[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”0_jzoefiah” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] Para que sea efectiva, la austeridad en el Congreso de la Unión debe ir más allá de recortar dietas o prestaciones a los diputados y senadores.
La austeridad en el Legislativo implica también disminuir y transparentar las subvenciones que se entregan a las bancadas, así como rubros del Presupuesto de Egresos cuya asignación queda enteramente en manos de los congresistas.
Legisladores electos de Morena han propuesto diversas medidas de austeridad para el Senado y la Cámara de Diputados con las que se plantean ahorros de hasta 4 mil millones de pesos
Estas medidas incluyen desde la disminución a su dieta mensual, la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, de los servicios de telefonía y la reducción de los gastos en viajes.
A estas disposiciones deberán sumarse otras para eliminar la discrecionalidad en el gasto público, como la regulación del Ramo 23.
Sin embargo, se anticipa un choque de trenes entre los que hoy todavía son aliados
Dentro del bloque que llevó al poder al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador —Morena, PT y PES—, no todos están de acuerdo en hacer un recorte generalizado de los ingresos y prestaciones. Argumentan que debe haber recortes, pero no que paralicen el trabajo legislativo.
Gastos millonarios
El Poder Legislativo se ha caracterizado por tener gastos excesivos y poco transparentes que han provocado observaciones constantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tan sólo en 2017 el Congreso de la Unión gastó 14 mil 838 millones de pesos. La Cámara de Diputados fue la más costosa con egresos por 7 mil 707 millones de pesos y el Senado gastó 4 mil 598 millones de pesos.
Para la labor de la Auditoría Superior de la Federación, brazo vigilante del gasto público —dependiente de la Cámara baja—, se destinaron 2 mil 532 millones de pesos.
Constantemente se han revelado escándalos sobre los gastos de legisladores y los grupos parlamentarios
Por ejemplo, en servicios personales, el Legislativo gastó 9 mil 532 millones de pesos en el pago de salarios y prestaciones a sus trabajadores y congresistas.
Cada uno de los diputados recibe 74 mil 672 pesos mensuales por concepto de dieta; además, a cada uno de los 500 se le entregan 45 mil 786 pesos para asistencia legislativa —contratación de asesores— y 28 mil 772 pesos para atención ciudadana —instalación de un módulo de atención y contratación de personal. Ninguno de estos rubros debe comprobarse.
Los senadores reciben 118 mil 300 pesos mensuales por concepto de dieta; además, 75 mil pesos para asistencia legislativa y 60 mil para atención ciudadana.
Quienes laboran en el Congreso de la Unión, tanto legisladores como personal operativo, reciben sueldos y prestaciones que superan los 100 mil pesos y que son para cubrir gastos de telefonía celular y viajes, entre otros
A esos ingresos se suman las prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores para el beneficiario y su familia, el seguro de vida, el seguro de separación — una caja de ahorro en que pueden ahorrar una cantidad de su dieta y el Legislativo los dota de una parte igual—, telefonía, vales de gasolina, boletos de avión para volver a sus lugares de origen, pago de casetas y, en algunos casos, automóviles.
El exceso en estos gastos no es sólo de los legisladores. El personal operativo de las Cámaras del Congreso cuenta con ingresos aún mayores que los propios congresistas.
El secretario general de la Cámara de Diputados percibe 156 mil 491 pesos mensuales y el del Senado 117 mil 900 pesos.
El aparato burocrático del Congreso se compone además de otros funcionarios de alto rango con salarios superiores a los 100 mil pesos mensuales, más todas las prestaciones.
Pero no se trata sólo de los ingresos de los congresistas o el personal operativo; el Congreso tiene otros gastos que han provocado constantes escándalos.
Por ejemplo, en marzo del 2016, se arrendaron 80 autos eléctricos con un costo de 29 millones de pesos y para pagar las pólizas de seguros de gastos médicos mayores se invirtieron más de 165 millones.
Tan sólo en agua purificada, café, azúcar, galletas y refrescos para seis meses se gastaron 3.7 millones de pesos. Para telefonía el gasto fue de casi 30 millones de pesos.
Sin embargo, al interior del Congreso, el principal foco de opacidad y gasto está en las subvenciones a los grupos parlamentarios; al exterior, en la asignación de recursos sin reglas establecidas que se prestan para el manejo político del dinero público.
¿Y las subvenciones y los moches?
Uno de los gastos más opacos en las Cámaras del Congreso de la Unión son las subvenciones que se entregan a los grupos parlamentarios.
Tan sólo en 2017, las cinco bancadas del Senado recibieron 982.7 millones de pesos: 416.6, el PRI; 298 el PAN; 112.8 el PRD; 96.9 el PT y 57.6 el PVEM.
El dinero que se entrega a los legisladores para sus gastos internos, junto con el que proviene de las partidas como el Ramo 23, se reparten de manera opaca ya que nadie sabe en dónde terminan o para qué se usaron esos recursos
En la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios recibieron 986.4 millones de pesos entre marzo del 2017 y febrero del 2018.
De ellos, 372.7 fueron para el PRI; 202.2 para el PAN; 121.8 para el PRD; 85.2 para Morena; 82.4 para el PVEM; 46.4 para el PES; 42.6 para MC y 32.7 para Nueva Alianza.
Este dinero se entrega a las bancadas para sus gastos operativos, pago de personal, comidas y otros gastos internos.
El problema es que no tienen obligación de transparentarlo, por lo que el dinero se gasta de manera discrecional.
La Auditoría Superior de la Federación ha detectado estas irregularidades y en sus informes sobre la Cuenta Pública se ha pronunciado respecto a la opacidad de esos recursos.
Por ejemplo, en el 2016, la Cámara de Diputados entregó mil 691 millones de pesos a los grupos parlamentarios, de los que la Auditoría Superior no tuvo documentación comprobatoria de su ejercicio.
“No se proporcionó documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados y, por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron en trabajos legislativos”
En el caso del Senado se entregaron mil 16 millones de pesos a los grupos parlamentarios y, al igual que en la Cámara baja, no se sabe en qué fueron utilizados esos recursos.
“No fue posible comprobar que esos recursos se aplicaron en los fines para los cuales fueron otorgados, además de que los gastos y erogaciones que realicen los legisladores estén amparados con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que se ajusten a las facilidades de comprobación establecidos en los mencionados criterios”, expuso la Auditoría.
El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a los legisladores electos de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ —Morena, PT y PES—, que además de la reducción de sus ingresos, también se disminuya y se transparenten las subvenciones que reciben las bancadas en el Congreso.
Además de estos recursos, los congresistas electos de Morena han ofrecido también eliminar o reestructurar el Ramo 23, llamado Provisiones Salariales y Económicas, una de las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación mediante el que se envían recursos a obras en estados y municipios, pero del que se ha pervertido su uso.
Varios de los programas o fondos que contiene este Ramo no se encuentran debidamente regulados en cómo se otorgan los recursos, lo que ha permitido que su manejo sea meramente político.
Además, estos fondos se han prestado también para el mal uso en las asignaciones. En 2014 estalló un escándalo por la asignación de recursos, pues se dijo que ciertos diputados —especialmente del PAN—, pedían comisiones o “moches” a cambio de enviar dinero a ciertos estados o municipios.
Así, por ejemplo, se crearon fondos como el de Fortalecimiento Financiero, a través del que se entregan miles de millones de pesos a los estados para obras sin ninguna regla de operación establecida, por lo que la Secretaría de Hacienda lo distribuye a discreción.
En 2016 este fondo, conocido como “Fortalece”, tuvo asignados mil 481 millones de pesos; a septiembre de de ese año ya llevaba erogados 21 mil 466 millones de pesos. Es decir, se habían gastado ya 14.5 veces más que lo presupuestado.
En el Ramo 23 también se ubican los programas de pavimentación, apoyo al deporte y a la cultura, para los que los diputados etiquetaban una bolsa de recursos en la que cada uno de ellos decidía a dónde mandar el dinero “que le correspondía”, aunque no necesariamente era a sus comunidades o distritos de origen.
¿Choque de trenes?
Aunque en público han mantenido que habrá unidad total con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, el tema de la austeridad promete sacar las primeras chispas entre los aliados de la coalición Juntos Haremos Historia —Morena, PT, PES—.
Las propuestas de austeridad del gobierno de López Obrador podría ser uno de los temas que provoquen fricciones entre quienes conforman la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, pues no todos están de acuerdo con los recortes que se buscan implementar
Óscar González Yáñez, diputado federal electo y quien busca coordinar la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, dijo estar de acuerdo en el tema de la austeridad en y desde el Congreso de la Unión, pero no a un grado que se paralice la actividad legislativa.
“Bienvenida la austeridad, porque si no ponemos freno se nos dispara el gasto en cosas que no tienen sentido. Pero también que la austeridad no se convierta en un freno del desarrollo de los trabajos.
Abajo los excesos, pero también que la austeridad no se entienda como la ausencia de herramientas de todo tipo, tanto intelectuales como materiales, para el desarrollo del trabajo”, expuso González Yáñez en entrevista.
El legislador electo por el PT, quien en 2017 dejó su candidatura a la gubernatura del Estado de México y apoyó a Delfina Gómez, la candidata de Morena, indicó que las reglas del gasto deben quedar bien establecidas para evitar malos entendidos y excesos.
En el caso de las subvenciones a los grupos parlamentarios, comentó, no deberían desaparecer, pero sí transparentarse.
Las reglas del gasto deben quedar bien establecidas para evitar malos entendidos y excesos
“Esas no creo (que deban desaparecer) porque de ahí se paga gente que te ayuda, mensajeros de las fracciones tienen que comprarse dos motocicletas para que lleven oficios al Senado, tienes que comprar alimentos cuando se tardan las sesiones, en fin. Las fracciones sí tienen necesidades.
Comprar, por ejemplo, libros de estudios para los diputados, cuando se realizan eventos fuera de la Cámara (…) Eso sí, de cajón se deben transparentar y que no aparezca después ahí la fiesta de cumpleaños del diputado”, sostuvo.
Los diputados, apuntó, deben tener un ingreso digno para sostenerse él y a su familia y poder representar los intereses de la Nación; lo mismo que las personas que trabajan en el Legislativo.
Óscar González indicó que sí se debe recortar el gasto en remuneraciones porque hay muchos excesos, pero no quitar, por ejemplo, el gasto en telefonía o dejar bien establecidas las reglas de compra de viajes, por ejemplo.
Las subvenciones a los grupos parlamentarios no deberían desaparecer pero sí transparentarse
“Si vas a Europa 3 días o 4, pues entonces sí viajas en primera clase. Pero si vas a Europa 15 días, entonces sí te vas en clase turista, porque sí tienes que llegar descansado al trabajo; y si son dos semanas, sí tienes un día para recuperarte”, expuso.
Esta postura contrasta con la de Mario Delgado, quien se perfila para coordinar la bancada de Morena, quien se ha pronunciado por eliminar todos los privilegios y disminuir gastos innecesarios.
Cambio de raíz
El cambio en las finanzas del Congreso de la Unión y en la asignación de recursos públicos debe modificarse de raíz, pues en la actualidad su forma de operar está muy lejos de lo que debiera hacer en un país democrático, señaló Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa.
“Yo creo que el cambio en la Cámara de Diputados debe ser de raíz. Yo esperaría que si el partido Morena ha ofrecido la idea de la Cuarta República, tendríamos que pensar en otro Congreso. Un Congreso que sea claro con los programas presupuestarios que ejerce, que rinda cuentas, que genere lineamientos del tipo de gastos que puede ejercer cada legislador.
Que se ciña a las mejores prácticas en el manejo de sus centros de estudio, que no los controle políticamente; que trabaje el tema de presupuesto y que invite a los ciudadanos para escucharlos”, comentó Campos en entrevista.
La experta sostuvo que el proceso presupuestario en el Congreso de la Unión es una simulación, en el que no se tiene acceso a datos fidedignos por parte de sus órganos de estudio porque están controlados políticamente y sólo se dedican a administrar lo que ya está mal de origen.
Además, la austeridad debe aplicarse de forma inteligente y no “a destajo”, pues en el camino de la reducción indiscriminada de salarios pueden perderse valiosos recursos humanos que buscarían trabajar en la iniciativa privada en México o en el extranjero.
En cuanto al Ramo 23, la especialista sostuvo que debe “cerrarse la llave de la discrecionalidad” y tomarse medidas en el corto y en el mediano plazo.
A corto plazo, consideró Campos, es necesario regular los convenios mediante los cuales el recurso federal baja a los estados, pues hoy día se envía el dinero a proyectos sin planeación y no se condiciona la asignación
“Estamos prácticamente regalando los recursos a los estados y no estamos promoviendo que obtengan resultados; es decir, que los proyectos que se financien puedan beneficiar de alguna manera al país. Es muy importante que en la Ley de Responsabilidad Hacendaria se regule qué aspectos debe cubrir el convenio para evitar que se entreguen en estas condiciones tan vulnerables”
Además, los proyectos deberían ser sometidos a concursos y se debería motivar a los estados a generar una planeación de estos proyectos y a llevar a cabo licitaciones con las mejores prácticas.
En el mediano plazo, se debería crear una Ley del Ramo 23 porque su naturaleza es administrar fondos y fideicomisos y no enviar dinero discrecional a los estados, por lo que se debe dejar bien claro cuál es su función.
El proceso presupuestario en el Congreso de la Unión es una simulación y debe cambiar, pues no se tiene acceso a datos fidedignos por parte de sus órganos de estudio porque están controlados políticamente y los legisladores sólo se dedican a administrar lo que ya está mal de origen
Mariana Campos sostiene que Morena y sus aliados tienen la oportunidad histórica de hacer estos cambios ahora que tienen mayoría en el Congreso de la Unión, por lo que estos siguientes tres años pueden sentarse las bases para un nuevo modelo institucional.