Congreso inepto

Hasta hoy, seis de las 40 comisiones del Congreso de Jalisco no han presentado acuerdos, iniciativas, ni dictámenes, y su labor es indicativa de varias problemáticas.

En medio de esta inactividad, que ofende por la onerosa nómina, el coordinador de la bancada del PAN, José Antonio de la Torre, señaló en mayo que votarían contra todas las iniciativas del PRI como medida de presión.

Un pleito partidista que perjudica a los ciudadanos y el avance de la legislatura.
Una confrontación que no se ha dado en la aprobación de otras leyes, como la de Información Pública del Estado de Jalisco, que se contrapone al principio de progresividad legal y a la propia Constitución.

Los rezagos y la inacción evidencian que la actual legislatura es una de las peores en la historia de Jalisco.

Un ejemplo de su mal funcionamiento es la ausencia de un marco legal que regule la movilidad urbana no motorizada, tan en boga en Guadalajara desde 2007.

Además, el Congreso opera con una nómina abultada y ha incurrido en endeudamientos injustificados, como el que tiene con la consultora López Castro y Compañía por más de 50 millones de pesos, a pesar de que el monto inicial era de 42.3 millones.

Otro de los absurdos es que la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, que es la encargada del estudio y dictamen o conocimiento de reformas de ley, no ha presentado ni una sola iniciativa o dictamen.

Y aunque el currículo de los actuales diputados quedará manchado luego de su paso por la 59 Legislatura, varios de ellos aspiran a ocupar cargos de elección popular.

Pero habrá que ver si los jaliscienses no castigan con su voto este agravio para el desarrollo político y social del estado.

Porque el Congreso protege a los políticos, pero ignora las exigencias de los ciudadanos.

El caso del auditor superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo, confirma el descaro y la permisividad de los legisladores, ya que ninguno de ellos protestó por el pago de 6.5 millones de pesos que recibió el funcionario estatal en 2009 por concepto de prestaciones.

Jaime Preciado Coronado, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), afirma que esta complicidad entre autoridades es un lugar común en la 59 Legislatura.

“Se ve como un elemento que ha servido más para la impunidad y ganar un fuero que te convierta en intocable para que los servidores públicos no estén sometidos al derecho en su totalidad.

“El poder de negociación que tienen las distintas fracciones parlamentarias sigue reproduciendo perversamente una serie de acuerdos extralegales que han limitado enormemente el potencial legislativo”.

Preciado Coronado destaca que algunas de las 40 comisiones del órgano legislativo que están implicadas en la decisión de neutralizar el caso de Godoy Pelayo han sido presididas por el PRI y el PAN.

Pero no son los únicos partidos emblemáticos de la sosa labor legislativa en que ha incurrido en Congreso local durante los últimos cuatro años.

“En el plano de cumplimiento de las tareas, el PVEM es representativo de un desapego que nos lleva al establecimiento de un espacio de desconfianza y desencanto entre representantes y representados”, puntualiza Jaime Preciado Coronado.

Ejecutivo protagónico

El papel protagónico del gobernador de Jalisco Emilio González Márquez es lo que destaca de su mancuerna con el legislativo local, señala el especialista.

“En primer lugar está el hecho de que no ha sido suficientemente institucionalizada la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

Esto ha hecho que algunas iniciativas se coarten o se empujen sin consenso, como la nueva Ley de Transparencia.

Pero, al final, los responsables son los diputados por permitir que González Márquez usurpe su labor.

“Creo que eso es una herencia, el ‘ejecutivismo’. Es decir, así como hay un presidencialismo a nivel nacional, aquí en Jalisco, las figuras de los gobernadores tienen una serie de poderes metaconstitucionales”, explica el académico.

Agrega que a los representantes de los ciudadanos les falta iniciativa y “garra legislativa”.

En algunos casos, los diputados han optado por obstaculizar iniciativas ciudadanas, así como el referéndum y el plebiscito.

“Nos hemos quedado sin discutir iniciativas, por ejemplo, de los estudiantes, alrededor del tema del transporte público y los precios, que no han sido consultadas.

“En cambio, sí ha habido una labor sesgada, una terrible complicidad en Jalisco, en torno a las leyes en defensa de la vida”, señala Jaime Preciado Coronado.

Diputados vs. ciudadanos

En la Comisión de Gobernación se refleja la actitud permisiva porque evita que se sancione a funcionarios públicos, como los alcaldes de 27 municipios de la entidad.

La actual legislatura ha rechazado al menos 64 acuerdos para suspender por 15 días y  sin goce de sueldo a presidentes municipales, principalmente del PAN y el PRI.

Muchas de estas solicitudes fueron hechas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco por juicios laborales de ex empleados municipales.

Los responsables de bloquear estas sanciones son el presidente de la Comisión de Gobernación, José Manuel Carrillo Rubio, del PRI, y el secretario general del Congreso de Jalisco, José Manuel Correa Ceseña.

Y es que una vez que los ciudadanos depositan su voto, no existe forma alguna de exigir a los legisladores que cumplan sus promesas, que se les descuenten los días que no trabajan y que su sueldo se discuta en una audiencia abierta.

Según la información publicada en la página de Internet del Congreso de Jalisco, solo nueve de los 39 diputados han asistido a todas las sesiones.

“Esto ha hecho que el cargo de diputado se vea más como un botín económico y de promoción política personal que como una responsabilidad pública en materia legislativa.

“Los meritos sustantivos del puesto que desempeñan no cuentan, sino cuenta más su capacidad de establecer letras de cambio para impunidades, para un desempeño mediocre en muchas áreas”, advierte Jaime Preciado Coronado.