La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a cargo Gustavo Adolfo Guerrero, condicionó la vida de Marino, un perro de raza american bully, quien en un estado de ansiedad agredió al niño Gael en el municipio de Escobedo.
Los dueños de este animal, Luis Alberto Lara Coronado y Nesly Gissele Castillo Zamudio, tendrán que someterlo a un entrenamiento y buscar un aval de una asociación protectora de animales, de lo contrario Marino será sacrificado, informó la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Ivonne Bustos Paredes.
“Me informan que Marino tendrá que ser sometido a varios entrenamientos y se necesita el aval de una organización de animales, si no será sacrificado, y eso no es correcto”, señaló la legisladora.
No obstante, para la diputada la investigación de la Fiscalía no considera el artículo 75 de la Ley de Protección Animal, donde establece que en un ataque se tendrá que considerar si el animal estaba alterado o asustado por alguna situación externa.
Incluso, este reglamento señala que un perro no puede ser sacrificado sólo por su raza.
Marino se encontraba el pasado 9 de diciembre en su casa ubicada sobre la avenida Las Industrias de la colonia Parque Industrial del municipio de Escobedo, en ese momento se estaba utilizando pirotecnia de manera intensa por un evento religioso, lo que alteró al animal y lo puso en un estado de ansiedad, refirieron sus dueños.
El 11 de diciembre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) aseguraron al animal para llevarlo el Centro de Control Canino y Felino denominado “Terminal”.
Marino estaba condenado a ser sacrificado. El 13 de diciembre ingresó al centro canino, donde por 10 días fue evaluado por personal del departamento de Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por Vector.
“Lo que llama la atención, es que las notificaciones de la Fiscalía se hacen pasados los 10 días de observación del animal, y no la Secretaría de Salud, pero además la Fiscalía no puede retener al perro sin argumentos sólidos, posterior a esos 10 días de termino.
“Al estar enjaulado en forma permanente se pone en peligro su salud tanto física como emocional, encuadrando en la definición de maltrato sancionada por la Ley de Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad”, agregó la diputada.
Un punto favorable para Marino, es que el artículo 78 de la Ley de Bienestar Animal protege a un perro que atacó, cuando el dueño del animal firma una carta de responsabilidad, previa observación de comportamiento por expertos veterinarios de un centro canino.
La dueña de Marino, Nesly Gissele Castillo Zamudio, entregó el pasado 18 de diciembre la carta responsiva al Centro de Atención Canino y Felino del Gobierno estatal, esto para evitar que Marino sea sacrificado.
