Las reformas que le permitirían al Congreso de Nuevo León nombrar a titulares de cinco órganos autónomos establecen cargos hasta por ocho años con derecho a reelección.
“EI director general durará en el cargo ocho años con posibilidad de reelección por un período más, debiendo el Congreso Local aprobar dicha reelección, con previa evaluación de los trabajos realizados del período concluido”, dicen todas las iniciativas en diferentes artículos.
Las reformas a los órganos autónomos contemplan al Instituto de Movilidad, la Red Estatal de Autopistas, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode).
Los dictámenes incluyen este cambio en el artículo 24 de la Ley de Movilidad Sustentable y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León; el 11 Bis 1 de la Ley que crea Organismo Público Descentralizado Red Estatal de Autopistas de Nuevo León; el artículo 5 Bis 1 de la Ley que crea la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; el artículo 12 Bis de la Ley del Organismo Público Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y el artículo 7 Bis 1 de la Ley del Organismo Público Descentralizado Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode).
Este paquete de iniciativas también establece que el director general podrá ser removido cuando falte al cumplimiento de sus atribuciones o incumpla las leyes.
“Tales como en los supuestos que incumpla con lo ordenado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y las leyes que refieren al derecho a un ambiente sano, la gestión de residuos sólidos y demás disposiciones que le resulten aplicables, incumpla con la normativa de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; y realice acciones que advierten riesgo a las obligaciones señaladas”, dicen los dictámenes.
La Comisión de Presupuesto del @CongresoNL le puso un freno a las peticiones presupuestales de los órganos autónomos y avaló un recorte para el Poder Judicial y para la Comisión Estatal Electoral para 2021 pic.twitter.com/kZRoF0VFru
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) December 15, 2020
Nombramiento desde un comité
El paquete de iniciativas para que el Congreso local nombre a los titulares de cinco órganos públicos descentralizados propone la integración de un Comité de Selección Ciudadano, que enviará la propuesta a las y los diputados.
“A los diez días hábiles de la entrada en vigor del presente decreto, el Pleno o la diputación permanente, según sea el caso, deberá integrar el Comité de Selección. Una vez instalado, contará con 20 días hábiles para iniciar el procedimiento que corresponda”, dicen las reformas.
Este organismo ciudadano se creará una vez que entren en vigor estos decretos, y al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en caso de ser aprobados.
“Y concluirá con el envío de la propuesta para ocupar el cargo de director general, no debiendo excederse de más de 40 días naturales dicho proceso”, dice, por ejemplo, el artículo primero, segundo y tercero transitorio de la reforma a la Ley del Organismo Público Descentralizado Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode).
La aprobación del perfil se hará previa comparecencia de la persona propuesta por el Comité de Selección y la asignación será por el voto secreto por la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la comparecencia.
El diputado Juan Carlos Leal Segovia fue quien planteó estas reformas, las cuales fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes. También presentó una propuesta de modificación al artículo 63 de la Constitución Política de Nuevo León, la cual tendría que votarse en dos vueltas y requiere el voto de una mayoría calificada, es decir, 28 sufragios.
‘El Bronco’ puede vetar reformas a órganos autónomos
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón tiene la facultad de vetar el paquete de iniciativas que establece atribuciones al Congreso local para nombrar a los directores de cinco órganos estatales descentralizados.
A pesar de que Rodríguez Calderón anticipó que el gobernador electo, Samuel García, tendría que aprender a cogobernar con el Poder Legislativo, en su historial para publicar leyes, él mismo aplicó el veto en 71 ocasiones.
Las iniciativas podrían terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una posible invasión de la esfera del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo, aunque estas justifican que como serían órganos descentralizados, las y los diputados podrían nombrar a los directores.