Al hacer un recuento de los Congresos estatales que aprobaron en menos de un mes la legalización del matrimonio igualitario para llegar al total de 32 entidades con esta garantía, Alex Orué, coordinador global de la organización It Gets Better, expresa su sorpresa por dichas determinaciones, pero advierte que, aunque es un hecho sin precedentes, se deriva de una lucha histórica de la comunidad LGBTI+ y hay puntos por definir.
“Sé de los muchos intentos que a lo largo de más de 10 años se han hecho para legislar a favor del matrimonio igualitario. En la Ciudad de México desde 2010 fue posible y, que 12 años después se esté logrando, implica que ha habido una gran resistencia en el país y por parte de la clase política de todos los partidos”, afirma.
El activista menciona que las resoluciones de cada estado traen consigo un cúmulo de historias dolorosas de las personas y parejas que fueron pioneras en exigir el respeto a sus garantías y a tener acceso a la protección que da la figura del matrimonio.
Por lo que subraya la importancia de que los Congresos concreten la legislación en esta materia, pues en Chihuahua y Guanajuato, por ejemplo, es posible acceder al matrimonio igualitario por decreto del Poder Ejecutivo, no porque exista un marco legal.
Agrega que, en el caso de Aguascalientes, Chiapas y Nuevo León, también falta un trabajo legislativo, ya que dichos enlaces se llevan a cabo a partir de una orden del Poder Judicial.
Lo anterior, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado artículos de los distintos Códigos Civiles en los que limitaban la figura del matrimonio a vínculos entre hombres y mujeres.
La lucha de la comunidad LGBTI+ sigue
Alex Orué añade que, aunque en 2015 la SCJN declaró inconstitucional negar el acceso a los matrimonios igualitarios, la discriminación ha prevalecido en diversas entidades.
“Todavía hasta la semana pasada en estos estados donde ahora legislaron a favor, si yo iba al Registro Civil tenía que pasar la humillación de que me negaran el casarme, pagar un amparo y esperar a que el juez de distrito me lo otorgue. Un proceso que es discriminatorio y clasista”
Subraya que la lucha sigue, pues la agenda de la comunidad LGBTI+ es amplia e interseccional, por lo que apunta a que se generen políticas públicas de prevención y educación que ataquen los problemas de segregación desde la raíz.
Refiere la falta de instituciones con capacidad suficiente para atender las distintas problemáticas en torno a los derechos humanos, así como funcionarios poco capacitados; como ejemplo, señala el caso de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a la que describe como un ente con poco presupuesto y sin presencia a nivel nacional.
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