El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha hecho frente a los múltiples retos de la pandemia por COVID-19 mediante un amplio marco jurídico que ha permitido garantizar la atención a derechohabientes y a personas sin seguridad social con esta enfermedad, subrogar servicios médicos, proteger derechos de trabajadores y apoyar a empresas solidarias, afirmó el director general, Maestro Zoé Robledo.
En el marco de la Reunión de Presidentes de Colegios de Profesores y Directores de Seminarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el que participó como invitado de honor, Zoé Robledo expuso que el Instituto se guio por el Artículo Cuarto de la Constitución para garantizar el derecho a la salud, además de coadyuvar en el ámbito de la economía con el otorgamiento de créditos solidarios y protocolos de higiene a las empresas.
Durante su participación como invitado de honor en el Conversatorio: “COVID-19 y el Derecho a la Salud”, Zoé Robledo afirmó que desde marzo del año pasado las nueve direcciones normativas y el Órgano Interno de Control en el IMSS se instalaron en un Comando Central de operaciones para la emergencia sanitaria.
“Fue ahí donde nuestro director Jurídico, el maestro Antonio Pérez Fonticoba, planteó que la pandemia iba a tener también una dimensión jurídica que no debíamos de dejar de ver”, afirmó.
El director general del IMSS – quien es Maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM – destacó que entre los principales mecanismos jurídicos que se pusieron en marcha fue la protección de las y los trabajadores en caso de la pérdida del empleo, a fin de continuar con la cobertura de la seguridad social, además de establecer que en la suspensión de labores por la contingencia sanitaria se protegería el salario.
Destacó que se otorgaron cerca de 200 mil créditos solidarios a micro y pequeñas empresas, los cuales permitieron que 70 por ciento de patrones no dieran de baja al personal.
Además, se establecieron lineamientos y protocolos en actividades esenciales bajo el principio de la confianza, donde patrones llevaron a cabo una autoevaluación que permitió continuar con la actividad productiva al tiempo de disminuir las probabilidades de contagio.
Zoé Robledo informó que durante la emergencia sanitaria se han analizado y otorgado 242 mil incapacidades temporales a trabajadores que se desempeñan en áreas de riesgo de exposición alta o muy alta, bajo un mecanismo específico en el cual se reconoció al COVID-19 como enfermedad de trabajo, lo que permitió a trabajadores hacer efectivo su derecho a la seguridad social.
También resaltó la celebración de diversos convenios con hospitales privados que permitió la atención de mujeres embarazadas y derechohabientes con urgencias quirúrgicas, y que a diferencia de las experiencias de otros países europeos con gobiernos que nacionalizaron hospitales o servicios, el Seguro Social vio al sector privado como un aliado.
El director general del IMSS subrayó que atención de COVID-19 se dio en medio de otra pandemia, la de enfermedades crónico-degenerativas como obesidad, diabetes e hipertensión que aumentan el riego de enfermedad grave; además, en el momento más crítico de la emergencia sanitaria, de las 32 mil camas que se reconvirtieron y destinaron para la atención de COVID-19 a la población general, 20 mil fueron del Seguro Social.
Destacó que la relación con la UNAM es extraordinaria y de muchos años, que se vincula con el seguro facultativo de sus estudiantes pero también con las y los residentes de la Facultad de Medicina que han apoyado en las unidades médicas y que han desempeñado un papel clave y a la altura de lo que ha significado esta pandemia.
