“El Bronco” cabalga con tranquilidad. La Comisión Anti-Corrupción del Congreso local, a cargo del diputado de Morena, Bonifacio de la Garza, mantiene en el olvido una sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y 572 funcionarios estatales por la utilización de recursos públicos en la recolección de firmas para su campaña presidencial.
Un oficio en poder de Reporte Índigo revela que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral notificó al órgano legislativo local, el 22 de junio de 2018, una resolución donde determinó que había suficientes irregularidades cometidas rumbo a la candidatura de Rodríguez Calderón.
Recolección de firmas por funcionarios, compra de firmas en iglesia evangelista, auxiliares dudosos, apoyo del gobierno del Estado de México, firmas fraudulentas y credenciales falsas son algunos ejemplos.
La sentencia llegó a la Septuagésima Cuarta Legislatura, cuya presidenta de la mesa directiva era la diputada independiente Karina Barrón, ahora legisladora del partido Movimiento Ciudadano. Fue turnada a la Comisión Anti-Corrupción en la sesión del 27 junio de 2018, es decir, hace ocho meses.
“De enterada y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 y 39 fracción XXII del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso, se turna a la Comisión de Anti-Corrupción”, ratifica el documento.
El 31 de agosto del año pasado culminó la Septuagésima Cuarta Legislatura y nunca se dictaminó el oficio. El expediente quedó en el baúl del olvido, pues los nuevos diputados no han retomado el tema ni han aplicado sanciones al gobernador, funcionarios de primer nivel e involucrados en la recolección de firmas
“Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (…) es responsable por la conducta desplegada por su administración pública, ya que la voluntad y acción del Estado trasciende a la sociedad a través de las personas físicas que lo representan, durante el lapso que él era gobernador, para captar apoyos ciudadanos a su favor”, menciona el documento.
La Sala Regional, además, determinó la participación del secretario de Gobierno, Manuel González Flores, quien fungió como gobernador interino durante el tiempo en que se llevó a cabo la recolección de firmas y cuya dependencia registró mayor número de auxiliares.
El oficio también acusa de coacción a Yolanda Deyanira Cedillo Morales, quien fungió como directora de Control y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada.
La investigación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) arrojó que funcionarios utilizaron horas y días hábiles para recabar apoyos.
“Es existente la infracción atribuida a los 572 funcionarios por captar apoyos en días y horas hábiles, por tanto, se comunica la sentencia a sus superiores jerárquicos, Jaime Helidoro Rodríguez Calderón en su carácter de gobernador de Nuevo León y Manuel Florentino González Flores, gobernador interino, son responsables”, explica el texto.
Sanción: moneda de cambio
El silencio del Congreso local para no sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón podría deberse a un posible intercambio de favores de los diputados del PAN y PRI para recibir beneficios de recursos en las alcaldías que ellos gobiernan.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, llama a estas negociaciones “barajitas” de cambio, pues no comprende que el Congreso local haya guardado silencio en la sanción para “El Bronco”.
“Creo que las sanciones se utilizan como barajitas de cambio para otros intereses y para que se promuevan a través del Estado otros asuntos. Por el Estado pasa todo lo que votamos en esta Legislatura y puede perjudicar o beneficiar a ciertos alcaldes, por ejemplo, pueden detener las transferencias. Mi lectura es que quizá este olvido se esté intercambiando por otro tipo de intereses o favores por parte del Gobierno del Estado”
La legisladora emecista afirma que las bancadas del PRI y PAN del Congreso pueden estipular sanciones severas, incluso, pueden solicitar la destitución de funcionarios de primer nivel y una multa millonaria para el gobernador.
“Si el Congreso quiere, puede ir muy fuerte contra el gobernador y puede pedir la destitución de funcionarios de primer nivel. Imagínate el nivel de sanción para los responsables de 572 servidores públicos que recabaron de manera irregular firmas y de dos directores de la policía que los encontraron en coacción”, dimensiona Saldívar.
Fiscalía federal investiga
La Fiscalía General de República tiene una investigación de posible lavado de dinero en la recolección de firmas para la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez Calderón. Sin embargo, el órgano está por cumplir un año sin dar informes de los avances.
El 31 de enero, el partido de Movimiento Ciudadano realizó una denuncia a la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, por un posible lavado de dinero.
Este partido declaró que los depósitos irregulares de simpatizantes por un monto de 250 mil pesos eran de personas que no contaban con recursos suficientes para hacer una donación de este tipo.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un informe acerca de si continúa con la investigación o si existe algún avance sobre este probable delito.
