Comunidades originarias en vilo y vulnerabilidad
La esperanza que albergaban los pobladores originarios en la actual administración se desvanece cada vez más ante el incumplimiento de los compromisos establecidos y la imposición de proyectos de infraestructura a través de consultas poco confiables, situaciones que han despertado los reclamos y protestas de este grupo vulnerable
Ernesto SantillánLa luna de miel se acaba. La esperanza de los integrantes de las comunidades originarias en México, de que con la llegada de la Cuarta Transformación al poder la difícil situación por la que atraviesan en materia de derechos humanos y de abandono por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno se solucionaría, hoy está menguando.
La falta de acciones concretas para su beneficio, el sinfín de promesas incumplidas a lo largo de los años por parte de los distintos gobiernos en turno y la invasión de sus tierras para la construcción de proyectos de infraestructura de todo tipo, son los principales motivos por los cuales las comunidades indígenas del país han decidido plantarse como un sector de oposición cada vez más fuerte y decidido a ser escuchado y tomado en cuenta.
“Somos un pueblo que vive en la pobreza, sumido en las enfermedades, la migración, la discriminación y la violencia. El gobierno no apoya nuestras actividades productivas y hay cacicazgos que no atienden la salud y educación de calidad”, denunció Emir Hernández Cortés, representante del pueblo Náhuatl, en el marco del diálogo del presidente López Obrador con comunidades Náhuatl, Otomí, Tepehua y Huasteca en Veracruz que llevó a cabo el jefe del Ejecutivo en los primeros días del año.
Por su parte, Juan Carlos Flores, abogado defensor del Frente de Pueblos Indígenas e integrante del Comité Nacional Indígena (CNI), asegura en entrevista para Reporte Indigo que conforme avance el sexenio del tabasqueño las protestas y exigencias por parte de las comunidades originarias se intensificarán a menos que se comiencen a ver resultados reales en relación a los compromisos que el primer mandatario adquirió con ellos antes de hacerse con el cargo más importante del país y ya una vez en posesión del mismo.
Una de las muestras más claras de esta realidad fue el anunció que realizó el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a través de un comunicado en el cual informó que llevará a acabo una serie de jornadas de protesta en contra de los megaproyectos que busca edificar el Gobierno federal como el Tren Maya, el Corredor Transístmico Salina Cruz-Coatzacoalcos o el Proyecto Integral Morelos.
En el documento se hizo un llamado a organizaciones, comunidades, pueblos y colectivos para que se unan a las marchas en memoria del activista asesinado Samir Flores Soberanes, quien se oponía a la Termoeléctrica de Huexca en Morelos.
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Promesas vacías
Hace 5 días, en el municipio de Texcoco, Estado de México, al encabezar un diálogo con los pueblos Náhuatl, Mazahua, Otomí, Matlazinca, Tlahuica y población indígena migrante de la región, López Obrador renovó su promesa de no pasar por encima de las comunidades originarias, de siempre escucharlas y de hacer de sus necesidades una prioridad para la agenda del país.
“Si fuera minoritario, opresor, se tendrían todas las razones, pero nosotros estamos representando un gobierno honesto, democrático, humanista y no vamos a cometer ninguna arbitrariedad.
“No va a haber imposiciones, no vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado, vamos siempre a escuchar a todos, vamos a escuchar al pueblo. ¡Qué vivan los pueblos originarios de México!”, dijo acompañado del gobernador priista de la entidad, Alfredo del Mazo.
Sin embargo, Juan Carlos Flores, dice que las palabras de Andrés Manuel López Obrador son únicamente para ganarse el favor del pueblo y que han caído en saco roto.
“Yo creo que las promesas de López Obrador son una estrategia que tenía desde que llegó a la presidencia para realizar un convencimiento de todos los pueblos indígenas para que se puedan implementar los megaproyectos.
“Entonces desde que tomó el cargo e hizo el acto ahí en el zócalo con los indígenas, pues no era para cumplir con su palabra, era justamente para poder llevar a cabo sus planes”.
Antes de AMLO ya existían 800 conflictos medioambientales en el país con pueblos por los megaproyectos. Entonces esperaban que con este gobierno fuera diferente, pero las cosas siguen igual, relata el jurista, pues “el presidente pensó que nada más por su rating y a pesar de no escuchar a las personas podría implementar sus proyectos y no es así”.
“Por ejemplo, la modificación del trato que anunció el presidente para que el gasoducto Tuxpan-Tula no pase por un cerro sagrado no significa nada.
“No se trata nada más de darle la vuelta a un cerro o a una montaña, estos son proyectos de desarrollo industrial que en nada benefician a las comunidades y sus territorios, sino que son para las empresas extranjeras que vienen a dañar el medio ambiente”.
El defensor indígena además denuncia que están viendo dos formas de simular las consultas: una de ellas es como sucedió en el caso del aeropuerto de Texcoco a través de una popular y ahora a través de las indígenas específicamente.
“No respeta la decisión del pueblo sobre sus territorios, no se están haciendo desde la misma comunidad organizada y muchas veces las personas ni siquiera saben que es un protocolo de consulta y los meten a una dinámica que no va de acuerdo a sus usos y costumbres. Además de que se usan los programas sociales para chantajear y ganar votos, los cuales dividen a las comunidades”.
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Resistencia organizada de las comunidades originarias
Los abusos que han tenido que enfrentar de manera histórica las comunidades indígenas han generado que los integrantes de este grupo poblacional en el país estén cada vez más preparados para desafiar las violaciones a sus derechos provenientes tanto de parte del Estado como de particulares.
Además, el constante incumplimiento de las promesas hechas por parte del Gobierno federal en materia de asuntos indígenas no solo en los sexenios anteriores, también durante el primer año de la administración en turno, ha generado que las resistencias indígenas despierten nuevamente, arrastrando todos los problemas del pasado como una bola de nieve y exigiendo soluciones reales y tangibles en este momento.
“Cada vez las comunidades y movimientos indígenas están más conscientes de sus derechos y más preparados para enfrentar los abusos de los que han sido víctimas desde hace décadas. Conocen cada vez mejor lo que establece la Constitución, así como los convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El jurista también relata que hoy en día las cosas ya no son como hace 26 años cuando surgió el EZLN, que si bien es cierto existían en aquella época una serie de comunidades que se encontraban organizadas, ahora la coordinación entre pueblos es mucho mayor y más clara.
Una de las muestras más tangibles del nivel de organización con la que muchas regiones indígenas a lo largo del país cuentan, es la batalla contra el fracking que se libra en el estado de San Luis Potosí, en donde poco a poco se ha tenido que ir informando y educando a los pobladores sobre las consecuencias de esta actividad para evitar que sean víctimas de engaños.
“Poco a poco hemos enseñado a la gente a defender sus tierras con argumentos legales. Se les brinda información sobre los tipos de consultas, cómo deben ser y los derechos de los que gozan en la Ley tanto a nivel nacional como internacional para que cada vez tengan más herramientas que les ayuden a evitar los abusos en su contra”, revela Rogel del Rosal, uno de los líderes indígenas en la región de la Huasteca Potosina y defensor del agua y de la tierra en entrevista para Reporte Indigo.
Por último, Juan Carlos Flores, dice que si efectivamente la administración actual busca transformar México, no se puede ignorar a las comunidades originarias.
“Si en verdad se busca construir un país diferente, pues forzosamente se tiene que pasar por un reconocimiento y una reestructuración de la visión del Estado con respecto a los pueblos indígenas y sus necesidades tanto en materia ambiental, como de derechos humanos, como de igualdad”.
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Violencia, un problema latente
Al igual que el resto de la sociedad mexicana, los pobladores originarios, especialmente aquellos activistas y defensores de la tierra y del medio ambiente, han sido incapaces de escapar de la grave crisis de violencia por la que atraviesa México.
De acuerdo con Amnistía Internacional, en su documento “México: Alza la voz por quienes defienden su hogar y nuestro medio ambiente”, durante el 2019 se reportaron 12 asesinatos de activistas defensores de la tierra y situaron al país como uno de los más peligrosos a nivel mundial para quienes realizan este tipo de actividades.
Para Juan Carlos Flores, Abogado defensor del Frente de Pueblos Indígenas, este nivel de violencia al que se han enfrentado desde ya hace varios años, de entre los cuales destaca el 2015 como uno de los más sangrientos con el asesinato de 15 activistas, es una de las maneras que tanto el Estado, grupos del crimen organizado o las mismas empresas privadas utilizan para silenciar las protestas.
“Las agresiones y amenazas en contra de nuestros activistas, como en el caso de Samir, son cada vez más frecuentes. Antes te encarcelaban injustamente, ahora tenemos más miedo a los asesinatos, levantones y desapariciones que a la cárcel”.
Aunado a esto, el jurista reclama que la mayoría de las agresiones, sin importar el tipo, quedan impunes. Lo que a su vez fomenta este tipo de acciones en su contra.