Las personas de la comunidad LGBT se cansaron de vivir en la vulnerabilidad y en el olvido de las autoridades en el país.
Tras los recientes asesinatos contra miembros de la comunidad, organizaciones civiles y funcionarios señalan que la falta de un registro oficial sobre crímenes de odio y la propagación de discursos discriminatorios son algunas de las causas por las que sigue sin protegerse la vida e integridad de las personas de la diversidad sexual.
El asesinato de Javier Eduardo Pérez Hidalgo, quién fue localizado quemado y con una bandera LGBT a su lado en Morelos, y los transfeminicidios de Jeanine Huerta y María Elizabeth Montaño en Baja California y Ciudad de México, respectivamente, son algunos de los crímenes de odio que se registraron durante la cuarentena provocada por el COVID-19 y por los cuales decenas de activistas exigen medidas eficaces de protección.
En entrevista con Reporte Índigo, Alex Orué, director de It Gets Better México y activista por los derechos de la comunidad LGBT, afirma que las agresiones que se dan contra las personas de la diversidad sexual son debido a una normalización de la violencia que no se detendrá hasta que se ataque desde su origen.
Cuando matan o agreden a un miembro de la comunidad claro que es importante garantizar su derecho de acceso a la justicia pero no es lo único en que nos debemos enfocar pues solamente sería como apagar un fuego por un momento, tenemos que enfocarnos en cómo erradicar el odio y la discriminación que son los que provocan dichos ataques
De acuerdo con el activista, ignorar la violencia que padecen las personas LGBT tiene como consecuencia acumular cada vez más casos de agresiones que no podrán ser atendidos y que por ende, quedarán impunes.
El Informe 2020 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México registró en los últimos seis años un total de 218 crímenes de odio: 13 casos en 2014; 23 en 2015; 12 en 2016; 25 en 2017; 36 en 2018; 75 en 2019, y 34 en lo que va de 2020.
Sin embargo, pese a las cifras que revela el informe, las organizaciones participantes calculan que por cada caso visible existen al menos tres que se desconocen.
Entre las causas de muerte que resalta el documento aparecen impactos de bala, ataques con arma blanca, golpizas, asfixia, tortura y atropellamiento. En el 53 por ciento de los casos la persona era desconocida de la víctima, en el 12.5 por ciento era alguien que conocía al afectado pero no tenía mayor relación con ella y en el 4.17 por ciento tenía una relación de amistad o familiar.
Para salvaguardar la vida e integridad de las personas de la comunidad, Orué hace hincapié en la importancia de diferenciar entre la libertad de expresión y los discursos discriminatorios.
“Se dice muchas veces desde lugares de poder, como gobernantes y representantes religiosos, que somos una amenaza para las infancias, por ejemplo, que con nosotros corren más riesgo de vivir abuso sexual infantil y esa es una afirmación sin respaldo más que el prejuicio de la gente”, comenta.
Desde 2014, el Observatorio informa que la víctima más joven tenía entre cinco y nueve años y, la mayor, 69; el 30.14 por ciento entre 20 y 30 años, y el 23.44 por ciento de 30 a 40 años. Respecto de la orientación sexual de las víctimas, 112 fueron identificadas como homosexuales o gays, 17 como lesbianas, 15 como heterosexuales y dos como bisexuales, mientras que de 63 de las víctimas no se sabe la orientación sexual.
De acuerdo con el informe, después de las mujeres trans, son los hombres gays quienes son asesinados con mayor frecuencia.
Luchar por una vida digna para la comunidad LGBT
Para Lucía Riojas, diputada federal y miembro de la comunidad, no cabe duda de que en el ámbito legislativo no es prioridad la defensa de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual.
“Lamentablemente no figuramos como una población que merezca urgencia en medidas para proteger nuestra vida y derechos. Un ejemplo es que se dio a conocer una iniciativa de la senadora Citlalli Hernández para corregir las mal llamadas terapias de conversión y está parada, es decir, es nuestro tercer año de Legislatura y ese tema lleva dos años ignorado, pues solo se aprobó en el Congreso local de la CDMX cuando debe ser un tema federal”, menciona la legisladora.
Riojas, quien ha recibido amenazas de muerte por su trabajo en Casa Frida, un albergue para personas LGBT que se fundó desde principios de marzo para dar hogar durante la pandemia, afirma que aún en un país machista y misógino como México se puede luchar para garantizar una vida digna a todos los miembros de la comunidad.
Es fundamental implementar un registro formal de crímenes de odio en el país con datos desagregados por orientación sexual e identidad de género que permitan conocer la violencia y condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas que viven la diversidad sexogenérica, y que las investigaciones sean exhaustivas para que conlleve a la sanción de quienes resulten responsables
La diputada resalta que al día de hoy no hay desde las instituciones datos que ayuden a medir cuántas personas forman parte de la comunidad ni en qué condiciones viven y mueren; sin dichas cifras, Lucía Riojas resalta que no se podrá tener evidencia para generar políticas públicas en favor de la comunidad LGBT.
Por último, Alex Orué hace un llamado a las autoridades a reforzar el presupuesto y atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ya que considera que es el organismo especialista para generar una labor de inclusión y sensibilización sobre la diversidad sexual y la identidad de género.
