo 5 de diciembre, tiene el gran reto de impulsar este tipo de acciones y presentar medidas para alcanzar el cumplimiento de estos nuevos derechos.
“Pensamos muchas veces que si cambiamos las leyes y la Constitución la realidad se va a transformar de inmediato, cuando es todo lo contrario. Sin acciones concretas, sin políticas públicas, sin programas específicos, sin recursos, sin instituciones, sin servidores públicos capacitados, los derechos pueden terminar siendo de papel”, dice el académico del CIDE.
Por su parte, el profesor de la FES Acatlán, de la UNAM, David Morales, señala que para que esta Carta Magna local pase de lo aspiracional a lo utilitario se deben de definir las reglas y esto dependerá del trabajo legislativo y de los acuerdos que generen los coordinadores de bancada.
“Primero necesitamos que el Congreso local sea capaz de llevar leyes operativas, leyes verdaderamente claras en cuanto a su reglamentación, leyes de planeación urbana, leyes de sustentabilidad, leyes que establezcan estos derechos para que sean operables”, dice el profesor de la FES Acatlán.
Sin embargo, el paso del tiempo dirá cómo será la aplicación de esta Ley y si las personas que residen en la ciudad podrán aplicarlas en su vida cotidiana.
Rafael Soler, maestro de tiempo completo de la Universidad La Salle, explica que la principal característica de esta nueva Carta Magna es que pone mucho énfasis en los derechos humanos y en derechos muy peculiares que cuestan y tienen un valor económico.
“Si no los podemos financiar y crear esos bienes en realidad sería un fracaso y acabaría siendo un documento que se queda muerto en el papel y la gente va a dejar de creer en ellos”, dice.
Otro de los puntos que la Constitución aborda y que no le corresponde, dice Soler, es que los capitalinos tengan derecho al tiempo libre, ya que esta situación no le compete a la autoridad, sino que tiene que ver con razones sociológicas, económicas y administrativas.
“Es una Constitución ambiciosa pero que con los simples recursos públicos y los simples elementos del ejercicio del poder no se puede cumplir, y eso podría generar en un futuro desencanto” , explica Soler
Sin embargo considera positivo que ya haya pasado por filtros como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual desechó algunas cosas mientras que otras las avaló.
Derechos de avanzada
La característica más importante de la nueva Constitución de la Ciudad de México es el reconocimiento de ciertos derechos que la hacen enteramente vanguardista y la ponen a la altura de otros países como Francia, Alemania y España.
La nueva Carta Magna local brinda la oportunidad a los capitalinos de elegir una muerte digna, al matrimonio igualitario, al consumo de mariguana con fines médicos, a la integridad de los animales como seres sintientes, así como al reconocimiento de pueblos y barrios originarios
Sin embargo, el que haya entrado en vigor hoy no necesariamente significa que éstos se puedan aplicar de manera instantánea, pues hay ciertas acciones que se tienen que llevar a cabo para poder garantizarlos y las cuales no se consideraron en su redacción.
“Así como es muy bueno tener el reconocimiento de los derechos, es igual de bueno saber cuáles son las herramientas para ejercerlo, la Constitución ahí es donde se queda corta, su carta retórica en cuanto a reconocimientos es brutal, pero es importante que todo lo que dice y todo lo que reconoce se pueda aplicar”
El experto agrega que en la nueva Constitución de la CDMX tampoco se ve que se tomen previsiones, por ejemplo, ¿dónde estará el sustento presupuestario para que los derechos planteados en la Constitución se puedan ejercer? No sabemos los costos en los que va a tener que incurrir el Gobierno capitalino para garantizar precisamente todos esos derechos, explica.
Esto ocurre en el caso de derechos que aún no están reconocidos en la Constitución Federal, como el de una muerte digna. Sin embargo, el especialista en leyes destaca que se puede promover un recurso generalmente de reconocimiento de un derecho invocando a la Constitución local, en este caso a la de la CDMX.
Esto va a impulsar la creación del protocolo o incluso promover las acciones judiciales para que precisamente se desarrollen los mecanismos de cómo ejercer ese derecho, lo que es una parte positiva, mientras que el impacto negativo es cuánto cuesta porque eso no se mide, señala el asesor de Integralia.
“El riesgo es que sí, efectivamente tienes una carta amplia, pero el hecho de que tengas una carta amplia no hace que se cumpla por arte de magia. La crítica principal corre en ese sentido, nadie juzga que sea vanguardista en cuanto a los derechos que establece, pero el problema es que no dice cuáles son los mecanismos para llevarlos a cabo, para respetarlos y para garantizarlos”, revela.
Para Pineda, los tres nuevos derechos que estarán en el punto de mira mediático son el derecho a una muerte digna, el consumo de la mariguana con fines médicos y terapéuticos y el matrimonio igualitario. En el caso de éste último es darle certeza y reconocimiento a este tipo de enlaces que ya se venían realizando.
La nueva Constitución de la Ciudad de México es una de las más progresistas en el país, sin embargo, su elevado nivel de retórica pone en duda qué tantos de estos nuevos derechos se podrán llevar a la práctica realmente
En conclusión, Pineda señala que los desafíos de esta nueva Carta Magna son la fuerte carga retórica que tiene en el texto; cómo se va a aplicar, cuál va a ser el sustento presupuestario; así como cuál será el papel que desempeñen las alcaldías, una nueva figura que intenta imitar a la de los municipios en las entidades federativas.
Nueva organización política
La Ciudad de México no sólo establece derechos vanguardistas, sino que también trajo consigo una nueva estructura política cuyo ordenamiento tiene hasta el 31 de diciembre del 2020 para adecuarse.
El cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México es tan sólo una de las modificaciones que se hicieron gracias a la nueva Constitución de la CDMX, ya que las delegaciones pasaron a ser alcaldías y también se agregó la figura del concejal
Hoy, además de entrar en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, también se instala el primer Congreso capitalino y se entrega el último informe de gobierno del sexenio que está a punto de terminar.
Mientras que las normas del poder Ejecutivo entrarán en vigor el próximo 5 de diciembre, cuando Claudia Sheinbaum asuma la Jefatura de Gobierno; las del Poder Judicial lo harán hasta junio del 2019.
Las del Consejo Judicial Ciudadano y el Consejo de la Judicatura entrarán en vigor el 1 de octubre del 2018, en tanto las de la Sala Constitucional lo harán a partir del próximo 1 de enero del 2019.
Aunque uno de los cambios más notables es la modificación del nombre de Distrito Federal a Ciudad de México, esto implica mucho más que una cambio de nombre, ya que busca dar una mayor descentralización y autonomía a la capital del país.
Otro de los cambios que establece esta Constitución es que las delegaciones pasarán a ser alcaldías y existirá la figura del concejal, con lo cual se busca generar una estructura similar a la que existe en los estados de la República con los municipios y sus cuerpos de cabildo (Presidentes municipales, síndicos y regidores).
“Las alcaldías vienen a dar una mayor descentralización a la administración pública y al gobierno de la Ciudad de México porque les otorga mayores facultades”
Esta sustitución hace que los jefes delegacionales pasen a ser alcaldes, y éstos sean acompañados de un concejo que los auditará y guiará en su nueva labor, dice Luis Pineda, director jurídico de Integralia.
“La pregunta en todo caso será si efectivamente estos concejos harán que funcione de mejor forma lo que ocurre al interior de lo que ahora conocemos como delegación. La parte negativa es que al tratar de asemejarlos se hizo una figura híbrida y no sabemos cuáles van a ser los resultados hasta no verlos en funcionamiento”, agrega.
Este cambio ya se vio reflejado en las elecciones del pasado 1 de julio, cuando fueron electos 16 alcaldes, quienes al igual que los delegados tendrán una duración en el cargo de 3 años y podrán reelegirse un periodo más
Ese día también fueron electos los 66 miembros del primer Congreso local de la Ciudad de México, de los cuales 33 fueron elegidos por mayoría relativa y 33 por representación proporcional.
