Para el PRI es reprobable que las posturas de la oposición sean inamovibles, pues en este tiempo de discusión han pasado hechos de violencia en el país
“Si bien el gobierno federal ya propuso una iniciativa en materia de Seguridad Pública, ésta nos parece insuficiente y en algunos aspectos peligrosa; conlleva un riesgo de acumulación de atribuciones en un sólo orden de gobierno, que podría derivar en posturas y acciones autoritarias".
“Después de Iguala, México debe cambiar (…) Nuestro país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie (…) Como sociedad debemos tener la capacidad de encauzar nuestro dolor e indignación hacia propósitos constructivos; el camino de México debe ser el de la paz, la unidad y el desarrollo”
Hace un año, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su decálogo por la seguridad, una serie de medidas en respuesta a la crisis que se vivió después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Consideradas como urgentes por el Ejecutivo, las normas fueron anunciadas en un gran evento en Palacio Nacional. Hoy, un año después, el decálogo está en coma. Ninguna medida se ha concretado del todo.
En algunos casos ya ha comenzado el esfuerzo inicial para concretar la medida; en otros, sobre todo en los asuntos que dependen del Congreso de la Unión, el decálogo permanece estacionado en las comisiones del Senado.
“Después de Iguala, México debe cambiar (…) Nuestro país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie (…) Como sociedad debemos tener la capacidad de encauzar nuestro dolor e indignación hacia propósitos constructivos; el camino de México debe ser el de la paz, la unidad y el desarrollo”, dijo el presidente Peña Nieto el 27 de noviembre del 2014.
El primer mandatario propuso disolver las alcaldías bajo sospecha de estar coludidas con el crimen; crear cuerpos estatales únicos de policía; reformar el sistema de competencias penales; establecer el 911 como número de emergencia; y establecer una clave única de identidad.
También realizar un operativo integral en Guerrero y Michoacán; reformar el esquema de justicia cotidiana; la revisión de todas las normas relacionadas con los derechos humanos –expedir leyes relacionadas con la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial-.
Asimismo, el presidente se comprometió a combatir la corrupción, apoyando el Sistema Nacional Anticorrupción y la legislación secundaria de Transparencia; y mejorar la rendición de cuentas de todas las esferas de gobierno.
En el caso de los temas más polémicos, como el mando único y la intervención a los municipios con sospecha de infiltración del narcotráfico, el avance se ve imposible por no haber consenso entre las fuerzas política.
Empantanado en el Congreso
En cuanto llegaron al Senado las iniciativas para crear un solo cuerpo de policía por cada estado, y para disolver a los Ayuntamientos bajo sospecha de infiltración de la delincuencia organizada, los grupos parlamentarios fijaron su postura. No la han movido desde entonces.
Por un lado, el PRD ha acusado que la intervención en los municipios es un tema que se presta al manejo político contra los enemigos del régimen.
“Si el Fiscal General de la República advierte indicios para considerar la infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios municipales, deberá comunicarlo al titular de la SEGOB, para que en su caso, soliciten la aprobación del Senado para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio”, señala la iniciativa presidencial.
A pesar de los candados establecidos para una eventual intervención, los perredistas consideran que es intransitable que la Federación quiera disolver una autoridad elegida por los ciudadanos.
“El municipio libre ha sido abrogado, y si bien se debe asumir que el actual modelo municipal se ha agotado, es necesario promover cambios que lejos de continuar su desmantelamiento descentralicen los recursos que permitan su fortalecimiento”, ha dicho Alejandro Encinas, senador de la bancada del PRD.
El grupo parlamentario del PAN ha centrado su rechazo en el mando único policial.
En su iniciativa, el Ejecutivo señala que la seguridad pública será una función de la Federación y los estados; los municipios solamente participarán en el diseño de políticas de prevención del delito pero desde un enfoque no policial.
Con ello, desaparecerían las policías municipales y la responsabilidad de las tareas de seguridad recaería directamente en los gobernadores. Las policías estatales estarán bajo el mando de las federales.
Ricardo Anaya, presidente del PAN, presentó una iniciativa en materia de seguridad que incluye la creación de un Servicio Nacional de Carrera Policial, donde se definirían desde el ingreso hasta la permanencia de los elementos de seguridad de cada corporación policiaca.
“Si bien el gobierno federal ya propuso una iniciativa en materia de Seguridad Pública, ésta nos parece insuficiente y en algunos aspectos peligrosa; conlleva un riesgo de acumulación de atribuciones en un sólo orden de gobierno, que podría derivar en posturas y acciones autoritarias.
“Unificar a la policía en instituciones estatales mediante la eliminación de las municipales, como propone la iniciativa del Ejecutivo, potencia el riesgo de daño en el caso de una corporación infiltrada, corrupta o poco capacitada”, expuso Ricardo Anaya.
Sin embargo, para el PRI, es reprobable que las posturas de la oposición sean inamovibles, pues han pasado otros hechos de violencia en el tiempo que ha durado la discusión.
“Nos hemos tardado mucho en este asunto; pero es complejo lograr los consensos porque ninguno de los grupos tiene mayoría.
“Dicen mis compañeros perredistas que no (pasará), que eso es un atentado al federalismo; yo les he dicho que atentado al federalismo fue haber quitado a los estados los tribunales electorales y los institutos electorales, eso sí es un atentado al federalismo”, afirmó Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Las otras medidas
En tanto, otras propuestas del Ejecutivo apenas han comenzado el camino para ponerse en marcha y otras no han tenido tan buenos resultados.
En el caso de los operativos en Guerrero y Michoacán, por ejemplo, aunque fueron enviadas más fuerzas federales, en semanas recientes se han registrado hechos de violencia que han cobrado la vida de varias personas.
Uno de los casos es el de Polixtepec, una comunidad en la sierra de Guerrero, donde esta semana fue asesinada una familia en una supuesta represalia por apoyar la presencia de la policía comunitaria. Ocurrió a unos días de que el Ejército dejó la zona.
En el caso del número 911 para emergencias, el Instituto Federal de Telecomunicaciones habilitó dicha marcación a mediados de este mes.
La primera ciudad donde ya se encuentra en operación es en Torreón, Coahuila.
El 911 será administrado directamente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; se prevé que su implementación sea paulatina.
Las reformas sobre Justicia Cotidiana se encuentran aún en construcción; para ello, se han realizado foros en todo el país para recoger las necesidades ciudadanas respecto a ese tema.
La clave única de identidad no presenta ningún avance; lo único que ocurrió fue la firma de un acuerdo con los gobernadores para llevarla a cabo.
En el caso de las reformas para fortalecer los derechos humanos, todas se encuentran en proceso, aunque con una participación marginal del Ejecutivo.
Los temas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales se han tratado en el Senado.
En el Congreso se aprobó también la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque sus leyes secundarias se encuentran en proceso; lo mismo ocurre con la Ley de Transparencia.
