Las elecciones no terminan el día de la jornada electoral, sino cuando el INE finaliza su fiscalización, muchas veces hasta años después debido al rezago de las autoridades para entregar la documentación que solicita el órgano autónomo.
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) acusó a varios órganos de gobierno, entre ellos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de no entregar la información necesaria para poder avanzar en las quejas por el caso Odebrecht.
Debido a esta situación, el órgano electoral tiene cinco casos congelados desde 2016 en los que no ha habido justicia para los quejosos ni sanciones impuestas para los posibles culpables.
En su “Informe respecto al estado jurídico que guardan los procedimiento administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016 a 2021” de junio de este año, el INE reveló que en el caso Odebrecht ha presentado hasta 6 solicitudes a la FGR y a la FEDE para conocer cierta información, pero se les ha negado.
Instituciones como la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se han negado a colaborar con el Instituto Nacional Electoral para determinar que el dinero utilizado en los comicios no sea fraudulento
En el documento, el INE señala que el objetivo de la investigación del expediente INE/Q-COFUTF/169/2016 y sus tres acumulados INE/Q-COF-UTF/170/2017/ EDOMEX, INE/Q-COFUTF/09/2018 e INE/Q-COF-UTF/11/2020 es determinar si los recursos por los presuntos actos de corrupción que se llevaron a cabo mediante la entrega de dádivas y sobornos a Emilio Lozoya Austin, entonces titular de PEMEX, y por el otorgamiento de contrataciones públicas (concesiones), beneficiaron a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La denuncia fue realizada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena desde 2017 contra el PRI, PVEM, integrantes de la Coalición Compromiso por México, Emilio Lozoya Austin, la constructora brasileña Odebrecht y quien resulte responsable.
Para avanzar con el caso, el INE solicitó a través de seis oficios del 19 de octubre del 2017 al 23 de septiembre del 2020 información a la FGR y a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales información, pero les fue negada.
“Se han presentado seis solicitudes, fortaleciendo la fundamentación y motivación en cada requerimiento, así como citando diversos precedentes, sin embargo, en todos se ha negado la información bajo el mismo argumento”, señaló el INE.
De acuerdo con el órgano electoral, las autoridades no proporcionaron la información en virtud de que no se es parte del procedimiento penal, por lo que aplica la prohibición que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Dicho artículo señala que todos los documentos de una investigación abierta están reservados solo para la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
“Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables”, dice el Código Penal Federal.
Los otros casos de fiscalización
En el informe de fiscalización el INE expuso otros casos en los que autoridades locales y federales no han cooperado con el órgano autónomo.
Como la denuncia del PAN en contra de Morena y la excandidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien presuntamente utilizó recursos públicos durante su campaña.
Por esta investigación, el INE solicitó información al Ayuntamiento de Texcoco desde 2019, autoridad que no ha dado respuesta. También pidió documentación a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México, la cual se negó a entregarla por supuestamente tratarse de información reservada.
La tercera investigación congelada en el INE tiene que ver con las aportaciones económicas que recibió el hermano del presidente Pío López Obrador y si estas fueron reportadas en los informes correspondientes.
Al respecto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales argumentó que negaban la información por el secreto ministerial, es decir, el agente del Ministerio Público alegó que al ser un “criterio aislado no vincula a dicha representación social”.
Bajo el mismo argumento, la FGR se negó a entregar la información referente a una investigación contra el Partido del Trabajo (PT) por presuntamente haber recibido dinero del erario público para fines electorales.
“Niega la información, señalando que existe impedimento legal para proporcionarla, pues en el caso de que se llegara a contar con la misma, ésta sería estrictamente reservada”, respondieron a los tres requerimientos que realizó el INE desde 2017.
Finalmente, Movimiento Ciudadano en Baja California denunció a Morena, al PT, al PVEM y al Congreso local por utilizar recursos públicos para financiar una consulta ciudadana.
Después de cinco requerimientos, tanto la Jucopo como la Mesa Directiva del Poder Legislativo de Baja California, no han dado respuesta a la máxima autoridad electoral del país.
Es por esto que durante la presentación del informe, la consejera Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización, denunció la falta de respuesta por parte de las autoridades mexicanas para aportar la información necesaria para desahogar las investigaciones y concluir los procedimientos.
“Exhorto a las autoridades para que se sumen a apoyar al INE con la información que se les solicita y así resolver los procedimientos que están pendientes”
