El Congreso de la CDMX sigue cometiendo los mismos errores del pasado, por lo que tres de las leyes más importantes recién aprobadas podrían caerse en tribunales ante las omisiones cometidas tanto en materia legislativa como en el proceso.
El ejemplo más claro es lo que acaba de ocurrir con la Ley del Sistema Local Anticorrupción, la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el pasado 17 de enero de 2020, lo que deja aún más rezagada a la Ciudad de México en el tema de combate a la opacidad y discrecionalidad en el servicio público.
De suceder lo mismo con la Ley de Planeación Democrática; la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; y la de Participación Ciudadana, se retrasarían los plazos estipulados para su aplicación y creación de sus leyes complementarias; lo que podría provocar una incertidumbre jurídica en la capital.
El 2019 era la fecha límite para que se armonizaran todas las leyes con la nueva Constitución Política de la CDMX que está vigente desde septiembre de 2018
Sin embargo, los marcos legales referidos se podrían anular por los errores e inconsistencias cometidas durante su creación; lo mismo que sucedió con el Sistema Local Anticorrupción (SLA).
El 16 de enero de 2020, la SCJN determinó que el dictamen de la ley del SLA, que se aprobó en julio de 2017 durante la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), fue discutido y avalado durante una sesión extraordinaria ilegal.
Los ministros explicaron que no se repartió el documento a todos los representantes populares con 48 horas de anticipación y no se puso su discusión en el orden del día.
Por ello, el máximo órgano impartidor de justicia consideró que ni la votación mayoritaria de los diputados podía subsanar el error.
Fue el grupo parlamentario de Morena en la ALDF -junto con los diputados independientes- quienes presentaron la acción de inconstitucionalidad.
Al igual que en el caso de la Ley del Sistema Local Anticorrupción, en octubre de 2019 un grupo de 25 habitantes de las alcaldías de Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Coyoacán y Gustavo A. Madero interpuso tres amparos en contra de la Ley de Participación Ciudadana.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el pasado 17 de enero de 2020 la Ley del Sistema Local Anticorrupción, ya que no se cumplieron los requisitos establecidos para su creación
Dichos recursos jurídicos son el 1474/2019 presentado ante el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa; el 1361/2019 así como el 1466/2019 ante los juzgados séptimo y tercero, respectivamente, de la misma especialidad.
El argumento jurídico de los quejosos fue que no se llevaron a cabo los procesos de consulta requeridos ni se integraron las propuestas de la ciudadanía, lo que violó los principios de un parlamento abierto, así como el de transparencia y máxima difusión.
Mayela Delgadillo, exdiputada constituyente y una de las vecinas que interpuso el recurso legal, afirma que el Congreso de la CDMX está cayendo en los mismos errores que la ALDF.
“Así era la tónica de la ALDF y está siendo la tónica de este Congreso”, dice en entrevista con Reporte Índigo.
Las repercusiones, apunta Delgadillo, son la omisión en la norma de los pueblos y barrios originarios así como lagunas en los mecanismos de integración de los Comités de Participación Comunitaria.
La exlegisladora del Constituyente menciona que el 20 de enero era la fecha límite para que el Congreso y las otras autoridades demandadas -la jefatura de Gobierno y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales- contestaran.
Delgadillo y los otros 24 habitantes de la capital esperan que en las próximas semanas los tribunales emitan un fallo que anule la ley.
“Estamos trabajando un por qué y cómo se deben hacer las cosas en caso de que nos otorguen un fallo a favor, queremos hacer un foro con más ciudadanos para marcar un camino que nos gustaría que se siguiera”, declara.
Añade que existe la posibilidad de que si se les da la razón, el Gobierno y el Congreso de la CDMX impugnen la decisión y recurran a otro tribunal.
Sin embargo, menciona que hay argumentos suficientes para que en una última instancia, sea la SCJN la que invalide la Ley de Participación Ciudadana.
“Como ciudadanos puede suceder pero vamos a ver en términos de justicia qué se puede hacer y qué avances tendrá la SCJN en la procuración de nuestros derechos”, declara.
A los tres amparos referidos, se suman las acciones jurídicas que planea interponer la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.
La vocería de la organización informó que en el mes de febrero próximo piensan presentar ante las autoridades judiciales una acción de omisión legislativa por no consultarlos para la Ley de Planeación y para la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
Además, interpondrán un amparo contra cada una de las dos normas mencionadas.
El 26 de noviembre pasado, cuando el Congreso de la CDMX aprobó la nueva legislación, la coordinación explicó los motivos por los que iba a recurrir a las instancias judiciales.
“La ley aprobada no tomó en cuenta las observaciones que los pueblos hicieron, y el Congreso de la CDMX omitió por completo consultar el proyecto final de la ley, por lo que no se puede considerar que se haya culminado adecuadamente el proceso de consulta, ya que se debió haber obtenido el consentimiento respecto del proyecto final, o al menos, un acuerdo previo”, puntualizó.
De concretarse lo que plantea la coordinación, serían al menos seis acciones legales en contra de la ley de Participación Ciudadana, la de Planeación Democrática; así como la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
El doctor en Derecho Constitucional de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, Mario Enríquez Carbajal, señala que si los amparos son aceptados por los tribunales, es porque existen indicios de posibles violaciones a los derechos de los ciudadanos.
“Si son admitidos es porque cumplieron los requisitos o los argumentos legales, tocará definir en el análisis de fondo si de verdad se violaron los derechos o las disposiciones durante el proceso”, detalla.
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Congreso de la CDMX por el mismo camino de la ALDF
La Ley de Planeación Democrática que se aprobó en diciembre de 2019, podría enfrentar el mismo destino que la del Sistema Local Anticorrupción por los errores legislativos e irregularidades cometidas durante su creación a pesar de que tanto la oposición en el Congreso de la CDMX -Acción Nacional- como organizaciones civiles – Ruta Cívica- advirtieron las anomalías.
La diputada local, Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público -que participó durante el proceso de dictaminación de la ley- asegura que la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se impuso sin tomar en cuenta los errores que cometió.
Una de las anomalías más notables fue que se intentó presentar un proyecto de ley sin haberlo repartido 48 horas antes a los integrantes de las comisiones unidas de Planeación y de Administración Pública Local
“A final de cuentas pareciera ser que esta mayoría está dañando los procesos de manera sistemática”, indica.
Una de las anomalías más notables tuvo lugar el 3 de diciembre, cuando la legisladora de Morena, Guadalupe Chavira, presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, intentó presentar un proyecto de Ley de Planeación sin haberlo repartido 48 horas antes a los integrantes de las comisiones unidas de Planeación y de Administración Pública Local.
Posteriormente, las irregularidades se hicieron constar en una fe notarial que Salido Magos y el presidente de la Comisión de Planeación, Federico Döring, obtuvieron el 9 de diciembre de 2019 para evidenciar que Morena publicó un dictamen en la Gaceta Parlamentaria diferente al aprobado en comisiones para discutir en el pleno.
Las fallas cometidas por los legisladores de Morena, las cuales fueron ignoradas a pesar de haber sido señaladas por diputados de oposición y por organizaciones de la sociedad civil, podrían tirar la recién aprobada Ley de Planeación Democrática
“Circularon varios dictámenes distintos y posteriormente se discutió algo diferente a lo que se acordó”, denuncia Salido Magos.
Ese 9 de diciembre, la ley no se debatió en el pleno, fue hasta el 11 del mismo mes cuando se aprobó con la mayoría de Morena a pesar de los pronunciamientos en contra del blanquiazul.
Además, la diputada acusa que Morena no integró las propuestas de la ciudadanía como la descentralización del Instituto de Planeación.
Lo anterior, considera Salido Magos, abre la puerta a la judicialización de un trabajo legislativo mal hecho y cuestionable.
Esta falta de seriedad desde su publicación hasta su aplicación está abriendo espacios para los amparos a los que legítimamente los ciudadanos tienen derecho
Salido Magos considera que Morena cometió las anomalías en los procedimientos por inexperiencia y también con la intención de violentar los protocolos legislativos.
“Unas veces es con conocimiento de causa y otras veces por la falta de experiencia de los equipos de los diputados y de los servicios parlamentarios. Incluso hubo algunas convocatorias fuera de tiempo”, menciona.
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El despertar de la ciudadanía
Los errores de la primera Legislatura del Congreso de la CDMX provocaron que la ciudadanía organizada emprendiera un activismo en contra de los actos que violentan y representan un retroceso para sus derechos.
Claudia Guzmán, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la CDMX, señala que “ante los desaciertos del poder legislativo local y el vacío de autoridad, la población cada vez es más activa”
“Hay una deficiencia increíble en el trabajo del Congreso de la CDMX ante ciudadanos que tienen la capacidad de defenderse en la materia”, declara.
Recalca que las fallas en el trabajo de los diputados provocan inestabilidad e incertidumbre jurídica.
“Los legisladores deben de laborar pensando en la ciudadanía y no en intereses partidistas”, añade.
Además, refiere que las organizaciones vecinales y de la sociedad civil pueden defenderse ante los atropellos gracias a que la Constitución Política contempla el amparo como recurso legal en caso de que se transgredan sus derechos.
Los amparos en materia administrativa, rubro en el que entran los presentados por la ciudadanía contra leyes o actos de autoridad, son de los que más ha resuelto la SCJN de 2012 a 2018.
De un total de 248 que el órgano impartidor de justicia resolvió en el lapso, 100 fueron en materia administrativa, señala el Portal de Obligaciones de Transparencia.
Guzmán menciona que el hecho de que se presenten este tipo de acciones contra los posibles atropellos a la ciudadanía, es una muestra de avance democrático.
“Deja de manifiesto que hay una ciudadanía activa e informada, así como un interés en desarrollar sus derechos”, expresa.
Además indica que también es una señal de que el Estado es inestable y diseña leyes endebles que se pueden invalidar en instancias jurídicas, lo que pone en riesgo el Estado de Derecho”, afirma.
También hace énfasis en que las anomalías se cometieron en leyes muy importantes y que regulan temas delicados.
La de Planeación es la que traza la ruta del rumbo del desarrollo urbano en los próximos 20 años.
La de Participación Ciudadana, determina la forma en la que los vecinos de las colonias podrán incidir en la política pública de la capital.
La lucha que encabezan los mexicanos ante la aplicación y aprobación de leyes deficientes por parte de los legisladores que los representan demuestra un avance democrático y un mayor involucramiento e interés de su parte en materia política
Y la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, es la que salvaguarda los derechos de una minoría rezagada en la ciudad.