Las marchas multitudinarias, los reclamos de los expertos, de los especialistas, de las diversas ONG’s, de la comunidad internacional y, en general, de todo un pueblo que pide a gritos que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior (LSI) han sido ignorados.
La implementación o el veto de la polémica Ley ahora descansan en las manos de una sola persona: el presidente de la República.
Tras haber sido aprobada en el Congreso lo único que falta para que entre en vigor es que Enrique Peña Nieto la oficialice mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
De ser así será evidente que la petición que Peña Nieto hizo al Senado para ampliar el debate y mejorar la Ley cayó en oídos sordos.
Todos aquellos que supuestamente serían tomados en cuenta: los más de 250 mil ciudadanos que a través de sus firmas pidieron aplazar la aprobación de la Ley para discutirla a fondo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los relatores especiales de la ONU, los académicos, los periodistas y Amnistía Internacional, entre muchos más, al parecer no tuvieron nada que aportar ante los ojos de los representantes del pueblo, pues todo permanece igual.
Los únicos cambios que lograron implementar a nueve artículos y a un transitorio no resuelven los problemas de fondo que presenta la Ley y que tanto preocupan a la ciudadanía.
Algunos de los más destacados son la falta de controles para el despliegue de las Fuerzas Armadas, la militarización de la seguridad pública, la imprecisión en los términos que definen seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública; la falta de certeza en la protección de los derechos humanos y la consolidación de un modelo de seguridad que a 11 años de haberse implementado ha demostrado ser ineficiente.
Además, en el caso de los estados, no cuenta con un plan específico que obligue a los gobernadores a capacitar a sus policías para que eventualmente sean éstas las que se encarguen de la seguridad de los ciudadanos y los militares puedan regresar paulatinamente a los cuarteles.
En materia de transparencia, de acuerdo a como está redactada la LSI “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de seguridad nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, es decir, no estará disponible al público.
Un tema que inclusive el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó al Presidente se revise y se hagan observaciones para privilegiar el principio de máxima publicidad.
Frente a este escenario permanece una última esperanza: promover una o varias acciones de inconstitucionalidad.
Este recurso, el cual debe ser tramitado a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya está siendo considerado por diversas instituciones políticas y organismos encargados de vigilar y proteger los derechos humanos de las personas en México.
Angélica de la Peña, quien preside la Comisión de Justicia en el Senado, presentó un punto de acuerdo para que con base en el articulo 72 constitucional el primer mandatario del país, analice nuevamente la ley en su totalidad.
Todavía falta camino por recorrer, sin embargo, ya hemos sido testigos de cómo la voluntad de unos pocos se impone frente a la de los muchos. Mientras tanto el jefe del Ejecutivo todavía cuenta con un plazo de poco más de un mes para tomar un decisión respecto a la publicación o el veto de la Ley de Seguridad Interior.
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