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"No se confirmó ninguna irregularidad en los procesos de compra, por ello se declararon improcedentes las inconformidades y los juicios de amparo se sobreseyeron. No hubo sanciones a funcionarios”
El gobierno priista de Jalisco no ha tenido un récord limpio en lo que respecta a su historial de compras y contratación de servicios. Inclusive, en las operaciones más “jugosas” los proveedores que compitieron han acusado anomalías y hechos de corrupción.
De marzo de 2013, al iniciar el mandato del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, a 2015, las adquisiciones del gobierno ameritaron 15 impugnaciones donde se señalan irregularidades sobre contratos en los que estaban en juego mil 23 millones 272 mil 739 pesos.
Son 12 recursos de inconformidad y tres juicios de amparo promovidos por 15 empresas distintas. De estos, tres son de 2013, 11 de 2014 y solo uno de 2015, en este último hay más expedientes, pero se consideraron información reservada por continuar abiertos.
La licitación de mayor monto del Gobierno estatal que fue impugnada es la LPL 05/2014, para la “Adquisición de unidades vehiculares para la modernización del transporte público”, en un momento en que la Secretaría de Movilidad tenía al frente a Mauricio Gudiño Coronado.
Esa licitación fue por 362 millones 919 mil 132 pesos, y como lo informó Reporte Indigo en su reportaje “Un negocio sobre ruedas”, del 11 de mayo de 2015, gran parte del recurso fue a parar a la empresa Dina, propiedad del exsenador priista Raymundo Gómez Flores.
Esa compra dio lugar a tres contratos para la adquisición de autobuses. Dos de ellos, 66/14 y 67/14, fueron para la firma de Gómez Flores por una suma de 265 millones 383 mil 612 pesos.
De acuerdo con los registros que transparenta la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), esa licitación fue objetada por Detroit Allison de México, que promovió el expediente de queja INCO-10/2014 ante la Contraloría de Jalisco.
Sin embargo, la dependencia asegura que la firma posteriormente se desistió de la queja.
El gobierno de Sandoval Díaz apuró esta compra de camiones para una supuesta transformación del modelo de transporte, empero, los cambios de fondo, como la migración a rutas-empresa, el sistema de prepago y un registro público de concesiones siguen sin llegar.
Otra licitación que generó inconformidad fue la LPN 12/2013 para el “seguro de vida para servidores públicos en activo y jubilados del Subsistema estatal y federal de la SEP (Secretaría de Educación Pública)”.
En esta el monto en vilo era de 118 millones 703 mil 12 pesos, y fue rebatida en su resolución por GNP en el expediente INCO-20/2013, también ante la Contraloría; sin embargo, ésta desestimaría la queja y la declararía improcedente.
Al final, ese contrato se signó con Seguros Atlas, el 30 de diciembre del 2013.
La licitación LPN 14/2013 para el Sistema de Control Vehicular hizo que una firma, Computer Forms, promoviera tres impugnaciones distintas con las claves INCO-03, 12 y 19, todas de 2014; en cada una de estas el monto señalado es de 125 millones 259 mil 120 pesos.
En el archivo Base de Datos de Contratos de Adquisiciones 2014 de Sepaf, hay dos contratos que se desprenden de esa licitación cuestionada, uno de Diseño e Impresos de Seguridad, por 25 millones 35 mil 120 pesos, otro de Accesos Holográficos, por un millón 224 mil pesos.
Las dos primeras quejas se declararían procedentes, no así la última.
Cárceles en pugna
El negocio que representa la dotación de alimentos para la población carcelaria de Jalisco, una de las más grandes del país con 17 mil 845 internos, ha dejado distintas impugnaciones de proveedores que afirman haber sido afectados por irregularidades del Gobierno estatal.
Promovieron tres juicios de amparo por ello en juzgados de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo.
En 2014, con el juicio 2348 en trámite en el Juzgado Séptimo, Alimentos de Calidad de Jalisco combatió la “adjudicación directa de alimentos a centros metropolitanos y Ceinjures (Centros Integrales de Justicia Regional)”.
Aunque el documento no lo precisa, es probable que se refiera a las dos adjudicaciones directas que otorgó el Gobierno estatal en 2013, que cubrieron también todo el 2014, para la comida de los internos.
La primera fue para Comser para atender los Ceinjures por 91 millones 125 mil 123 pesos; la segunda, para La Cosmopolitana, para el resto de los centros -incluyendo los de Puente Grande-, por 213 millones 41 mil 187 pesos.
Un segundo juicio de 2014 en el Juzgado Sexto, el 2904, es de Andrea Fruit Company, Proveedora Salazar y Distribuidora de Insumos, contra dos licitaciones, la LPL 42/2014, para el “Suministro, elaboración y distribución de alimentos en los Ceinjures”.
Y la LPL 43/2014 para el “suministro de Insumos, víveres y de más para el procesamiento de alimentos en los centros mayores y menores de la Comisaria General de Prevención”.
En estas el monto impugnado es de 176 millones 810 mil 88 pesos; este juicio se sobreseyó.
Finalmente, un tercer juicio, el 906 de 2015, en el Juzgado Tercero, por Comercialización Estratégica Gubernamental contra la “adjudicación directa alimentos centros metropolitanos y Ceinjures periodo 2012-febrero 2013 (sic)”, por 103 millones 573 mil 465. En este hubo un desistimiento.
Decretan improcedencia
El gobierno estatal y su Contraloría no se han mostrado receptivos ante los señalamientos de anomalías que han generado las operaciones de compra estatales, concentradas en la Subsecretaría de Administración de Sepaf, que encabeza Salvador González Reséndiz.
Esa Secretaría admite que “en la totalidad de los recursos de inconformidad y amparo fueron por irregularidades procesales en el proceso de compra”, y sin embargo, apunta sobre la resolución que tuvieron:
“Se mantuvieron firmes los procesos de compra ya que en todos los procesos de impugnación se decretó la improcedencia de los mismos, y en el que se declaró la procedencia, se dictó nueva resolución en cumplimiento a la resolución de la Contraloría, y en dicha resolución emitida en cumplimiento se confirmó la adjudicación, por lo que continuó firme la resolución (INCO-03/2014)”.
Así que, termina: “No se confirmó ninguna irregularidad en los procesos de compra, por ello se declararon improcedentes las inconformidades y los juicios de amparo se sobreseyeron. No hubo sanciones a funcionarios”.
También quejas en Mi Bici
Entre otras impugnaciones también está la 19/2013, para el “escaneo de documentos y captura de información para creación de folios electrónicos del acervo del Registro Público de la Propiedad”. Impugnó Servicios Profesionales Gisnet el contrato por 20 millones 124 mil 840 pesos.
Y el LPL 11/2014, para la “adquisición del servicio de implementación y operación del equipamiento de red de bicicleta pública”, mejor conocida como Mi Bici. Se inconformó BKT, aunque fue la ganadora. El monto: 93 millones 618 mil 981 pesos.
