Conagua detecta ‘huachicoleo’ de agua en sector agrícola

Las evaluaciones implementadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el sector agrícola del país arrojan que una proporción importante de los productores extraen volúmenes de agua mayores que los que tienen debidamente autorizados en sus respectivos títulos de concesión, lo que obstaculiza una gestión sostenible del recurso y apunta a un “huachicoleo” del mismo.

De acuerdo con los análisis de la Conagua, hasta cuatro de cada 10 títulos de concesión otorgados al sector referido para la explotación de aguas nacionales rebasan los niveles de extracción permitidos por el Gobierno federal.

Los impactos sociales y medioambientales de estas prácticas se agravan al considerar que tres cuartas partes de toda el agua que posee el país se consume para el sostenimiento de la agricultura, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

¿Qué dice el informe de la Conagua, según la ASF?

La información obtenida por la Conagua se incluye en la auditoría sobre el “Desempeño de la Comisión Nacional del Agua en la Gestión de las Concesiones y Asignaciones de las Aguas Nacionales”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el año 2022.

“Respecto de la medición indirecta que realizó la Comisión, proporcionó el informe denominado ‘Medición Indirecta de Volúmenes de Aguas Nacionales’ del 1 de diciembre de 2022, en el cual se señala que se evaluó el volumen concesionado agrícola en 25 estados de la República (sic.).

“Referente a 8 mil 684 títulos de concesión, los cuales contenían 10 mil 500 aprovechamientos inscritos en el REPDA (Registro Público de Derechos de Agua) a mayo de 2019, comparándolo con el resultado de la metodología de Volumen de Agua Estimado Extraído (VAEE), en metros cúbicos”, explica el documento.

Aunque la auditoría menciona la revisión a 25 entidades federativas, en el texto revisado por Reporte Índigo solo se nombran 24 estados: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

“De los 8 mil 684 títulos analizados, en los que se encuentran 10 mil 500 aprovechamientos registrados en el REPDA, la Conagua identificó que 3 mil 695 títulos (42.5 por ciento) tuvieron un volumen mayor al concesionado y 4 mil 989 títulos (57.5 por ciento) un volumen menor al concesionado”, detalla el documento de la ASF.

Añade que, de acuerdo con los cálculos de la Comisión, 3 mil 925 aprovechamientos extraen 312.4 por ciento más agua que la autorizada en la concesión y 6 mil 575 aprovechamientos extraen menos agua a la concesionada en 312.0 por ciento.

No obstante, precisa que en el informe de la Comisión no se mencionan las acciones propuestas para sancionar a los que extraen más agua de lo permitido y para realizar la caducidad de los que no utilizan la totalidad del agua concesionada.

Hallan deficiencias en operación de la Conagua

La Comisión Nacional del Agua tiene suscrito un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para intercambiar información que le permite a la Conagua realizar mediciones del consumo del agua concesionada; sin embargo, durante los últimos años han surgido problemas con la implementación de dicho documento, lo que impide el flujo constante de los datos.

Esto, según la ASF, impidió que la evaluación del consumo del agua en el sector agrícola se realizara con información actualizada, aunque es la única de la que dispone el organismo.

“El cálculo del VAEE se realizó con información desactualizada correspondiente a 2016 y 2019, tanto por la información proporcionada por el REPDA como por la de CFE, está última por la falta de actualización del convenio de colaboración”, detalla la auditoría.

La propia Conagua reconoció que, al tener solo esta información para medir el consumo del agua agrícola, se obstaculiza la imposición de sanciones contra los productores que superan la extracción de los volúmenes permitidos.

“La Comisión informó que ‘no se realizaron acciones derivadas de los resultados del análisis obtenido de la medición indirecta, debido a que la fuente de información es de más de cinco años de antigüedad y conforme lo establece la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en su artículo 79, que la facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en cinco años’”, indica la ASF.

Sin embargo, precisa que el organismo rector de las aguas nacionales ha intentado continuar con el intercambio de información con la CFE desde el 2019, pero a la fecha no ha sido posible.

Extracción de aguas nacionales, sin control

Tras la revisión, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que la Conagua presenta múltiples deficiencias que impiden una medición integral de la extracción y explotación de las aguas nacionales por parte de los concesionarios.

“En los programas de medición, la Conagua no sustentó que, en 2022, formuló ni ejecutó un programa de medición con el fin de revisar que la extracción, explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de los concesionarios y asignatarios, se realizó conforme a los volúmenes, caudales y usos específicos establecidos en las concesiones y asignaciones de las aguas nacionales”, acusa la ASF.

Además, a pesar de que la Comisión es la instancia responsable de velar por que la explotación de las aguas nacionales se efectúe de manera sostenible ambientalmente, ha sido objeto de un grave desmantelamiento que incluye la reducción de su personal y del presupuesto para esas funciones.

“La Conagua informó que en 2022 contó con 143 personas acreditadas para realizar visitas de verificación e inspección, menor en 55.9 por ciento (181) respecto de las 324 de 2012. En el periodo 2012-2022, el presupuesto aprobado para la Conagua en el programa presupuestario G010 se redujo en 23.1 por ciento en términos reales, al pasar de 9 millones 182 mil 596.1 pesos, en 2012, a 7 millones 65 mil 342.7 pesos, en 2022”, dice la auditoría.