El Congreso de Tamaulipas cerró filas en torno al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que no consideran nombrar un gobernador sustituto ante la orden de aprehensión que pesa en su contra.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Gerardo Peña Flores, indicó que no se plantean sustituir temporal o permanentemente a Cabeza de Vaca, además de indicar que los tres poderes en el estado “se encuentran fuertes”.
“Son especulaciones que se han venido generando, porque el ámbito político actúa en función de un momento así”, mencionó Peña Flores.
Respecto a que desde la Cámara de Senadores busquen desaparecer los poderes en Tamaulipas, el presidente de la Jucopo dijo que no ve ese escenario.
“No veo ese escenario e insisto en que los poderes del Estado se encuentran muy fuertes, muy sólidos, trabajando y además batiendo récords, no ha lugar una situación así”, dijo.
Peña Flores recordó que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso fue clara, pues señaló que correspondía al Congreso Local la última determinación sobre el fuero del gobernador.
“Para nosotros esa es la verdad legal, somos un estado que cree en las instituciones, en las leyes de México, de nuestro Estado, las respetamos y hacemos valer”, aseguró.
Tras la obtención de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y el congelamiento de sus cuentas por parte de la UIF, el Congreso de Tamaulipas determinó que el gobernador no podrá ser detenido en el estado debido a que aún posee fuero.
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He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 19, 2021
Entre las acusaciones que motivaron el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, que en Tamaulipas no procedió, se encuentran la simulación de la venta de un departamento en Santa Fe, adquirido por prestanombres y pagado en tres partes: con recursos públicos federales, transferencias hechas por empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y con pagos de una compañía que participó en el esquema de desvío de recursos, mejor conocido como La Estafa Maestra.
