Comisiones del Senado aprueban que empresas estratégicas recuperará la rectoría del Estado

En reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos en el Senado de la República se aprobaron, con el voto en contra del PAN, PRI y MC, reformas a diversos artículos de la Constitución en materia de Áreas y Empresas que son consideradas como estratégicas para el Estado mexicano.

El dictamen que se avaló por Morena y sus aliados legislativos del PT y PV, también establece que no constituirá monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas del litio y servicio de Internet que se provea.

Se señala que se deberá asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca.

El proyecto de decreto establece en el artículo 27 que, tratándose del litio no se otorgará concesión. Asimismo, se modifica dicho artículo para señalar que, en ningún caso, tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad.

Cabe resaltar que, en los artículos transitorios, se establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias correspondientes.

Al presentar la iniciativa, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, refirió que el dictamen representa un paso firme hacia la soberanía energética y la justicia social que tanto requiere el país y en la que ha coincidido a plenitud la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas refirió que la reforma pretende justificar, con la ya desgastada retórica, de que es para que el Estado mexicano tenga la soberanía de la producción energética, que esto ayudará a disminuir costos y a hacer eficiente el uso energético.

Sin embargo, denunció que, al brindarle estas atribuciones a empresas del Estado como Pemex, un “barril sin fondo” y la CFE, el Gobierno federal tiene que aportar aproximadamente 629 millones de pesos al día para mantener a flote a Pemex y la CFE que, por falta de infraestructura, opta por hacer recortes de energía, conceptos a los que se sumó el PRI con resaltar que “Pemex es un barril sin fondo”.

Por el PAN, Ricardo Anaya justició el voto en contra de su partido porque la reforma establece un límite a los privados en generación de electricidad y aunque no lo establece el texto constitucional, abre la puerta para lo que ya ha anunciado la presidenta de México que sería, por lo menos, 54% para el sector público (CFE) en generación y hasta 46% al sector privado.

Con la aprobación, se espera que esta semana se discuta en el Pleno de la Cámara de Senadores y se avale, como ocurrió en la colegisladora, por mayoría del oficialismo.