El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que está integrado por siete órganos autónomos encargados del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción, ha tenido pocos resultados en Nuevo León.
A más de un año de que se integró este sistema, el 1 de octubre de 2018, no existe alguna resolución a pesar de que hay casos públicos que presentan sospechas de que se cometió algún acto de corrupción en la entidad.
Este Comité Coordinador está integrado por nuevos entes: el Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas.
Además lo conforman órganos autónomos que ya estaban establecidos, tales como la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai) y el Consejo de la Judicatura.
La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Mariela Saldívar, cuestionó el funcionamiento que ha tenido el SEA, pues considera que los resultados son nulos.
El Sistema Estatal Anticorrupción tiene un año y medio que está funcionado y no nos ha dado un solo resultado. En otras entidades del país sí se ha avanzado en llamados a la autoridad, se ha vinculado a proceso y aquí no se ha hecho nada. Esto habla de las personas que están al frente de las decisiones, explica la calidad de trabajo que han hecho y muchos de ellos están vinculados a partidos políticos
Existen casos que ni siquiera han sido investigados, tales como la opacidad de las finanzas del Fideicomiso Parque Fundidora; la compra de un dron de 54 millones de pesos que chocó, según dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local; la adquisición de cobertores a sobre precio conocida como Cobijagate y las irregularidades en Parques y Vida Silvestre.
Comité Coordinador cuestionado
El Comité Coordinador del SEA está integrado por titulares que han sido cuestionados por violar la Ley de El Comité Coordinador del SEA está integrado por titulares que han sido cuestionados por violar la Ley de Responsabilidades Administrativas y el principio de paridad de género.
Se trata de Bernardo Sierra Gómez, presidente de la Cotai de Nuevo León, quien fue reelecto en el cargo sin cumplir con el principio de paridad de género durante el proceso.
La diputada local de MC y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso local, Karina Barrón, incluso solicitó en un punto de acuerdo que el nombramiento se reponga en cumplimiento de la reforma federal de paridad total en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la federación.
“No sólo por las evidentes y graves anomalías cometidas en el mismo, sino porque además, no se respetó el principio de paridad total”, criticó la diputada emecista el pasado 10 de enero.
El nombramiento de Gerardo Guajardo como titular de la Contraloría del Gobierno estatal también generó críticas por no respetar la paridad de género y violar la Ley de Responsabilidades Administrativas.
“Este nombramiento debería ser impugnado porque no es correcto que se falte a un principio Constitucional que ya está entablado en el artículo 41, que decreta la obligación que tenemos todos los servidores públicos de respetar la paridad”, dijo el diputado de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas.
¿Y el ejemplo a seguir?
La Secretaría Ejecutiva, que forma parte del SEA, a cargo de Joaquín Ramírez de la Cerda, tendría que poner el ejemplo ajustándose a la Ley de Transparencia y ser un órgano proactivo.
La diputada emecista Mariela Saldívar aseguró que tanto el secretario técnico como los integrantes del CPC no cumplen con lo mínimo en materia de transparencia.
“Si ellos son parte del sistema deberían de poner el ejemplo a través de un ejercicio proactivo en dar lo que te marca la Ley y más porque, en tu principio de combatir la corrupción, la transparencia es una base. Los actores involucrados no están cumpliendo con las reglas mínimas, el secretario técnico del Comité Coordinador y las personas del Comité de Participación Ciudadana se excusan en que no son sujetos obligados”, critico.
La diputada Karina Barrón, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, solicitó en un punto de acuerdo repetir el nombramiento en la Cotai por la paridad
Reporte Índigo adelantó que esta Secretaría, que incluye en lo administrativo a los integrantes del CPC, gastó 22 millones 365 mil 400 pesos en 2019 sin desglosar los servicios generales, personales, equipamiento, materiales, viajes y suministros.
