Compra exprés

El abasto de medicamentos que garantice la demanda de cinco dependencias repartidas en 25 estados es la nueva tarea a la que el Gobierno federal se enfrenta tras su compromiso en el sector salud. Misma que requerirá de una inversión inmediata de 17 mil millones de pesos.

Hazaña que, a pesar de la crisis de desabasto que ha enfrentado el sector en los últimos meses, tendrá que quedar realizada en los próximos 10 días.

Este proceso que se dará entre hoy y mañana abrirá una nueva etapa para la adquisición de contratos, en la que se prevé la súbita participación de las principales empresas y farmacéuticas que integran la cadena de producción del país.

Empresas como Eli Lilly y Compañía-México, Laboratorios Cryopharma, Probiomed, Laboratorios Pisa, Fresenius Kabi México y Baxter, quienes fueron investigadas desde el año 2003 y multadas en 2010 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por su responsabilidad en la alteración de información para ganar las licitaciones con precios exagerados, fueron tomadas en cuenta.

Sin embargo, el dictamen emitido en su momento contra las seis farmacéuticas involucradas en estos actos –mismo que se resolvió hasta 2015 con una reducción en la sentencia– no impide a las empresas sancionadas concursar en los nuevos procesos de licitación.

El proceso que arranca formalmente esta semana destacó el compromiso del Gobierno federal con la entrega de los insumos médicos en los estados de Veracruz, Tabasco, Puebla, Nuevo León y Morelos, así como 20 más. Una promesa cuya primera entrega se tiene agendada para el 1 de julio de este año.

Reconocen opacidad

El pasado 8 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó un veto para las empresas Grupo Fármacos Especializados S.A de C.V, Farmacéuticos MAYPO y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A de C.V para participar en procesos de licitación y adjudicación directa de medicamentos para el sector salud.

A través de un comunicado girado hacia Raquel Buenrostro, oficial mayor de la SHCP, el presidente acusó que estas empresas acapararon el 62.4 por ciento de las compras de insumos médicos durante 2018, un negocio equivalente a 34 mil 280 millones de pesos durante este periodo.

Para el 23 de mayo, tres días después de la renuncia de Germán Martínez Cázeres como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mandatario ordenó al nuevo titular de la dependencia, Zoé Robledo Aburto, “sacar adelante al Seguro Social y rescatar esta institución, como otras, plagadas de corrupción que se están limpiando”.

De esta forma, López Obrador subrayó que los servicios en las instituciones de salud del país –los cuales comenzaban a denunciar el desabasto de medicamentos a la par de las afectaciones que los recortes comenzaban a generar– no eran a consecuencia de las acciones de ordenamiento del sistema o del combate a la corrupción.

Ese mismo día, el titular del Ejecutivo se aventuró a achacar el problema de desabasto a un asunto de comunicación, pues desde su perspectiva, con las acciones que emprende el régimen de la Cuarta Transformación “se está ventilando el asunto, antes no se decía nada”.

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Compiten pese a multas

Mientras las autoridades federales resuelven con gran velocidad la compra de medicamentos para el abasto del segundo semestre del primer año del sexenio en curso, la Cofece volvió a emplazar a juicio a múltiples farmacéuticas y particulares por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el territorio nacional.

Este anuncio, dado a conocer el pasado jueves 6 de junio por la Comisión, supone el segundo paso en una investigación de tres años a los principales actores involucrados en la cadena productiva del sector salud; la investigación más amplia que se haya tenido en su tipo y la cual se da tan solo un día después de la publicación de las bases para la nueva licitación.

En entrevista para Reporte Indigo, el titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, Sergio López Rodríguez, detalló la etapa del proceso de juicio que se mantendrá contra de las farmacéuticas.

“Nosotros emitimos un Dictamen de Probable Responsabilidad (DPR), que es un documento que contiene los resultados de la investigación, las actuaciones que se hicieron y las argumentaciones por las cuales, a juicio de la Autoridad Investigadora, pudieran estar violando la Ley Federal de Competencia Económica.

“Con ese DPR se emplaza a los probables responsables (…) ellos tienen el derecho legal de defenderse. En principio tienen un plazo de 45 días hábiles para dar contestación al documento”, explicó.

Aunque por cuestiones del debido proceso, López Rodríguez no pudo revelar los nombres de los actores señalados o si alguno de los organismos investigados y llamados a juicio corresponden con los imputados en 2010, sí abundó sobre la magnitud de la investigación y de las penalizaciones que la Cofece puede aplicar en caso de la comprobación de algún delito.

De igual forma mencionó que, en el caso de que hubiera una reincidencia –alguna farmacéutica sancionada con anterioridad–, el Pleno de la Comisión podría elevar la sanción hasta con el 20 por ciento de los ingresos de los acusados.

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Inhabilitación como incentivo

Sobre la relevancia de esta investigación para el sector salud, el titular de la Autoridad Investigadora mencionó que para el año 2017, México era el segundo mercado más grande de medicamentos en América Latina; un país en donde las farmacéuticas han tenido una tasa de crecimiento importante con ventas que llegaron a los 83 mil 421 millones de pesos anuales.

“Esta investigación es del todo relevante para la Cofece. Se trata de uno de nuestros sectores prioritarios y estamos enfocando nuestros esfuerzos en analizarlo a profundidad para ver si se pudieran estar llevando a cabo conductas anticompetitivas. Y si existen esta clase de conductas, éstas pueden llegar a afectar los bolsillos de los mexicanos”, afirmó.

Como parte de su Agenda de Competencia para un ejercicio íntegro en las Contrataciones Públicas publicada en 2018, la Cofece refirió que las multas que impone el organismo por actos de colusión tiene en principio “un efecto disuasivo sobre la comisión de estas conductas”, no obstante, recomendaron que se contemplen otros mecanismos, como la inhabilitación para participar en licitaciones públicas, a fin de prevenir los actos de corrupción que se mantienen latentes en el sector.

“En los casos donde la Cofece sancionó por colusión, también dio vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin que se sepa, hasta el momento, si esta inició alguna investigación por alguna conducta indebida en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)”, subrayó el organismo.

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Entre Reclamos y Dudas

En el Congreso de la Unión se compartieron inquietudes sobre la súbita licitación para la compra de medicamentos del sector salud.

Para la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, secretaria de la comisión especializada en esta materia, los trabajos del organismo se han quedado cortos, pues hasta el momento ni siquiera han mantenido reuniones para el análisis de las bases dadas a conocer por las secretarias de Hacienda y de Salud.

“No nos hemos reunido en la comisión y tampoco he podido revisar la convocatoria. Me parece lamentable que la comisión haya sido omisa sobre todo después de la renuncia del director del IMSS y con esta crisis de desabasto en el sector salud”, expuso.

La integrante de la bancada del PAN refirió que la decisión del Gobierno federal de convocar a las farmacéuticas para la adquisición de los insumos en los términos que se está haciendo, refleja “una total contradicción” en los procedimientos no sólo en el sector salud, sino en todas las licitaciones que ha venido realizando. Esto se llama corrupción”, denunció.

Por su parte, la secretaria de la comisión de salud consideró “totalmente lógico” que esté surgiendo un descontrol en el abasto de los medicamentos y expuso que, sin afán de desear que al país le vaya mal, la situación no se resolverá a la brevedad.

“No creo que con esto vaya a cambiar el desabasto de medicamentos, al contrario: va a empeorar. Si antes, cuando se hacían licitaciones públicas que había toda una serie de requisitos y tiempo suficiente para licitar, la corrupción existía, pues ahora va a ser peor.

“Hay un descontrol. Es muy lamentable que el gobierno no se haya detenido a ver cómo se hacían las cosas antes para mejorarlas. Simplemente está bajo el argumento de la corrupción; está empeorando la situación y la administración está actuando como un gobierno retrógrada y centralista, en donde por desgracia en el tema de salud, estas decisiones cobran vidas”.

Sobre la inercia de la comisión en la Cámara alta –la cual se encuentra detenida como también lo confirmó a Reporte Indigo el equipo de trabajo de la senadora Patricia Mercado–, Márquez Alvarado apuntó que esta semana se prevé la reactivación de los trabajos, pero criticó que no se incluya el delicado tema de la compra de medicinas en 25 estados.

“El orden del día nada tiene que ver con esta licitación o hablar con los actores involucrados. Sí se plantea la presencia de algunos secretarios, pero no va en el sentido en el que debería estar actuando una comisión como contrapeso del Ejecutivo.

El dilema de la distribución

Una de las novedades en el nuevo esquema de licitación del sector salud es que el control de la distribución estará bajo resguardo del Gobierno federal; un modelo en el que a partir del 1 de julio concentrarán los productos en los almacenes del IMSS e ISSSTE en la Ciudad de México, para después repartirlos a lo largo del país.

Este modelo es una de las mayores inquietudes de la diputada del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, quien espera que a pesar del nuevo modelo, las entregas se lleven a cabo sin mayores contratiempos.

“Ese es un punto de preocupación que hemos platicado algunos diputados de la comisión: que se haga responsable a una dependencia como el IMSS para llevar a cabo esta distribución. Apelamos a que esta licitación pueda tener toda la eficiencia del mundo para que no tengan retrasos en la entrega de medicamentos a las comunidades”, expuso.

La secretaria de la comisión de Salud de la Cámara baja, explicó que el esquema pasado contemplaba dentro de la licitación el costo de la distribución por parte de las empresas.

“Hoy entendemos que quieren tener mucho más ahorro, pero cargar toda la distribución a una sola dependencia que no tiene esta experiencia es una de las preocupaciones que mantenemos los diputados, sobre todo los que somos médicos y hemos vivido de cerca el sistema de salud”.

Aunado a esto, la representante tricolor afirmó que sea cual sea el método que emplee el gobierno actual para el reparto de las medicinas, hay tres factores cruciales a tomar en cuenta.

“El primero es el lote: tenemos que ver la forma en la que se distribuyan los insumos sin perder de vista los números de producción. En caso de que algún medicamento tenga un efecto colateral no deseado, lo primero que se identifica es el lote.

“En segundo lugar, la temperatura de algunos medicamentos. Tenemos ya temperaturas muy altas en el país y se tiene que verificar cómo se va a distribuir y almacenar.

Y en tercer punto la caducidad: debemos de tener un control perfecto y supervisión diaria de qué insumos corren el riesgo de caducar, para que no repercuta a la salud de los mexicanos, pero también para que esto no signifique un gasto inadecuado y exorbitante en este tipo de compras consolidadas”, concluyó.