Por fin, ley contra tortura

Después de meses de discusión y de un estira y afloja entre el Ejecutivo, los legisladores y la sociedad civil, finalmente el Congreso de la Unión aprobó la Ley General contra la Tortura para castigar a quienes apliquen algún tipo de coacción física o psicológica a cambio de una confesión criminal, a fin de obtener una prueba o como un simple castigo.

Ahora, la información que se consiga por medio de esta práctica no podrá ser tomada en cuenta en los procesos judiciales contra una persona.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que las penas podrían llegar hasta los 30 años de prisión para los servidores públicos que practiquen la tortura, delito que ahora se perseguirá de oficio, por denuncia o por vista de la autoridad.

Además señala que no solo los perpetradores de actos de tortura serán culpables.

“Los superiores jerárquicos (policiales) serán considerados autores del delito de tortura en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable”, establece el dictamen aprobado ayer por el Senado.

Se estipula, además, que el delito será imprescriptible, por lo que alguien que haya sido señalado de cometer la falta puede ser juzgado aunque haya terminado su cargo público o pasen varios años; y no aplicará la libertad condicionada.

La nueva legislación agrega que los particulares cometerán este delito cuando actúen con la autorización de un servidor público o cuando participen en actos de tortura.

Las penas para los funcionarios serán de entre 10 y 30 años de prisión, y de 500 a mil días de multa. Mientras que para los particulares el castigo irá de los seis a los 12 años de prisión, y de 300 a 600 días multa.

Para darle seguimiento al delito, se crearán fiscalías especiales en las instituciones de procuración de justicia de los estados, además de que habrá un registro nacional de todos los casos de tortura denunciados e investigados.

El Senado aprobó finalmente esta ley, tras un cambio realizado por la Cámara de Diputados, que eliminó una cláusula que señalaba que los policías debían utilizar forzosamente un dispositivo con GPS que hiciera posible rastrear su camino entre una detención y la puesta en disposición de las autoridades.

En México, delito impune

Era 2 de febrero del 2011 cuando “Violeta” –nombre ficticio- fue detenida por un grupo de hombres vestidos de civil y con armas largas, en la ciudad de Ensenada, Baja California. La encañonaron y la bajaron de su auto; ella obedeció. La subieron a una camioneta donde la encapucharon y se la llevaron.

Horas más tarde la bajaron del auto y la encerraron en un cuarto. Al quitarle la capucha, vio que estaba en un cuartel militar. Los militares la acusaban de ser distribuidora de droga.

Uno de ellos le cortó la muñeca y amenazó con cortarle la mano. Le amarraron los pies, la acostaron en el suelo, le pusieron un trapo en la cara y le echaron agua. Ella negaba las acusaciones.

Le colocaron entonces una bolsa de plástico en la cabeza y la acostaron en un colchón; la envolvieron en una cobija y la golpearon. Luego le dieron toques eléctricos en la planta de los pies. Finalmente, tres de sus verdugos la violaron.

Fue hasta 10 horas después que los militares la entregaron al Ministerio Público. La arraigaron por 40 días y luego la encarcelaron. Siete meses después, un juez la declaró inocente y la absolvió. La tortura y el encierro, sin embargo, ya habían destrozado la vida de “Violeta”.

Casos como este –relatado en la recomendación 52/2012 de la CNDH- existen cientos más que han merecido la atención de las autoridades.

Empero, se calcula que por cada cien casos de tortura, solo siete se denuncian; y de ellos, solo una mínima parte encuentra justicia.

Juan Méndez, el relator especial de la ONU contra la tortura, ha levantado polvo en el país cada vez que asegura que, en México, esta prática es un problema generalizado.

“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia, son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, dijo Méndez en 2015. El relator especial repitió su apreciación este año.

Para Méndez, uno de los problemas más graves sobre la tortura es la impunidad que la rodea, pues el 99.6 por ciento de los delitos de tortura no fueron castigados.

Según cifras del propio relator, dadas a conocer en febrero pasado, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura emitió solo 19 órdenes de aprehensión derivadas de los 4 mil 715 expedientes de averiguación previa que tiene al respecto.

Dolores Padierna, coordinadora de la bancada del PRD, dijo en tribuna que entre el 2005 y 2013 solo se dictaron cuatro sentencias condenatorias por este delito.

Las torturas que más se aplican en México son los golpes, la asfixia, la violencia sexual, las descargas eléctricas, amenazas de muerte y otros martirios psicológicos.