“No se trataba de investigar sobre la licitud o ilicitud de la prueba, la investigación tendría que saber si se acreditaba si había ocurrido. Una prueba ilícita no quiere decir que los hechos no sean materia de investigación”
“Es un modelo equivocado pretender que el INE pueda fiscalizar todo lo que hay en una elección. Imaginemos en el 2018, son 30 elecciones locales más la federal, en 37 días. El modelo es ingenuo, totalmente insuficiente”
En la sesión extraordinaria realizada este viernes en el Consejo General del INE se ha solicitado realizar un receso y reiniciar actividad el lunes a las 10 de la mañana. La sesión tiene como objeto aprobar el dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización respecto de las irregularidades encontradas en las elecciones a gobernador, diputados locales y ayuntamientos, en junio pasado.
En cuanto a los dictámenes de fiscalización de los partidos políticos, algunos consejeros se han pronunciado en contra de que las investigaciones se queden a medias por “cumplir” con el plazo de revisión, antes de que sean entregados al Tribunal Federal y a los órganos electorales estatales.
En una elección en la que se eligieron 533 cargos de elección popular, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha demostrado no ser capaz de fiscalizar a profundidad las quejas surgidas de las elecciones, a un año de que se celebren elecciones presidenciales, en el Congreso y en gubernaturas de estados de la República.
El plazo de 37 días para realizar la fiscalización es insuficiente, comenta el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde. “El tema es que tienen 37 días para entregar todo y no hay poder humano que pueda con todo esto. Por lo tanto, en ocasiones son solamente procedimientos que se hacen por cumplir, sin ir al fondo de las cosas. Esa es una de las debilidades de este sistema centralizador. En el IFE sólo se fiscalizaban las elecciones federales.”, agrega.
Con la reforma electoral del 2014, la atribuciones del INE crecieron, debido a que se le encomendó la responsabilidad de ser árbitro de los gastos de campaña en las elecciones a nivel federal, estatal y municipal.
El punto en común de los consejeros Pamela San Martín Ríos, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña, es que ha existido poca profundidad en las investigaciones y los resultados han sido escuetos.
La consejera Pamela San Martín puso sobre la mesa que la Comisión de Fiscalización aprobó dictámenes insuficientes y de poca profundidad. Mencionó que es preocupante que se hayan limitado, en el caso de los videos en los que la exdiputada de Veracruz, Eva Cadena, recibía supuesto financiamiento para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, a mencionar que las grabaciones eran pruebas ilícitas por no tener certeza de si fueron montajes.
“No se trataba de investigar sobre la licitud o ilicitud de la prueba, la investigación tendría que saber si se acreditaba si había ocurrido. Una prueba ilícita no quiere decir que los hechos no sean materia de investigación”, argumentó la consejera San Martín.
En el caso de las elecciones a gobernador del Estado de México, se discutió la queja de que un programa social habría beneficiado a representantes de casilla, entre los que se encontraban un 20% del total de representantes por parte del PRI; aunque dentro de ese mismo programa había representantes de otros partidos, la conclusión del dictamen no daba por hecho una irregularidad.
Al respecto, el consejero Ruiz Saldaña expresó que hacía falta exhaustividad en la investigación, debido a que fueron repartidas tarjeta con depósitos provenientes de dicho programa social. La consejera San Martín enfatizó que el porcentaje no es menor, y que era necesario no votar a medias una investigación.
¿Qué esperar en 2018?
La fiscalización es un instrumento que solamente detecta una parte de lo que ocurre en las campañas porque se basa en los informes que entregan los partidos, explica Ugalde. “Por razones obvias presentan una porción mínima de los gastos realmente ejecutados”, agrega el exconsejero.
Los recursos que no son informados al INE, como el dinero en efectivo inyectado a campañas o lo entregado en especie por apoyo de empresarios, cultivan que exista una distorsión de la legalidad contra la realidad.
“Es un modelo equivocado pretender que el INE pueda fiscalizar todo lo que hay en una elección. Imaginemos en el 2018, son 30 elecciones locales más la federal, en 37 días. El modelo es ingenuo, totalmente insuficiente”, expresa Ugalde.
En conclusión, para el exfuncionario electoral, en el 2018, se espera una elección en la que se gaste mucho dinero y se rebasen topes en campañas. Si el INE no logra comprobar esos recursos que no son presentados, no podrá ejercer sus facultades para sancionar las prácticas indebidas por parte de los partidos políticos que contiendan.
