En este último año de trabajos, la 63 Legislatura tiene varias nuevas leyes y reformas que debe aprobar antes de que sea alcanzada por los tiempos políticos de la sucesión presidencial del 2018
Mientras que el PRI habla de la posibilidad de encabezar la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva en el Senado, los partidos de Oposición han argumentado que el tricolor no puede liderar los dos órganos simultáneamente
El ambiente electoral y la posible conformación de un Frente opositor han provocado que las negociaciones se vuelvan más densas en temas que podrían irse a la congeladora hasta finales del año próximo
Entre los temas pendientes por desahogarse en el Congreso están la Ley de Seguridad Interior, el mando único policial, la Ley Contra la Desaparición Forzada y el paquete económico del próximo año, entre otros
Seguridad, justicia, presupuesto, renegociación del TLCAN, nombramientos; los pendientes del Congreso de la Unión se acumulan por decenas, cuando está por comenzar el último año de la 63 Legislatura.
Y no se trata de cualquier año legislativo. Es el previo no solo a la sucesión presidencial, sino a la elección más grande en la historia de México, en la que se disputarán 3 mil 416 cargos públicos.
El 1 de julio del 2018 habrá elecciones para elegir al nuevo presidente de la República; 500 diputados federales; 128 senadores; 8 gobernadores; 982 diputados locales; mil 596 integrantes de Ayuntamientos; y 24 juntas municipales en Campeche.
En la Ciudad de México, además, se elegirá al nuevo Jefe de Gobierno; 16 alcaldes y 160 concejales.
Esta circunstancia determinará el destino de varias reformas y leyes que han estado empantanadas durante meses o incluso años.
Con un proceso electoral tan complejo en puerta, las negociaciones se encarecen y las bancadas procuran amarrar –o desamarrar- acuerdos que les beneficien para hacer alianzas con otras fuerzas políticas o proyectar una buena imagen al electorado.
Es el momento en que los legisladores federales del país encarecen su apoyo y sus votos.
Los temas pendientes por desahogarse en el Congreso mexicano no son reformas menores.
Se trata de temas como la Ley de Seguridad Interior, el mando único policial, la ley contra la desaparición forzada, la ley que castiga el robo de hidrocarburos, la reglamentación de los gobiernos de coalición y los que cada bancada determine.
A esto se suma el paquete económico del próximo año y el nombramiento de decenas de funcionarios que deben pasar por el filtro del Legislativo.
Todo esto tendría que ser estudiado y aprobado a más tardar en diciembre próximo pues aunque todavía quedará un periodo ordinario de sesiones, decenas de legisladores pedirán licencia para competir en la elección del 1 de julio, lo que dejará el último tramo con una Legislatura de suplentes, sin margen para decidir sobre temas importantes.
Ya desde ahora se empieza a sentir el endurecimiento en las posturas de los grupos parlamentarios.
El ambiente electoral y la posible conformación de un Frente opositor han provocado que comiencen los amagos y las negociaciones se vuelvan más densas en temas que podrían irse a la congeladora hasta finales del año próximo, cuando ya esté en funciones la 64 Legislatura.
Endurecen posiciones
“Ya es el año de la sucesión presidencial; vamos a hacer valer lo que somos en la Cámara de Senadores”, sentenció Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI.
La expresión fue dicha al hablar de la posibilidad de que el PRI encabece tanto la Junta de Coordinación Política –máximo órgano de decisión- y la Mesa Directiva –máximo órgano de representación- del Senado de la República.
Esto ha despertado el rechazo de la Oposición, que argumentan que un mismo partido no puede encabezar los dos órganos al mismo tiempo.
Los priistas, se inclinan por quedarse con la presidencia de ambos, lo que les daría control de los recursos y las decisiones políticas del Senado.
“En el PAN no estamos mancos; no nos vamos a dejar ni amedrentar, ni vamos a hacer caso de sus bravuconadas”, respondió a Gamboa el senador Fernando Herrera, coordinador de los panistas.
Este tema resume el ambiente ríspido que hay hoy al interior del Poder Legislativo mexicano.
Al tricolor le corresponde también dirigir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con lo que tendría el control de ambas Cámaras del Congreso.
Hasta el periodo de sesiones pasado, que concluyó en abril pasado, las bancadas se mantenían abiertas a discutir algunos temas y, aunque había posiciones encontradas para ciertas leyes o reformas, los canales de negociación fluían.
Ahora, conforme se acerca el banderazo del proceso electoral del 2018, se ve más complicado que los temas difíciles puedan transitar en su paso legislativo.
Un ejemplo es la definición del PAN de no acompañar el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República, que algunos senadores del albiazul estaban inclinados a aceptar.
Sin embargo, como Acción Nacional está en negociaciones con el PRD para formar un frente opositor al PRI y a Morena, el partido ordenó a sus legisladores oponerse a como dé lugar a esta medida.
Este jaloneo se intensificará en temas delicados, como la Ley de Seguridad Interior; o que puedan traer apoyos o rechazos a ciertas fuerzas políticas.
A la conformación de este frente opositor se suma el rompimiento que se vislumbra entre el PRI y el PVEM, cuya fractura puede afectar también los acuerdos políticos no solo rumbo a las elecciones, sino en el Legislativo.
A la negociación entra también la asignación de recursos económicos para el 2018. Mientras se discuten reformas y nuevas leyes, se hará también el reparto del dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.
El periodo de sesiones que comenzará este viernes 1 de septiembre y culminará el 15 de diciembre próximo, será la última oportunidad para aprobar los pendientes más difíciles de esta Legislatura.
Y no solo de los congresistas. Será también la última oportunidad del presidente Enrique Peña Nieto para concretar las reformas y leyes secundarias que le faltan, antes de que termine su sexenio, el 30 de noviembre del 2018.
De no lograrlo, es muy improbable que en el último periodo de sesiones –del 1 de febrero al 30 de abril del 2018- los asuntos pendientes puedan salir adelante, pues ya toda la clase política del país estará volcada en el proceso electoral.
En las semanas por venir se complicará también el análisis a fondo de los asuntos polémicos. El cálculo político para generar el mayor beneficio posible para sí o sus partidos, o evidenciar a los adversarios políticos, será la principal motivación de los legisladores.
El Congreso entra este viernes a sus últimos dos periodos de sesiones a contrarreloj. Mientras el reloj avanza, el clima político se irá enrareciendo y hará más complicado destrabar reformas y nuevas leyes que no han logrado consensos en meses o años.
Los pendientes
Informe presidencial
El Congreso de la Unión recibirá el 1 de septiembre el quinto informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Tanto senadores como diputados deben no solo recibir el documento, sino analizarlo y llamar a los secretarios de Estado a rendir cuentas sobre el estado del país.
Este análisis lleva a las comisiones legislativas al menos dos meses, tiempo en el que los demás temas continúan negociándose.
Paquete económico 2018
A más tardar el 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda debe entregar al Congreso de la Unión el Paquete Económico del próximo año.
En él están contenidos la Ley de Ingresos, donde se establecen los nuevos impuestos –si los hay- y la forma que tendrá el Ejecutivo de hacerse de recursos económicos el próximo año; y el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se propone el reparto del dinero público en el 2018.
La Ley de Ingresos debe ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre para enviarla al Senado, que debe darle luz verde a más tardar el 31 de octubre.
El Presupuesto corresponde analizarlo y aprobarlo a la Cámara de Diputados y debe hacerlo a más tardar el 15 de noviembre.
Ley de Seguridad Interior
Pretende ser el marco legal de la actuación de las Fuerzas Armadas; no solo en tareas de seguridad pública, sino en todas sus intervenciones sociales.
Es una de las leyes más polémicas. Organizaciones civiles se han opuesto a que sea aprobada esta legislación porque consideran que se dará un cheque en blanco al Ejército y la Marina, a pesar de tener tantas denuncias por no respetar los derechos humanos.
Las Fuerzas Armadas han presionado al Congreso para que esta ley contenga la disposición de que abandonen las tareas de seguridad pública y se privilegie la conformación de fuerzas civiles del orden.
Las bancadas del PRI y del PAN han propuesto que se establezcan condiciones claras de cuándo deben asumir esas labores, y también establecer plazos para que vayan regresando a sus cuarteles.
Esta nueva ley se construye y se discutirá en la Cámara de Diputados. El debate del tema lleva casi un año en comisiones; de ser aprobada por el pleno, se enviará al Senado para su revisión.
Modelo policial
De la mano de la Ley de Seguridad Interior, los diputados discutirán el mando mixto policial, que establece el mando único en ciertas circunstancias y la existencia de las policías locales en otras.
El presidente Enrique Peña Nieto propuso la transformación del modelo policial para que se instituyera el mando único, en el que solo existiría un cuerpo policial por estado, que estaría al mando de una sola persona.
Sin embargo, la iniciativa fue modificada en el Senado. A propuesta del PAN, el mando único se convirtió en mando mixto, definiendo en qué casos habría un mando único y en qué casos se podría conservar a los cuerpos locales de policía.
Esta reforma fue aprobada por el pleno del Senado en junio del 2016, en un periodo extraordinario. Fue enviada a la Cámara de Diputados, donde no ha sido aprobada ni siquiera por las comisiones legislativas porque el PRI insiste en que se regrese al mando único.
Revisión del Sistema de Justicia
A un año de su entrada en vigor, los legisladores ya preparan una revisión del Nuevo Sistema de Justicia Penal para, por lo menos, sumar otros delitos a los que ameritan prisión preventiva.
Presionados por gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso podría modificar la legislación para establecer que quienes cometan delitos como el robo de combustibles y la portación de armas de fuego sean acreedores a prisión preventiva.
Los gobiernos estatales han argumentado que por el nuevo modelo penal acusatorio los índices de delincuencia han aumentado debido a que muchas personas que delinquen no van a prisión y vuelven a las calles.
Expertos han dicho que no hay ninguna evidencia de que sea el nuevo sistema de justicia el causante del aumento en la delincuencia.
Reformas anticorrupción
Se trata de una segunda generación de reformas que reforzarían el Sistema Nacional Anticorrupción y la transparencia de los entes públicos.
En ellas se inscriben reformas a las leyes de obras y adquisiciones, así como la Ley de Archivos, que establezca la forma en que se resguardarán los documentos que respalden todas las acciones y decisiones de Gobierno.
Fiscalía General
La Oposición insiste en modificar el modelo de la PGR para transformarla en una Fiscalía General de la República que sea autónoma del poder Ejecutivo.
Buscan eliminar el pase automático del titular de la PGR, Raúl Cervantes, a la FGR. Argumentan que esto garantizaría la impunidad de quienes hoy cometen actos indebidos, pues quedaría uno de los miembros de su grupo político al frente de la Fiscalía, por los siguientes 9 años.
El presidente Peña Nieto envió al Senado una iniciativa para modificar el artículo transitorio que establece esto; sin embargo, no se ha aprobado ni siquiera en comisiones.
Renegociación del TLCAN
Además de todos estos temas y otros que surjan en el avance de los trabajos legislativos, los senadores estarán pendientes de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Un grupo de legisladores de todos los partidos acompañan a los funcionarios del Gobierno mexicano en la renegociación.
Además, las modificaciones al acuerdo comercial deben ser aprobadas por el Senado, la Cámara legislativa con facultades para participar de la política exterior mexicana.
Ley contra Desaparición
La ley que castigará la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares está atorada en el Congreso desde la 62 Legislatura.
Fue aprobada por el Senado en los últimos momentos del periodo de sesiones anterior, que terminó en abril pasado, y enviada a la Cámara de Diputados, donde está pendiente.
La iniciativa de esta ley fue presentada en febrero del 2014; lleva más de tres años de discusión en el poder Legislativo.
Nombramientos
Como en pocas ocasiones, el poder Legislativo tendrá que realizar decenas de nombramientos que deben ser ratificados por alguna de las dos Cámaras o cuya elección debe ser operada directamente por diputados o senadores.
En la Cámara de Diputados tienen pendiente el nombramiento de los contralores de los órganos autónomos, que llevan ya un retraso de meses.
Para diciembre próximo, los diputados deberán elegir también al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, que sustituirá a Juan Manuel Portal, quien termina su encargo el 31 de diciembre de este año. Portal puede buscar la reelección por un nuevo periodo de ocho años.
En el Senado los nombramientos son aún más importantes y numerosos. Tendrán que ratificar al gobernador del Banco de México –Agustín Carstens sale del cargo el 30 de noviembre-; nombrar al Fiscal General de la República y al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que tiene un retraso de varios meses.
También tendrán que ratificar a 32 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a 9 magistrados del Tribunal Agrario, a un consejero independiente de Pemex y a otro de la CFE, a dos consejeros del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano y a un comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Organizaciones de la sociedad civil han pedido al Congreso de la Unión que realice los nombramientos con total transparencia, mediante el modelo del parlamento abierto, para garantizar que lleguen a los cargos públicos quienes tengan más cualidades y estén más preparados.
