“Aún atestiguamos procesos cerrados en donde las designaciones se convierten en moneda de cambio política. Al día de hoy, los procesos de designación se regulan mediante acuerdos con reglas poco claras (…), sin participación ciudadana sustantiva y nula rendición de cuentas por parte de quienes toman las decisiones”
Organizaciones, académicos y activistas están por presentar una propuesta de ley para reglamentar los procedimientos de selección que recaigan en el Congreso de la Unión, para garantizar que se realicen con transparencia y responsabilidad
“Nuevamente en entredicho la selección de los consejeros electorales; nuevamente en entredicho a qué personalidades o a qué afinidad política van a representar, lo que hacen de entrada árbitros inequitativos”
Las tres principales bancadas de la Cámara de Diputados han estado en negociaciones para decidir cómo se definirán los tres lugares en el INE, dejando fuera a las bancadas más pequeñas
Los tres consejeros seleccionados entrarán en funciones el 5 de abril y concluirán su encargo 9 años después, el 4 de abril del 2026
Para la elección de este primer remplazo se abrió una convocatoria a la que respondieron 151 personas, quienes fueron evaluadas por un Comité Técnico de Evaluación
La historia conocida –y criticada- se repite nuevamente: los espacios que se abrirán en el Instituto Nacional Electoral (INE) se repartirán entre los principales partidos políticos; pero, como siempre, no todos entran en el reparto.
Este viernes se vence el plazo para que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pase el nombre de los tres elegidos a la Mesa Directiva para que los someta a votación el martes 3 de abril. Incluso, se dice que el acuerdo puede llegar antes, el próximo miércoles 29 de marzo.
Sin embargo, también podría ocurrir que los diputados no lleguen a un acuerdo y se posponga la decisión, dejando sin tres consejeros electorales al INE.
El nombramiento sucederá en el seno de la Junta de Coordinación Política, el órgano legislativo que aglomera a los coordinadores de las ocho bancadas, pero en el que no todos los votos valen lo mismo.
El voto ponderado de los coordinadores, en el que el número de diputados que representa define el peso de su sufragio, es el que tiene ahora empantanada la decisión sobre quiénes serán los tres consejeros electorales.
Aunque en un principio se dijo que el reparto de cuotas sería de un consejero para el PRI, uno para el PAN y uno para el PRD, ahora el tricolor pretende hacerse con dos de los tres espacios en el INE.
Ninguno de los partidos más pequeños tendrá participación en la decisión. Algunos de los aspirantes más fuertes tienen un pasado relacionado con alguno de los tres principales partidos políticos, que estarán eligiéndolos (PRI, PAN y PRD).
Mientras esto ocurre, desde la sociedad civil ya se prepara una iniciativa de ley para la realización efectiva de procesos de designación transparentes.
El relevo
Este 4 de abril, los consejeros Beatriz Galindo, Arturo Sánchez y Javier Santiago terminarán su periodo como consejeros electorales.
Son los primeros tres miembros del Consejo General del INE que terminan el periodo para el que fueron electos.
Como parte de la reforma político electoral, el 3 de abril del 2014 la Cámara de Diputados nombró a los 11 consejeros que formarían parte del recién creado INE.
Tres de ellos –Galindo, Sánchez y Santiago- fueron electos por tres años; Marco Baños, Enrique Andrade, Alejandra Pamela San Martín y Benito Nacif, por seis años; y a Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama, se les asignaron nueve años.
Para la elección de este primer reemplazo, se abrió una convocatoria a la que respondieron 151 personas, quienes fueron evaluadas por un Comité Técnico de Evaluación.
Este Comité estuvo conformado por siete personas -3 representantes de la Cámara de Diputados; dos, nombrados por el INAI; y dos, por la CNDH-, quienes revisaron los expedientes y aplicaron evaluaciones a los aspirantes.
Sin dar a conocer el resultado de dichas evaluaciones, el Comité entregó una lista de 15 finalistas, agrupados en tres quintetas, de las que deberán salir los tres nuevos consejeros.
La decisión recae en la Junta de Coordinación Política, donde están los coordinadores de las ocho bancadas de la Cámara baja y a la que acuden con voto ponderado –es decir, el peso de los votos está determinado por el número de diputados que representa-.
El PRI tiene una bancada de 207 diputados; el PAN, de 109; el PRD, de 61; el PVEM, 41; Morena, 36; Movimiento Ciudadano, 22; Nueva Alianza, 11; y Encuentro Social, 10. En la Jucopo no participan los 2 diputados sin partido ni el diputado independiente.
La mano la llevan el PRI y sus aliados –el PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social-, ya que entre todos tienen 269 legisladores, esto es, el 54 por ciento del total; por mucho, el del tricolor es el voto ponderado más poderoso de la Cámara baja.
Los tres consejeros seleccionados entrarán en funciones el 5 de abril y concluirán su encargo 9 años después, el 4 de abril del 2026.
Jaloneos por nombramiento
El voto ponderado de los miembros de la Jucopo, aunado a la crisis que vive el PRD y el crecimiento de AMLO en las preferencias electorales, han hecho de la elección de estos consejeros electorales se convierta en un asunto de máxima importancia para los partidos.
El Consejo General del INE al que se añadirán la próxima semana los tres nuevos consejeros será el que esté en funciones en las elecciones del 2018.
Es por ello que las tres principales bancadas de la Cámara de Diputados han estado en negociaciones para decidir cómo se definirán los tres lugares en el INE, dejando fuera a las bancadas más pequeñas.
“Nuevamente en entredicho la selección de los consejeros electorales; nuevamente en entredicho a qué personalidades o a qué afinidad política van a representar, lo que hacen de entrada árbitros inequitativos”, criticó Rocío Nahle, coordinadora de la bancada de Morena.
El PRD ha tenido que empujar fuerte para que se mantenga el acuerdo inicial de que se le dé la posibilidad de decidir uno de los tres nombramientos.
A esto se suma que las preferencias de algunas bancadas son vetadas por las otras dos, lo que complica el escenario.
Entre los aspirantes más sonados están Flavio Galván, quien fuera magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quien es impulsado por el PRI.
Galván ha sido acusado de favorecer al PRI en distintas ocasiones. Por un lado, en 2009 hubo denuncias contra Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, que había sido acusado de realizar actos de promoción rumbo al 2012; Galván dijo que no podía haber promoción anticipada porque aún no había proceso electoral.
Flavio Galván también ha sido acusado de tener cercanía por el PRI por haber redactado, en 2011, el proyecto para avalar la elección de Eruviel Ávila como gobernador del Estado de México, a pesar de haber múltiples cuestionamientos sobre el supuesto rebase de los topes de campaña.
Otra de las aspirantes que tiene posibilidades de ser electa es Carla Humphrey, quien fuera consejera electoral del Distrito Federal pero que, por ser exesposa de Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, se le acusa de tener un vínculo con ese partido.
Humphrey ha contendido ya para ser consejera electoral del INE, en el 2014, y en 2016 para ser magistrada del TEPJF. Es apoyada por el PAN.
Por el PRD se ventilan como opciones a Carlos Ángel González, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México; y Elizabeth Bautista, consejera electoral de Oaxaca, estado del que es oriundo Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara baja.
Los aspirantes que se impulsan desde estos partidos no tienen el visto bueno de los otras dos fracciones, lo que ha complicado la negociación que podría extenderse hasta el 4 de abril, fecha en que deben ser votados los nombramientos; o aún más tiempo, dejando incompleto al órgano electoral.
Sociedad pide transparencia
La falta de un proceso claro, abierto y transparente que permita saber los criterios por los que se elige a una u otra persona para ejercer un cargo público ha provocado que desde la sociedad civil se alce la voz pidiendo procesos más abiertos que den certeza de que se escoge a los mejores, y no a quienes pagan favores a algún grupo político.
Francisco Rojas Choza, coordinador del Observatorio Electoral de Strategia Electoral, un laboratorio de análisis de temas electorales y de transparencia, consideró que en este proceso para elegir a los nuevos consejeros del INE fue un error quitarle al comité técnico de evaluación la facultad de decidir cómo se evaluaría a los aspirantes y dejarlo en manos de la Jucopo.
Sin embargo, afirmó, el procedimiento todavía no tiene resultados definitivos; aún hay tiempo para corregir errores de procedimiento.
“La falta de transparencia genera suspicacias y dudas, que no tendrían por qué afectar al INE como institución, ni mucho menos la legitimidad de sus decisiones, pues aún estamos a tiempo de que se designen a personas que pueden ejercer su función en apego a los principios rectores de la función electoral (…).
“Serán dos elecciones presidenciales en las que serán parte quienes sean designados o designadas en los próximos días. Me parece que una vez más tiene múltiples áreas de oportunidad. Es necesario que se trabaje en la publicidad de las distintas etapas para certeza de los actores y de la sociedad en general. Resulta paradójico que el procedimiento de designación de consejeros y consejeras de los Organismos Públicos Locales Electorales, realizado por el INE, sea por mucho más transparente que el de sus consejeros”, criticó Rojas en entrevista.
Organizaciones, académicos y activistas reunidos en el Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas, están por presentar una propuesta de ley para reglamentar los procedimientos de selección que recaigan en el Congreso de la Unión, para garantizar que se realicen con transparencia y responsabilidad.
“Aún atestiguamos procesos cerrados en donde las designaciones se convierten en moneda de cambio política. Al día de hoy, los procesos de designación se regulan mediante acuerdos con reglas poco claras, sin certeza en los tiempos y etapas, carentes de criterios públicos, sin participación ciudadana sustantiva y nula rendición de cuentas por parte de quienes toman las decisiones”, afirma Designaciones Públicas en el anuncio de su iniciativa.
Estas circunstancias, continúa, debilitan y ponen en juego a las instituciones democráticas, por lo que se vuelve urgente que se establezcan métodos, parámetros y altos estándares que permitan que lleguen a los cargos públicos las personas más preparadas para ello y no quienes tengan cercanía o afinidad con algún partido o grupo político.
“Desde Designaciones Públicas estamos construyendo una propuesta de ley que ponga punto final a la captura de las instituciones democráticas en México mediante la realización efectiva de procesos de designación transparentes, abiertos y participativos”, sostiene el Observatorio.
En la elaboración de esta propuesta trabajan Fundar, Centro de Análisis e Investigación; y Artículo 19.