Desde que el entonces presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico en 2007, la violencia ha impactado la vida de diversos sectores sociales: niños, jóvenes, mujeres y adultos, entre estos también se encuentran las profesiones, donde los médicos destacan por su labor de salud ante las agresiones de las que son objeto por miembros del crimen organizado.
Los datos globales que mejor exponen esta violencia se publicaron en la Encuesta Médica Nacional de Riesgo, realizada en el año 2015 por el Colegio Médico de México, donde se destacó que el 60 por ciento de los funcionarios de salud habían sido víctimas de algún tipo de agresión o amenaza en el contexto de la guerra.
En el 2016 médicos denunciaron ser forzados a atender a miembros del crimen organizado que llegaban a clínicas
Este reporte no ha impactado en las políticas públicas, donde los médicos siguen presentando reportes como blancos del crimen. Sólo el 40 por ciento, según la encuesta referida, llegan a denunciar ante las autoridades la agresión, por lo que el nivel de temor a represalias por la denuncia queda evidenciado.
A partir de este contexto, el Congreso Local del Estado de Jalisco se ha dado a la tarea de hacer un llamado al Poder Ejecutivo local para que tome cartas en el asunto de la protección del servicio de salud y sus prestadores, pues de acuerdo con los legisladores existe la posibilidad de que estos sean atendidos a partir de la Ley de Víctimas.
El acuerdo 2054-LXI-18 va dirigido al gobernador Aristóteles Sandoval; a Alfonso Petersen Farah, como titular de la Secretaría de Salud Jalisco; a Juan Carlos Benítez Suárez de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y al Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
“De lo previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, se establezcan los procedimientos necesarios de atención, información y acompañamiento desde la institución de salud receptora, tomando en cuenta la capacitación del personal de salud para actuar, salvaguardando su integridad física así como la del resto de pacientes y visitantes, durante la atención que brindan”, se lee en el acuerdo.
Derivado de este acuerdo, en el cuerpo explicativo de la iniciativa, se destaca en la quinta consideración que el personal médico es una población vulnerable por la naturaleza de los servicios que presta, frente a un incremento reciente de los homicidios en la entidad y por la conexión de estos asesinatos con el crimen organizado.
“El personal de emergencia, los pacientes y todas las personas que se encuentran en una institución médica son una población vulnerable al momento en que se recibe una víctima por agresión y que su agresión se puede replicar a quienes lo atienden y al resto de las personas presentes”
Durante el 2016 la queja del sector médico ante estas condiciones quedó más claro cuando surgió el movimiento #YoSoyMédico17, esto a partir de una sentencia condenatoria en Jalisco que declaró la culpabilidad de negligencia a 16 médicos.
No obstante, los funcionarios del sistema de salud también extendieron las denuncias de su profesión a un clima de inseguridad, donde también eran forzados a la atención de miembros del crimen organizado que llegaban a la instituciones de salud, o donde los mismos criminales levantaban a los médicos para que dieran sus servicios de manera forzada.
“Estamos obligados a atender y es parte de nuestro deber como profesionales de la salud, atender a toda persona que acuda a solicitar nuestros servicios”, declaró Miriam López, de la Federación Nacional de Colegios Médicos.
Pero estas atenciones también se dan en un ambiente de violencia. La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina tienen registros de agresiones entre 2007 y 2015, donde muestran que cerca de mil pasantes de medicina debieron ser retirados por el riesgo del que podían o fueron objeto.
De las renuncian que se han dado por pasantías médicas, se sabe que hasta agosto de 2017, 25 renuncias fueron por parte de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en un registro donde la Universidad Nacional Autónoma de México aparece a la cabeza, con 103 casos.
Por otro lado, también entre 2007 y 2015, la Secretaría de Salud reconoce que han sido asesinados siete médicos, derivado de la violencia dirigida a estos profesionales de la salud. Aunado a las cerca de nueve mil agresiones contra médicos de la Encuesta Médica Nacional de Riesgo, que consigna los ataques entre 2008 y 2015
En 2017 este panorama hizo que médicos de las clínicas 40 y 48 de León, Guanajuato, se agruparan en un movimiento denominado #NiUnaBataMenos. Sin embargo el pliego petitorio también fue adscrito por médicos de Jalisco, donde se exigían mejores condiciones de seguridad dentro de los centros de salud.
Así es como ahora el Legislativo de Jalisco pide que el Ejecutivo aplique las Directrices marco para afrontar la Violencia Laboral en el Sector de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo internacional de Enfermeras y la Internacional de Servicios Públicos, elaborada en 2002.
Esto implicaría priorizar la formación especializada de los profesionales que trabajan en servicios de emergencia y la atención psicológica de los profesionales que ya han sufrido alguna agresión.
Así como crear programas de prevención dirigidos al entrenamiento en habilidades de comunicación con pacientes y/o acompañantes, la identificación de situaciones de riesgo y la puesta en marcha de estrategias de afrontamiento adecuadas y medidas de seguridad, según se propone específicamente en el acuerdo legislativo.
