Congreso de Nuevo León: crónica de una Legislatura ineficiente y entrampada

La actual Legislatura del Congreso local será recordada como una de las más improductivas y polarizadas de la historia
Daniel Anguiano Daniel Anguiano Publicado el
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El 30 de abril, la LXXVI Legislatura del Congreso de Nuevo León concluyó el periodo ordinario de sesiones, y lo hizo pasando a la historia como una de las más polémicas e improductivas.

Entre pleitos de bancadas, inasistencias, bloqueos y amenazas, los diputados salientes dejaron un total de mil 778 expedientes pendientes y sólo 186 asuntos aprobados, mientras que de las 39 sesiones programadas para el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 1 de mayo, sólo alcanzaron a realizarse diez.

Aunque la inefectividad del Legislativo tiene una gran variedad de razones políticas, la más grave de ellas se dio a partir de la renuncia de Alhinna Vargas, lo que ocasionó una verdadera batalla entre diputados del PRI y del PAN y los de Movimiento Ciudadano.

‘Guerra’ por curul

El 15 de septiembre de 2023, la priísta Alhinna Vargas abandonó su cargo argumentando motivos de salud.

De acuerdo con el protocolo, el Congreso debía llamar a la suplente de Vargas, Rosaura Guerra, quien se había pasado a las filas de MC tan solo un mes antes, por lo que la bancada naranja avanzaría hasta convertirse en la primera fuerza del Legislativo.

Sin embargo, la Mesa Directiva del Congreso, dominada por el PRI y el PAN, obstaculizó desde el comienzo la toma de protesta de la nueva emecista.

“La presidencia del Congreso, encabezada por Mauro Guerra y ahora Ricardo Canavati, lo único que han hecho es utilizar la ley de manera frívola para alargar el que se me tomara protesta”, afirmó Rosaura Guerra, quien, en un acto de protesta simbólico, se mantuvo “en funciones” al exterior del recinto legislativo.

La bancada de MC recurrió a una manifestación de inconformidad mucho más directa, negándose a sesionar en el Pleno mientras no se incluyera a Guerra de forma oficial en su grupo legislativo, lo que provocó un paro que persiste en el Congreso desde el pasado 7 de febrero.

Pese a que el tema llegó al Tribunal Electoral de Nuevo León, que ordenó al entonces presidente del Congreso, Mauro Guerra acatar el protocolo y tomar protesta a la emecista, esto nunca llegó a cristalizarse, avivando como nunca la enemistad entre ambas fuerzas políticas.

Incluso, el Tribunal impuso una multa de casi 20 mil pesos al actual presidente del Congreso, el priista Ricardo Canavati, por el desacato a la orden de realizar el nombramiento.

Acusan abandono

Para Lorena de la Garza, diputada local del PRI, el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano abandonó sus responsabilidades al tomar la decisión de no acudir a sesiones del Pleno mientras no le tomaran protesta a Rosaura Guerra.

“Va a quedar un precedente muy peligroso para todos los partidos de México que tengan la posibilidad de paralizar el Poder Legislativo”, afirmó la legisladora.

De la misma forma, denunció una de las prácticas del bloque opositor: la compra de diputados suplentes para afiliarlos a MC y ganar terreno al interior del Congreso, obligando a los titulares (todos del PAN o del PRI) a renunciar mediante presiones ejercidas desde el Gobierno del estado, como denunciaron públicamente Perla Villarreal y la propia Lorena de la Garza.

“Creo que ellos creían que era una batalla ganada, siempre quisieron actuar en contra del derecho de la diputada Alhinna, todo porque ellos ya habían logrado comprar a su suplente”, dijo.

Dos versiones, un mismo día

Uno de los episodios más peliculares de este enfrentamiento sucedió el pasado 15 de febrero, cuando a los estrados del Tribunal Electoral de Nuevo León llegaron dos documentos, ambos firmados por Alhinna Vargas: uno reiterando su renuncia al Congreso local y otro desmintiendo dicha información y anunciando su regreso.

El primero se recibió alrededor de las 11:00 horas a raíz de un escrito que circuló en medios de comunicación, en el que se dejaba en claro que Vargas tenía intenciones de regresar a su curul para cerrarle el paso a Rosaura Guerra.

“Acudo a manifestar, en primer lugar, que desconozco el escrito y las actuaciones que se me han pretendido imputar de manera pública, en razón de que es un documento apócrifo“, afirmaba el texto.

Diez minutos después, se presentó otro documento indicando lo contrario.

“Desconozco cualquier escrito mediante el que se manifieste mi intención de dejar sin efectos o desconocer el escrito de reincorporación que hice llegar al Poder Legislativo en fecha 01 de febrero de 2024 (…)  Aprovecho para reiterar y ratificar que mi intención y deseo es reincorporarme a mi función legislativa“, podía leerse.

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, Vargas no regresó oficialmente a sus funciones legislativas ni tampoco se le tomó protesta a Guerra, por lo que el Congreso siguió entrampado hasta el final de la Legislatura.

El Tribunal Electoral Estatal afirmó a Reporte Indigo que los documentos fueron turnados a la Sala Superior del TEPJF, sin que hasta el momento se haya informado si se realizará alguna investigación para determinar cuál de los documentos es genuino y si habría alguna sanción contra quien presentó el falso.

Por lo pronto, quedará para la historia que alguno de los dos bandos falseó documentos y los presentó como oficiales en el recinto legislativo, violando la ley en el mismo sitio en donde se crean las leyes.

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