La iniciativa presentada en el Senado para sancionar las malas prácticas bajo el esquema laboral del outsourcing vuelve a ser motivo de controversia entre el sector empresarial y los legisladores.
Mientras Napoleón Gómez Urrutia, senador impulsor de la regulación, defiende su propuesta por considerar que la simulación del esquema de subcontratación viola los derechos de miles de trabajadores en el país, los empresarios consideran que esto desmotivará inversiones y la creación de empleos.
Después de que la iniciativa fue aprobada en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda, solo con la presencia de senadores integrantes de Morena el martes, el sector privado se manifestó en contra.
El dictamen para sancionar las actividades ilícitas mediante outsourcing fue aprobado el martes en comisiones del Senado donde no se presentaron legisladores de la oposición
Tras la presión ejercida por organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la discusión en el Pleno fue aplazada y se informó que se realizará mediante Parlamento Abierto.
La propuesta de reforma, publicada el 29 de octubre en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara alta, establece que tiene por objeto tutelar los derechos laborales de las personas que se encuentren bajo este régimen laboral y propone que el outsourcing solo sea utilizado por las empresas cuando sus actividades exijan una especialización ajena.
Otros de los propósitos es que se garanticen los derechos laborales y de seguridad social de los subcontratados, obligar a los patrones a que se celebre un contrato por escrito del cual se entregue una copia al trabajador, además de facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para crear y operar un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación.
En su exposición de motivos, el también líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, menciona que las administraciones federales de los tres últimos sexenios fueron complacientes en la proliferación de compañías que utilizan el outsourcing para evadir impuestos y el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“En primer término, la empresa que transfiere su planta laboral del ente delictivo de outsourcing, elimina súbitamente y con base en tal simulación, el derecho de los trabajadores a percibir la participación de las utilidades que contribuyeron a generar”, estipula la iniciativa.
El documento propone modificar el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo en donde enlista las prácticas de simulación. Asegura que los últimos beneficiarios en el arrendamiento de servicios de trabajo deberán entregar utilidades a los empleados mediante outsourcing.
De no ocurrir, los patrones finales cometerían un delito contra los trabajadores y se considerarían faltas al Código Fiscal de la Federación, al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Entre las sanciones por estos actos, se impondrían de dos a nueve años de prisión por operaciones falsas en la entrega de comprobantes fiscales por simular una relación laboral inexistente entre los diversos patrones que empleen al trabajador, establecido en el artículo 113 del Código Fiscal.
En el caso del Código Penal, la propuesta estipula que se violaría el artículo 400 Bis concerniente a operaciones con recursos de procedencia ilícita, falta por la cual se impondrían de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa.
También contempla la violación al Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el cual establece la organización de tres o más personas para cometer delitos, que en su fracción VIII Bis establece la defraudación fiscal como un ilícito de esta naturaleza, reformado apenas el 8 de noviembre pasado, y que también propició un encono entre grupos empresariales y legisladores.
Daños devastadores
A través de un comunicado, el CCE aseguró que de concretarse la reforma propuesta por Napoleón Gómez Urrutia los daños para la economía del país serían devastadores. Este órgano empresarial advierte que se desalentaría la inversión nacional y extranjera y eliminaría miles de empleos.
También acusa que la iniciativa pretende criminalizar las relaciones laborales por subcontratación al poner a nivel de delincuencia organizada “una práctica legal y legítima”.
En ese mismo sentido, Coparmex lamentó la aprobación de la propuesta en comisiones y recalcó que esta medida también afectaría la competitividad del país.
Ambos organismos se pronunciaron en pro de que se combatan las prácticas ilegales y simuladas a través del outsourcing que afecten a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social.
Es positivo que las leyes prohiban los actos ilegales mediante la subcontratación cuando es utilizada para evadir el pago de prestaciones o de cuotas de seguridad social, afirma Héctor Márquez Pitol, director de relaciones institucionales de Manpower Group.
El ejecutivo de la firma, dedicada al reclutamiento y tercerización laboral, agrega que la subcontratación en México se ha transformado de “outsourcing” a “intsourcing”; es decir, que las empresas constituyen sus propias compañías empleadoras para eludir responsabilidades patronales.
“La modalidad que está prácticamente en todas las empresas grandes es el ‘intsourcing’ que desde hace años se puso de moda. Te vas a trabajar en una nómina con una empresa, pero la que realmente factura es otra, con el fin de no hacer reparto de utilidades”, explica.
Con respecto a si la propuesta de Gómez Urrutia significaría la pérdida de miles de empleos, Márquez Pitol concluye que no será así y que esta postura viene de los sectores que hacen uso de la subcontratación con propósitos desleales.
“No desmotivaría la creación de empleos, porque muchos de los que trabajan con nosotros (Manpower) y trabajan bien, no por eso dejan de crecer. Son fundamentos que exponen los que están en la mira, pero son gente que se mueven con mucho dinero y buscan argumentos que son totalmente falsos”.
Aplazan discusión del Outsourcing
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, informó que en enero se llevarán a cabo las consultas y el Parlamento Abierto sobre el dictamen de la reforma para la regulación del outsourcing.
En entrevista en Palacio Nacional, después de reunirse en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que es una buena ley, pero criticó la precipitación.
“No se trata de prohibir, o de cancelar o de congelar este dictamen, se trata de mejorarlo en Parlamento Abierto que será en enero”, aclaró.
El senador morenista explicó la Comisión del Trabajo y Previsión Social —encabezada por Gómez Urrutia— será la encargada de organizar las consultas.
Por su parte, líderes de organizaciones sindicales solicitaron que se tome en cuenta su participación en los foros del Parlamento Abierto para discutir el esquema de subcontratación.
Entre los sindicatos que mostraron su disposición para sumarse al debate se encuentran la Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México (COCEM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
(Con información de Noemí Gutiérrez)
